Intervención de Alberto Brunori ante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de Nicaragua

29 de noviembre de 2021

Presidente e integrantes del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos

Secretario General Almagro

Presidenta de la CIDH Urrejola

Dr Zovatto Director de IDEA

Señoras y señores:

La Oficina de la Alta Comisionada ha dado un seguimiento especial a la situación de los derechos humanos en Nicaragua en 2021 en virtud del mandato previsto en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resolución que le solicitaba prestar una atención particular a los derechos humanos en el contexto del proceso electoral.

Esta tarea se realizó mediante más de 130 entrevistas con víctimas y sus familiares y/o testigos, realizadas de manera remota o en terceros países con nicaragüenses en el exilio. La Oficina ha participado también en reuniones regulares con organizaciones de la sociedad civil y defensores/as de derechos humanos, y analizado documentos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales. La Oficina cotejó la información que recopiló con diferentes fuentes y evaluó su credibilidad aplicando la debida diligencia.

En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral. La reforma, si bien contempló un paso importante en la promoción del derecho a la participación política de las mujeres, al establecer una presencia femenina del 50 por ciento en todos los cargos de elección popular; falló en asegurar la independencia del Consejo Supremo Electoral e incluyó restricciones indebidas a las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

El 18 de mayo y el 6 de agosto, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como dictan los estándares internacionales, el Consejo Supremo Electoral anuló la personalidad jurídica de tres partidos políticos, sin escuchar además a sus representantes.

Entre el 2 de junio y el 24 de julio, el Gobierno detuvo a una mujer y seis hombres que, o bien se habían inscrito como precandidatas a unas elecciones primarias internas, o bien habían manifestado públicamente su intención de presentarse a la presidencia. Es más, el 4 de agosto se anuló una candidatura a la vicepresidencia por unas declaraciones de la candidata que debían haber estado protegidas de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de expresión.

 La mayoría de las personas fueron detenidas con base a la Ley 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y la Ley 1060 de Reforma del Código Procesal Penal, la primera aprobada en julio de 2018 y las otras dos a menos de un año de la jornada electoral. La Oficina señaló las tres reformas como incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos por socavar la protección de los derechos a las libertades de expresión y asociación, y vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Asimismo, la Oficina había advertido en el momento de su aprobación que existía el riesgo de que fueran utilizadas para reprimir selectivamente a las voces disidentes.

A las siete personas precandidatas y otras 32 que fueron detenidas arbitrariamente entre mayo y octubre, les fueron violados su derecho a la defensa, el derecho a comunicarse con sus familiares y el derecho a un trato digno. Por todo ello, la Alta Comisionada ha solicitado, sin éxito, en reiteradas ocasiones que sean liberadas.

Se detuvo arbitrariamente a al menos cinco periodistas y se allanaron las sedes de varios medios. Se impidió la acreditación y el acceso al país de gran parte de la prensa internacional, varios periodistas tuvieron que salir al exilio. Resultando así afectadas la libertad de prensa y expresión. Durante la campaña, se usó a los medios de comunicación de propiedad estatal para solicitar el voto para el FSLN y denigrar a otros partidos, candidaturas y agrupaciones. En violación a la libertad de asociación, las organizaciones que contaban con el apoyo de la cooperación internacional fueron sometidas a controles excesivos y arbitrarios bajo la Ley de Agentes Extranjeros, y se canceló la personalidad jurídica de 45 de ellas.

La Oficina evaluó con atención los avances incluidos en el primer informe nacional voluntario de Nicaragua presentado en junio ante Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, sí como el esfuerzo por sostener el gasto social en 2021 y el compromiso de mantenerlo en 2022. Sin embargo, cualquier esfuerzo en el ámbito social debe necesariamente ir acompañado de reformas políticas e institucionales acordes con los estándares internacionales de derechos humanos, que permitan a Nicaragua restablecer su equilibrio democrático y avanzar hacia el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En resumen, el principio de pluralismo político, que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos es fundamental para el ejercicio del derecho a la participación política, quedó claramente limitado de cara al proceso electoral, impidiendo que muchos y muchas nicaragüenses tuvieran voz y voto en el mismo.

Reitero por tanto el llamado de la Alta Comisionada al restablecimiento del Estado de Derecho (in primis la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, la reinstauración de los partidos políticos que fueron disueltos y el cese de todo acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos) y la alineación de toda la legislación que actualmente restringe indebidamente el espacio cívico con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. Con ese fin, la Oficina hace un llamado a que Nicaragua reestablezca la cooperación multilateral, y que inicie un diálogo amplio, participativo y transparente con una clara e integral perspectiva de derechos humanos.

La Oficina una vez más ofrece su asistencia y apoyo a las y los nicaragüenses y seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua de acuerdo al mandato que le ha sido encomendado con la resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU.

FIN



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