GINEBRA (4 de mayo de 2021) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el martes que la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país socava gravemente la democracia y el estado de derecho.
“La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país”, afirmó la Alta Comisionada.
El pasado 1 de mayo, la recién constituida Asamblea Legislativa Salvadoreña destituyó a todos los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cinco magistrados permanentes y sus suplentes- alegando que éstos habían actuado de forma inconstitucional al fallar en contra de actos y decisiones tomadas por el ministerio de Sanidad en relación a la pandemia de la COVID-19. Acto seguido, los legisladores también cesaron al fiscal general citando sus lazos con un partido de la oposición.
Tanto los magistrados como el fiscal general fueron substituidos en las horas siguientes. La Alta Comisionada dijo que las normas y estándares internacionales de derechos humanos estipulan que “los jueces solo pueden ser substituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la constitución o la ley”, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.
“El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”, aseguró la máxima responsable de derechos humanos de la ONU.
“Los jueces y fiscales deben ser protegidos de interferencias inapropiadas y de intimidación”, subrayó Bachelet.
La Alta Comisionada recordó, además, que es obligación de los estamentos del estado, incluido el legislativo y el ejecutivo, de acatar las decisiones judiciales, sean éstas de su agrado o no.
“Lamentablemente, lo que vemos en El Salvador es la profundización de una alarmante tendencia hacia la concentración de poderes. Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes», concluyó Bachelet.
FIN
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