GINEBRA (7 de junio de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este viernes su preocupación ante la posible adopción de una amplia ley de amnistía que podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el Gobierno, que se iniciaron en abril de 2018. El Gobierno no ha facilitado el texto del proyecto de ley con antelación, a pesar de las solicitudes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
«El monitoreo de derechos humanos realizado por mi Oficina y los mecanismos regionales han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, señaló Bachelet. “Más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, cientos de personas que se opusieron al Gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas «.
«El Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas» añadió la Alta Comisionada
Conforme a la información disponible, solo se ha dictado una sentencia contra un elemento armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a miembros de las fuerzas de seguridad en relación con estos informes sobre violaciones de derechos humanos.
“Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», subrayó Bachelet. “También pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad. En cuanto a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, éstas deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados”.
La Alta Comisionada también se mostró preocupada por la adopción, el 29 de mayo, de la ley sobre la atención integral a las víctimas. La misma fue aprobada en menos de 48 horas, sin haber consultado a la sociedad civil o a las organizaciones de víctimas.
La Ley no establece medidas de reparación adecuadas y proporcionadas, incluidas las indemnizaciones y las garantías de no repetición. Además, los considerandos se refieren específicamente a la voluntad del Gobierno de atender los daños a las víctimas provocados por el intento de «golpe de estado fallido», lo que sugiere que las personas que se opusieron al Gobierno durante las protestas de 2018 son vistas por las autoridades como perpetradores del «golpe de estado», en lugar de víctimas.
“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. También se les debe garantizar que un uso excesivo de la fuerza similar al ocurrido no se pueda repetir y que se respetarán sus derechos fundamentales a las libertades de expresión y reunión pacífica. Se necesita un proceso inclusivo de diálogo para abordar las demandas de la gente y trazar el camino a seguir «, dijo Bachelet.
La Alta Comisionada reiteró la voluntad de su Oficina de asesorar y asistir al Gobierno de Nicaragua a fortalecer el estado de derecho y sus instituciones de justicia, asegurando que se respeten los derechos de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la crisis, y que se reanude la cooperación general con la Oficina, según lo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año.
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