GINEBRA 2 de junio de 2023 – La reiterada prórroga del estado de excepción en El Salvador -que ya lleva en vigor desde marzo de 2022- es preocupante, sobre todo por las consecuencias que tiene para los derechos humanos de las personas.
Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia, así como el grave sufrimiento infligido por las pandillas del país, que durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población.
Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante la limitación de los derechos a un juicio justo no es la respuesta.
Al menos 68.000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entró en vigor el estado de excepción. De ellas, al menos 1.600 son menores de 18 años.
Según un informe reciente de una destacada ONG (Cristosal), al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta.
Los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación siguen corriendo riesgos en un entorno de inseguridad jurídica, ataques y desacreditación recurrente. En 2022, las organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 presuntas agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas. El 14 de abril, El Faro, un medio de noticias en línea, anunció que trasladaría a su personal de El Salvador a Costa Rica argumentando haber sufrido tácticas intimidatorias y campañas de desprestigio a causa de su labor.
Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido. También pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia de acuerdo con las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación a los familiares de las víctimas.
