Expertos concluyen que es necesario fortalecer las responsabilidades de los Estados en torno a la investigación del Femicidio.

Expertas y expertos de América Latina y Europa reunidos en Panamá entre el 13 y 15 de junio, analizaron los desafíos en el combate a la impunidad en los casos de  Femicidio en América Latina y concluyeron que es necesario afianzar el trabajo de los Estados en torno a la investigación del delito de Femicidio. Convocados por la Oficina para Centro América del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres en el marco de la Campaña del Secretario General, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres; diversos especialistas del sector de justicia  intercambiaron experiencias, buenas prácticas e iniciativas para la efectiva investigación de este delito.

La violencia contra las mujeres es una de las formas de discriminación más extendidas y constituye una grave violación a los derechos humanos. El Femicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres sin embargo, es uno de los delitos menos investigados. Los Estados tienen el deber de investigar los casos de Femicidio y promover la prevención de los mismos. En Centro América muchos países han dado pasos importantes en este sentido mediante la creación de leyes que tipifican el asesinato de mujeres por razones de género y que exigen el deber de  investigar enjuiciar, sancionar y reparar estos delitos.

«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos, y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», mencionó la Sra. Carmen Rosa Villa Quintana,  representante regional de OACNUDH para América Central.

América Latina ha hecho importantes avances en esta línea de trabajo Recientemente la Fiscalía General de la República en El Salvador, con el apoyo de OACNUDH., elaboró un protocolo de actuación para la investigación del Femicidio que es hoy parte de su política de persecución penal. El Protocolo contiene guías para la actuación de los operadores jurídicos en  el lugar de los hechos y para la obtención de pruebas que conduzcan a demostrar los motivos de género. Este documento fue compartido y discutido durante la reunión de expertos y sirvió de base para la elaboración de una propuesta a nivel regional.

“En nuestro contexto, en el que vemos que se están dando nuevas expresiones de criminalidad contra las mujeres, es imprescindible tener instrumentos que permitan investigar de una manera eficaz y eficiente este tipo de delitos. Y no solo porque es importante y justo para las víctimas sino porque transmite un mensaje inequívoco de que en nuestras sociedades, la violencia contra las mujeres no es tolerable» indicó la Dra. Nadine Gasman, Directora de la Campaña del Secretario General «ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres» para América Latina y Caribe.

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