“Miles de nicaragüenses hemos tenido que exiliarnos a causa de persecuciones y represalias que van desde la desaparición forzada y el despojo de la nacionalidad, hasta la prisión y el asesinato, y el destierro forzado, como en mi caso”, dijo Winnye Bernard, una defensora nicaragüense de derechos humanos en el exilio.
Bernard participó en el diálogo interactivo sobre el informe de ONU Derechos Humanos sobre Nicaragua, durante el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales de ONU Derechos Humanos, hizo eco del testimonio de Bernard al presentar el informe de la Oficina sobre Nicaragua durante dicho diálogo interactivo.
“A junio de este año, al menos 75 personas permanecían en detención arbitraria por motivos políticos”, dijo Kohonen Sheriff. “El informe documenta 16 casos de tortura, incluida violencia sexual, y 31 personas siguen desaparecidas forzosamente, cifra que aumentó tras los operativos masivos de la Policía Nacional entre julio y agosto de 2025.”
Bernard dijo que vivir en el exilio implica una nostalgia constante, un anhelo que no se apaga.
“Lo que más extraño de mi país es la sensación de estar ahí con mi familia, de caminar por mi comunidad, de vivir mis tradiciones y mi cultura”, dijo Bernard. “Vivir en el exilio significa andar siempre con una mochila, porque pensás que tal vez mañana regresás [a tu país de origen], entonces nunca reconstruís tu vida aquí. Terminás viviendo en dos países, pero en realidad no pertenecés a ninguno”.
A Bernard le fue negado el reingreso a su país en junio de 2018. Luego, cuando su pasaporte expiró en 2022, pidió a una tercera persona que solicitara una copia de su partida de nacimiento en la alcaldía de su ciudad natal. Los funcionarios allí le informaron que el nombre de Bernard no figuraba en ningún registro público, una aparente eliminación arbitraria. Efectivamente convertida en apátrida, nunca ha sido informada ni notificada sobre ningún proceso judicial en su contra.
ONU Derechos Humanos ha dado seguimiento al caso de Bernard desde 2023. La Oficina Regional en América Central se ha reunido con ella en varias ocasiones para documentar y analizar violaciones, particularmente en las áreas de educación y derechos de las mujeres. ONU Derechos Humanos también ha trabajado de cerca con ella para garantizar que su testimonio y labor de incidencia sean escuchados y reflejados a nivel internacional.
Su caso también fue documentado por el Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua y apareció en su informe de abril de 2025. El Consejo de Derechos Humanos creó dicho Grupo en marzo de 2022 para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, y desde entonces ha renovado su mandato dos veces, cada vez por un período adicional de dos años.
“Ser mencionada en el informe del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua ha tenido un impacto positivo en mi vida, porque visibiliza mi caso, pero también evidencia los patrones sistemáticos de represalias y persecución que el Estado de Nicaragua ejerce contra las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil”, dijo Bernard.
De junio de 2024 a junio de 2025, ONU Derechos Humanos ha documentado 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin recurso legal, separando familias y generando apatridia.
“La Oficina registró un aumento de 21% de femicidios en 2024 respecto del año anterior, y la persistencia de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas mujeres indígenas, así como graves abusos en centros de detención”, dijo Kohonen Sheriff. “La criminalización absoluta del aborto continúa en vigor”.
Añadió que la explotación de recursos en territorios que pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes continúa, sin consultas ni consentimiento libre, previo e informado, mientras persisten las invasiones de tierras, la violencia y el desplazamiento forzado.
“Cuatro líderes comunitarios fueron asesinados presuntamente por defender sus territorios, y una lideresa indígena sigue desaparecida forzosamente. Como resultado, la supervivencia física y cultural de estos pueblos está en grave riesgo”, dijo.
Para Bernard, el despojo de tierras, la criminalización y la persecución no son un fenómeno aislado, sino la continuación de décadas de exclusión y violencia contra los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las mujeres y las comunidades campesinas.
“Mi compromiso específico ha sido enfrentar estas realidades, sumarme a estas demandas, pero también hacer de esta lucha una lucha colectiva: una lucha por los derechos comunitarios y colectivos, y por la reparación histórica de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes”.
Concentración de poder y cierre del espacio cívico
Kohonen Sheriff dijo que la reforma constitucional de 2025 modificó 95% del texto y le otorgó rango constitucional a la concentración de poder en la Presidencia.
“La reforma redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo político de cara a futuras elecciones e introdujo la figura de una co-presidencia, asumida por la vicepresidenta sin elección popular”, dijo. “El nuevo texto elimina garantías fundamentales, como la prohibición expresa de la tortura, el derecho al debido proceso o la prohibición de la censura”.
Para Bernard, estas reformas crean un marco jurídico que legitima la persecución y criminalización de las voces críticas, debilita la independencia judicial y subordina los poderes legislativo y judicial al ejecutivo.
“[Esto significa] el cierre del espacio cívico y las represalias contra las personas defensoras de derechos humanos.”
Kohonen Sheriff dijo que las autoridades continúan cancelando la personalidad jurídica de organizaciones, cerrando un total de 5,535 desde 2018, debilitando aún más el tejido social del país.
“La libertad de religión sigue golpeada, con 850 organizaciones canceladas, siete sacerdotes expulsados, dos laicas desaparecidas forzosamente y un pastor evangélico detenido arbitrariamente”, dijo.
Según el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la represión también ha tenido como objetivo a periodistas y medios de comunicación. Al menos 17 personas fueron procesadas en virtud de la ley de ciberdelitos por publicaciones en redes sociales críticas con el Gobierno, y Nicaragua ocupa ahora el puesto 172 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, lo que refleja un mayor deterioro de la libertad de los medios.
Además, al menos 41 instituciones cuya personalidad jurídica fue cancelada operaban en el sector educativo, incluidas universidades.
“Estas medidas erosionaron aún más la libertad académica, junto con los informes de censura de programas académicos y una nueva legislación que sometía la política nacional de educación superior a la aprobación de la Presidencia”, señaló el informe.
El valor del monitoreo y los informes
Para Bernard, los informes no sólo recopilan y sistematizan testimonios, datos y evidencias que documentan violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino que también visibilizan las represalias y fortalecen los mecanismos de protección para defensoras como ella, que desde el exilio impulsan medidas concretas de protección internacional.
“El monitoreo es esencial para la justicia internacional y para los futuros procesos de rendición de cuentas que el Estado de Nicaragua tendrá que enfrentar”, dijo Bernard. “Los informes constituirán una memoria histórica, un registro histórico y jurídico que respalde las denuncias de las víctimas y abra el camino hacia la justicia, la reparación y la no repetición”.
La colaboración con la Oficina ha sido esencial, ya que nos ha permitido implementar una herramienta para recolectar información precisa y compartirla con otros países de la región.
La Oficina Regional para América Central continuará monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y respaldando a las personas defensoras en su lucha por la justicia.