San José, Costa Rica
Distinguidos y distinguidas participantes, representantes de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil y expertos, para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que represento, es un gran honor poder estar hoy aquí acompañando este importante proceso que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para una Oficina Regional pequeña como la mía, que tiene su sede en Panamá, el trabajar conjuntamente con los actores de la región es de vital importancia, y la seguridad ciudadana es una de las prioridades de nuestro programa.
Urge en verdad redefinir el discurso sobre violencia e inseguridad en términos de derechos humanos, de la misma forma que hemos redefinido ya los conceptos de pobreza y desarrollo. Urge, primero y fundamentalmente, porque la falta de seguridad es un problema de derechos, que atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, y pone en peligro las posibilidades de los ciudadanos para disfrutar otros derechos. Pero urge también, porque el discurso preponderante en algunos sectores en el continente, que describe erróneamente a los derechos humanos como un obstáculo a la seguridad, puede poner en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas, e impactar negativamente en nuestras posibilidades de trabajar y mejorar en pro de los derechos humanos en todos los ámbitos. Se podría decir que más que a una reformulación de los temas de seguridad en temas de derechos humanos, lo que se está produciendo es una permeación del discurso de seguridad a otros ámbitos como la migración o la protesta social, con consecuencias negativas para el disfrute de los derechos.
Durante demasiados años, los trabajadores de los derechos humanos no hemos prestado la necesaria atención al tema de la seguridad, o nos hemos limitado a señalar los límites en los que debían enmarcarse las políticas de seguridad, dejando así un espacio que ha sido ocupado por otros discursos, no precisamente más eficaces.
Nuestro problema es que las políticas represivas son mucho más fáciles de medir y vender que las políticas que adoptan un enfoque de derechos. Las políticas represivas se prestan fácilmente a la cuantificación y proporcionan lo que aparentan ser resultados rápidos y concretos que ofrecer a los medios: tantos “delincuentes” (entre comillas) detenidos; tantas armas requisadas; tantas pandillas desmanteladas. La realidad es que la mayoría de los números que se ofrecen no son indicadores del impacto de las políticas sobre el problema mismo, la inseguridad, sino que se limitan a medir directamente las acciones emprendidas. Si queremos ser escuchados, necesitamos medir el impacto de las políticas con un enfoque de derechos en la disminución real de la violencia y basar nuestro discurso, en la medida de lo posible, en experiencias exitosas, de ahí la relevancia de consultas como esta, de ahí la importancia de sus aportaciones durante estos dos días.
Pero ¿qué supone exactamente un enfoque de derechos humanos a la seguridad? Supone en primer lugar, como decíamos antes, redefinir la seguridad en términos de disfrute de los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Consecuentemente, los derechos humanos establecen obligaciones positivas a los Estados en materia seguridad. Las políticas de seguridad ciudadana deben ser evaluadas en tanto y cuanto contribuyan o no la garantizar el derecho a la vida y la integridad física de las personas.
Un enfoque de derechos humanos a la seguridad supone además adoptar los estándares de derechos humanos como los límites de la “cancha de juego” en que deben diseñarse y aplicarse las políticas en este ámbito; y suponer adoptar los principios de derechos humanos como las reglas de juego en las que nos movemos dentro de esa cancha. Los principios de participación, de rendición de cuentas, de no-discriminación, principios que emanan de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, deben guiar el diseño, la implementación y la evaluación de nuestras políticas en la materia.
En resumen, una política de seguridad dentro de un marco de derechos humanos, debe, por tanto, tener como guía las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar libremente los tratados internacionales y regionales sobre la materia:
– la obligación de respetar los derechos, y de ahí los limites;
– la obligación de proteger, de ahí la necesidad de regular, por ejemplo, el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad;
– y por último la obligación de garantizar, y por tanto de poner en marcha políticas públicas que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de las personas.
De este marco se deduce que, contrariamente a lo que algunos creen, un enfoque de derechos a la seguridad no supone única y exclusivamente insistir en políticas de prevención. Si bien es importante señalar la necesidad de prevenir los factores de riesgo de la violencia, atacando las raíces del problema, la obligación del Estado de luchar contra la impunidad es también crucial desde una perspectiva de derechos.
La experiencia demuestra que para que una política de seguridad sea exitosa tiene que ser integral y sostenible en el tiempo. Los derechos humanos proporcionan el marco adecuado para ese enfoque integral al abordar tanto los aspectos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Además proporcionan ese marco sostenible en el tiempo, un marco que responde a compromisos de Estado y esta por tanto libre de los avatares de los cambios de gobierno o las presiones sociales del momento.
En el caso de la violencia juvenil, el enfoque de derechos es si cabe aun más relevante, es raro que los niños y jóvenes sean tan sólo agentes de violencia, en la mayoría de los casos se trata de agentes y víctimas de esa misma violencia. Una sociedad que estigmatiza a sus jóvenes como violentos, es una sociedad que está renunciando a su propio presente y futuro. La prevención es por tanto el arma fundamental en la lucha contra la violencia juvenil, prevención que solo puede pasar por la creación de mecanismos de protección de los derechos de aquellos niños y jóvenes más expuestos a la vulnerabilidad. Nunca lo diremos demasiadas veces, la prevención pasa por considerar los niños y adolescentes como sujetos de derecho, y no como meros objetos de políticas públicas o destinatarios de campañas de beneficencia.
En una zona geográfica tan expuesta a las catástrofes naturales como es esta, tendríamos mucho que aprender sobre nuestra respuesta colectiva a este tipo de fenómenos. El miedo a un desastre natural parece ser un “buen miedo”, aquel que provoca generosidad y compasión hacia el que sufre sus terribles consecuencias. Sin embargo, el miedo al otro, a los inadmisibles actos del hombre parece ser de una naturaleza más sombría y egoísta, que nos lleva a la indiferencia, a la compasión fútil hacia la víctima, a la negación, o peor aún, a la búsqueda de protección mediante una represión desenfrenada.
El miedo puede ser el mejor y el peor de los consejeros. Desencadena un apropiado sentido de alerta, pero puede producir una respuesta prematura e irracional. La política del miedo se retroalimenta y genera más miedo, que a su vez genera violencia. El marco internacional de los derechos humanos es un contrapeso a la política del miedo. Proporciona la única alternativa razonable y legitima a las reacciones irracionales provocadas por el miedo.
La inseguridad más profunda emana de la tentación de dejar que se erosionen los fundamentos sobre los que se construye las sociedades democráticas. Combatir la inseguridad dentro del marco de los derechos humanos es combatirlo con nuestras armas más poderosas.
No quisiera terminar sin agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a UNICEF, y muy especialmente a UNICEF Costa Rica todos los esfuerzos realizados para hacer este encuentro posible. El objetivo de este encuentro es recopilar insumos para los informes de la Comisión sobre la temática, contamos por tanto con su participación para hacer de estos días un éxito.
Muchas gracias.
