Migración: cuatro acciones indispensables

Artículo de opinión de Alberto Brunori, Representante de OACNUDH, para Newsweek.

Alberto Brunori durante su reciente visita a la comunidad de Canaán Membrillo en Darién, frontera entre Panamá y Colombia.

Entre 2014 y 2022, más de 4,000 personas migrantes perdieron la vida y/o desaparecieron en Centroamérica y México debido a la violencia, la inseguridad y las condiciones geográficas de las rutas migratorias, entre otros factores. Así mismo, desde 2021 más de 400 casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTI migrantes han sido reportados en la selva del Darién, frontera de Panamá con Colombia. OACNUDH ha monitoreado y documentado diversos casos de abusos y violencia contra las personas migrantes en Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá que incluyen muerte, secuestros, extorsiones, robos, ataques cometidos por grupos criminales y redes de tráfico ilícito de personas, incluyendo niñas y niños. En septiembre de 2022, un niño de 6 años perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas como consecuencia de unataque perpetrado por un grupo de personas armadas en la selva del Darién, Panamá.

Las personas migrantes también se enfrentan a otros riesgos como deshidratación, diarrea, infecciones gastrointestinales y/o respiratorias, malnutrición, heridas, golpes, picaduras de insectos y enfermedades tropicales. La falta de acceso al derecho a la salud, incluyendo medicamentos, así como a la alimentación, condiciones dignas de alojamiento, agua y saneamiento, agrava aún más la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. La falta de recursos ha obligado a algunas personas migrantes a pedir dinero en las calles de San José Costa Rica para continuar su viaje.

En una reciente visita a Darién, un grupo de personas migrantes me describían los abusos como robos y extorsiones de que habían sido víctimas días antes de llegar a la comunidad indígena de Canaán Membrillo, a manos de grupos que asaltan en distintas partes de la selva”, Alberto Brunori.

En una reciente visita a Darién, un grupo de personas migrantes me describían los abusos como robos y extorsiones de que habían sido víctimas días antes de llegar a la comunidad indígena de Canaán Membrillo, a manos de grupos que asaltan en distintas partes de la selva. En esa misma comunidad otras personas, incluyendo niñas y niños en condiciones precarias y en lamentables condiciones físicas, eran atendidas en un centro médico desbordado de pacientes.

Las autoridades panameñas han establecido un fiscal en Canaán Membrillo para recibir e investigar las denuncias de delitos de que son víctimas las personas migrantes y han hecho esfuerzos por mejorar la atención médica. Sin embargo, la problemática de la inseguridad y los riesgos que enfrentan las personas son mayores debido a las condiciones geográficas de la frontera. Esto ha llevado a exigencias de reforzamiento del intercambio de información entre Colombia y Panamá para mejorar la respuesta humanitaria y la seguridad en la frontera.

Las zonas fronterizas en Centroamérica se han convertido en escenarios de grandes movimientos de personas en un estado de fragilidad alarmante que incluyen mujeres embarazadas, niñas, niños -acompañados y no acompañados-, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTI. En 2022, más de 2 millones de personas migrantes fueron interceptadas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, gran parte de ellas procedentes de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Así mismo, entre 2021 y 2022, más de 200,000 personas migrantes en situación irregular han ingresado a Panamá por la selva del Darién, en camino hacia países de Norteamérica. El incremento de personas venezolanas ha representado el 71% de toda la población migrante.

Entre 2021 y 2022, más de 200,000 personas migrantes en situación irregular han ingresado a Panamá por la selva del Darién, en camino hacia países de Norteamérica.

Paradójicamente, varios de los múltiples factores que originan la migración mixta, como por ejemplo la violencia de las pandillas y del crimen organizado y la discriminación y la violencia basada en el género se reproducen en las rutas y fronteras, prácticamente impactando a las personas migrantes sin tregua.  ¿Qué hacer entonces? ¿O qué dejar de hacer?

1. Entender y asumir que las personas tienen derechos independientemente de su estatus migratorio. La gestión de la migración requiere comprender que las personas migrantes son seres humanos con derechos y que los Estados de origen, tránsito y destino tienen, entre otras, la obligación de protegerlos. Finalmente, la migración también puede ser una experiencia motivada por el deseo de buscar condiciones dignas más allá de las fronteras de sus países. Esta experiencia, legítima, no puede, no debe ser socavada o aplastada por el abuso, la violencia y la impunidad.

2. Los casos de violencia no pueden y no deben quedar en la impunidad. Una respuesta efectiva al fenómeno de la violencia y abusos implica la investigación y sanción de los responsables de los delitos. La evidencia ha demostrado que la impunidad fomenta la recurrencia de los hechos. Según un estudio realizado por organizaciones civiles, el 99% de los delitos cometidos contra personas migrantes quedan impunes y muchos casos ni siquiera son denunciados. Para revertir la impunidad es imperativo remover los obstáculos que impiden el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección, de tal manera que puedan denunciar sin temor a ser detenidas y deportadas, y que puedan rendir sus declaraciones de forma anticipada sin que tengan que permanecer en un país determinado debido al proceso judicial.

3. La militarización e incremento de la vigilancia fronteriza per sé no solo han demostrado no funcionar sino tienden a agravar la vulnerabilidad de las personas, obligándolas a buscar rutas más peligrosas y/o depender de traficantes de personas. Asegurar un enfoque de protección en las fronteras impone a los Estados evitar adoptar medidas que incrementen la vulnerabilidad y los riesgos de las personas a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y, por el contrario, crear mecanismos para atender las necesidades de protección de las personas en movilidad en corredores migratorios libres de violencia.

4. Crear canales para una migración segura y regular que prevenga muertes, desapariciones y abusos y que favorezca el acceso a los derechos. Una migración segura y regular es posible si, además, se minimizan los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, se crean medidas de regularización migratoria en los países de destino, y se privilegia una atención a las necesidades de protección y asistencia a cada persona que llega traumatizada, herida y vulnerada en el viaje, sin importar su condición migratoria.

Embarcaciones llamadas “piraguas” utilizadas por las personas migrantes para atravesar el río Membrillo hasta la estación de recepción en Canaán Membrillo, en Darién.

Sin bien es cierto que los Estados tienen la prerrogativa de gestionar sus fronteras y adoptar sus políticas migratorias, también es cierto que estas políticas deben ser en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos.

Esto significa que todas las personas migrantes, independientemente de su condición, incluso de la forma como llegaron a la frontera, tienen un derecho inalienable a que se les proteja y garantice sus derechos humanos, incluida la aplicación efectiva del principio de no-devolución y el pleno respeto a la prohibición de expulsiones colectivas.


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