El drama de Nicaragua: “Estamos presas en el país…Vivimos en una gran cárcel”

La crisis sociopolítica y el cierre de espacios cívicos han marcado un retroceso significativo en el acceso y goce de los derechos humanos de defensoras, mujeres y personas LGBTIQ+ en el país

Artículo de opinión de Alberto Brunori, para El País

En las últimas semanas hemos asistido a una serie de acontecimientos en Nicaragua que pueden recordar cualquiera de las obras más representativas del realismo mágico latinoamericano: la salida sorpresiva de madrugada en un vuelo chárter hacia Washington DC con 222 personas a bordo, que solo unas horas antes estaban presas de manera arbitraria y sometidas a tortura y malos tratos, se unía a los cambios retroactivos de la normativa nicaragüense en la madrugada de ese mismo día, para despojarles de su nacionalidad, bienes, propiedades y derechos civiles y políticos. Días después, lo mismo aconteció con otras 94 personas. Una acción que las borra del mapa en su país de origen, como si nunca hubiesen existido, condenándolas a una muerte civil con consecuencias no solo materiales, sino también familiares y en su salud física y mental.

Muchas de estas personas son mujeres defensoras de derechos humanos, otras permanecen en Nicaragua en un ambiente cada vez más asfixiante. Entre ellas hay defensoras de larga trayectoria profesional como es el caso de Doña Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Defensoras que, como nos contaba una de ellas por teléfono desde Nicaragua hace tan solo unos días: “estamos presas en el país. No te podés reunir tranquila. No te podés expresar… vivimos en una gran cárcel”. Pero también de todas las mujeres y personas LGBTIQ+ que, en Nicaragua, ya no pueden disfrutar de sus derechos humanos más fundamentales.

El 1 de marzo de 2023, en el marco de la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mi Oficina participó en un evento paralelo auspiciado por las Misiones Permanentes ante la ONU de Canadá y Estados Unidos, con el objetivo de poner el foco en una situación invisibilizada: el incremento rampante de la violencia de género contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en Nicaragua. A pesar de las buenas cifras de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en Nicaragua reportadas por el Estado, los testimonios que se escucharon en el evento paralelo fueron demostrativos de cómo la crisis sociopolítica y el cierre de espacios cívicos -con más de 300 cancelaciones desde 2018 de organizaciones feministas y LGBTIQ+- han marcado un retroceso significativo en el acceso y goce de sus derechos humanos en el país. Las mujeres transgénero, indígenas y afrodescendientes se enfrentan a formas complejas de discriminación, por diversos motivos como la raza, la etnia o la situación socioeconómica, que se unen al género.

Según los datos registrados por la sociedad civil, el número de feminicidios en el año 2022 fue de 57 y 220 casos frustrados. También se han contabilizado 2231 mujeres víctimas de violencia y 43 agresiones a personas LGBTIQ+. Se trata de datos con un importante subregistro, ante la falta de transparencia y datos oficiales proveídos por las autoridades.

Diversas reformas a la Ley 779 integral contra la violencia hacia las mujeres han terminado por desvirtuar de forma completa su contenido. Entre ellas se incluye limitar el concepto de violencia de género únicamente a la violencia que ocurre dentro de la pareja y la mediación obligatoria entre perpetrador y víctima. Mientras tanto, los feminicidios continúan, la violencia sexual no cesa y los embarazos precoces consecuencia de estos abusos son la tónica del día, dando lugar a maternidades forzadas con fuertes impactos en la salud física y mental de niñas y adolescentes. Todo ello en total impunidad. Hasta el 2015 había al menos 16 albergues para las mujeres víctimas de violencia de género. También existía una atención especializada y una ruta para las víctimas de violencia en la que la sociedad civil colaboraba con las autoridades. Todo eso ha desaparecido. Solo quedan 2 albergues hoy en día, incapaces de asumir la demanda actual.

También prevalece la violencia contra grupos específicos de mujeres. En el evento paralelo escuchamos duros testimonios sobre cómo las mujeres, niñas y adolescentes indígenas en la Costa Caribe son frecuentemente desaparecidas durante un corto o medio plazo para ser abusadas y violadas en el marco de los asentamientos ilegales en tierras ancestrales indígenas por parte de los conocidos como “colonos”.

Además, en el ámbito de la salud, los roles de género estereotipados, así como un marco legal incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, limitan el reconocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses, incluidas las mujeres transgénero. De la misma manera que en varios países vecinos, la prohibición absoluta del aborto impide el acceso al mismo pese a los altos índices de violencia sexual.

La igualdad de género ocupa un lugar destacado entre los principios y valores de derechos humanos de las Naciones Unidas. Junto con la no discriminación, son principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y uno de los compromisos clave fijados en su 75 aniversario, que se celebra este año. En el esfuerzo colectivo que desde la comunidad internacional se está haciendo para paliar los efectos en las personas víctimas de la crisis sociopolítica en Nicaragua, no podemos olvidar esta faceta de la crisis. Citando nuevamente a una de las mujeres entrevistadas por la Oficina: “la sororidad nosotras, las mujeres feministas, la hemos sentido de muchas compañeras en todo el mundo, y eso ayuda. Eso no se tiene que perder, para nosotras es una gran muestra de humanidad y solidaridad, es, como dice la Gioconda Belli, muestra de “la ternura de los pueblos”.

* No quiero dejar de agradecer a todas las mujeres que dieron su testimonio en el evento paralelo, de manera presencial o por audio, así como a Bianca Jagger, Fundadora y Presidenta de la Bianca Jagger Human Rights Foundation (BJHRF), Carin Benninger-Budel de la Organización Mundial contra la Tortura y Leticia Bonifaz del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por participar en el debate. También a las personas defensoras de derechos humanos que siguen resistiendo pese a las dificultades en Nicaragua.

Alberto Brunori, Representante, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – América Central y el Caribe (OACNUDH)

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