El feminicidio es una tragedia de proporciones pandémicas: cada año decenas de miles de mujeres y niñas son asesinadas en todo el mundo a causa de su género. En el presente informe, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, se centra en la investigación del feminicidio como medio para identificar este flagelo mundial, exigir responsabilidades al respecto y ayudar a prevenirlo.

El Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, visitó la Organización Marítima Internacional (OMI) del 16 al 20 de enero de 2023 y celebró reuniones en formato virtual con funcionarios de la OMI entre el 7 y el 18 de diciembre de 2020.

En el presente informe, el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, examina las repercusiones que el sector del transporte marítimo tiene en los derechos humanos y el medio ambiente.

el presente informe, la Relatora Especial explora los vínculos entre el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a la información, y el desarrollo sostenible. Introduce un cambio de paradigma al considerar el desarrollo sostenible desde la óptica de la libertad de expresión.

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 69/16 de la Asamblea
General y está centrado en la justicia reparadora aplicable a los afrodescendientes. En
él se constata que cada vez se acepta más la necesidad de afrontar los efectos
persistentes de la esclavitud y el colonialismo recurriendo, entre otros medios, a la
justicia reparadora, se recapitulan los marcos y las iniciativas existentes y se señalan
los ámbitos en los que se debe seguir trabajando

De conformidad con la resolución 45/17 del Consejo de Derechos Humanos, el
Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y
eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos
Orellana, presenta al Consejo su informe temático anual, en el que examina los efectos
tóxicos de algunas soluciones propuestas para hacer frente al cambio climático. Urge reducir
de forma acusada las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra la crisis
climática mundial. La descarbonización de la matriz energética y de los sectores
contaminantes de la economía es indispensable para alcanzar los objetivos establecidos en el
Acuerdo de París. No obstante, algunas de las tecnologías climáticas que se han propuesto
en los últimos años pueden agravar la carga tóxica que soportan las personas y el planeta. El
Relator Especial presenta recomendaciones dirigidas a acelerar estrategias de
descarbonización y desintoxicación que estén integradas y basadas en los principios de
derechos humanos.

El presente informe se centra en los problemas de contaminación, sobreexplotación y mala gestión de ríos, lagos, humedales y acuíferos, y sus efectos en los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. En particular, muestra cómo la contaminación tóxica del agua por metales pesados y otros contaminantes quebranta no solo el derecho al agua, sino también los derechos a la salud y a la vida de millones de personas.

Este informe presentado de conformidad con la resolución 52/2 del Consejo de Derechos Humanos, contiene información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El informe incluye recomendaciones que complementan las formuladas en informes anteriores del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las formuladas por los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados

Este informe tiene objetivo fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas, los programas y las prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.

El informe adoptado por la CIDH identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil.