Honorables integrantes de la mesa principal, distinguidos participantes,
Quiero en primer lugar felicitar a Costa Rica por haber reconocido, en el marco del Examen Periódico Universal, la necesidad de tomar medidas para erradicar el la discriminación y por haber tomado la iniciativa, juntamente con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de convocar este seminario.
Muchas sociedades evitan emprender esta reflexión con el argumento de que no están afectadas por el racismo y la discriminación. La realidad es que la discriminación, en sus distintas manifestaciones, permea a nuestras sociedades a un nivel tal que puede pasar desapercibida por haberse “normalizado”.
En estas palabras inaugurales quisiera detenerme sobre el concepto y las dimensiones de la discriminación desde la perspectiva de los derechos humanos.
Según los instrumentos internacionales de derechos humanos y la interpretación de los órganos encargados de supervisar su implementación, por discriminación se debe entender: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Los conceptos de NO- discriminación y derechos humanos están, por lo tanto, íntimamente y estrechamente vinculados. El reconocimiento de que el ser humano, por ser tal, tiene derechos inalienables, es incompatible la justificación de distinciones basadas en características propias del ser humano. Es decir, no se puede reconocer un derecho por una condición, la humana, y por la misma condición, que nos hace a todos únicos y diferentes, negar o menoscabar el mismo. La discriminación representa un obstáculo fundamental para el goce de los derechos humanos. Si miramos de cerca la realidad nos damos cuenta que casi todas las violaciones de derechos humanos tiene a la discriminación como su causa profunda.
Mirar el tema de la discriminación con un enfoque de derechos humanos significa, además de reconocer estos vínculos, destacar la responsabilidad que el Estado tiene de: respetar el derecho a la no-discriminación de todas personas bajo su jurisdicción; proteger estas personas de todas formas de discriminación; y “garantizar” una vida libre de discriminación para todos.
Respetar el derecho a la no discriminación quiere decir que el Estado mismo, a través de sus leyes, políticas o agentes, no puede “discriminar”. Esto implica la obligación de erradicar la discriminación formal o de jure. Para esto es preciso asegurar por ejemplo que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos. Por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres independientemente de su estado civil.
Los Estados deben también proteger a todas personas en contra de la discriminación practicadas por privados. A menudo se observan casos de discriminación en la familia, el lugar de trabajo y otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, los propietarios de viviendas privadas niegan el acceso a una vivienda por motivos de etnia, estado civil, discapacidad u orientación sexual de la persona, y en algunas familias se niega la escolarización a sus hijas. Por ellos, los Estados deben aprobar medidas, incluidas leyes, para velar por que los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de discriminación en la esfera privada. También deben asegurarse que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas de discriminación.
Garantizar una vida libre de discriminación, significa adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. Para esto se debe prestar suficiente atención a los grupos o individuos que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de limitarse a comparar el trato formal que reciben todas las personas. No discriminación no significa por lo tanto un trato igual para todos. Al contrario, para erradicar la discriminación sustantiva en ocasiones los Estados pueden verse obligados a adoptar medidas especiales, de carácter temporal, que establezcan diferencias explícitas basadas en los motivos prohibidos de discriminación.
La obligación de respetar, proteger y garantizar se refiere tanto a la discriminación directa como la indirecta. Hay discriminación directa cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de discriminación, por ejemplo, cuando la contratación para puestos en instituciones educativas o culturales se basa en las opiniones políticas de los solicitantes de empleo o los empleados. La discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionada en el goce de los derechos humanos de algunos grupos. Por ejemplo, exigir una partida de nacimiento para poder matricularse en una escuela puede ser una forma de discriminar a las minorías étnicas o a los no nacionales que no posean esas partidas.
Además, la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la no-discriminación es inmediata en relación con todos los derechos, incluyendo aquellos que, como los derechos económicos, sociales y culturales, están sujetos a realización progresiva. Es decir, no se puede justificar con la falta de recursos el hecho de que un sector específico de la población, como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, tengan un nivel de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales menor que el resto de la población, a menos que el Estado se haya esforzado al máximo por utilizar todos los recursos de que dispone para combatir y erradicar el trato discriminatorio con carácter prioritario.
Señores y Señoras,
Erradicar la discriminación no es tarea fácil, porque significa cambiar en muchos casos la cultura y la visión del mundo que durante siglos ha sido dominante. Sin embargo, la cultura no es estática, sino dinámica y cambiante y la experiencia demuestra que, a través de esfuerzos conscientes y deliberados es posible promover una cultura de derechos humanos y derrumbar los estereotipos y el prejuicio.
Ya he destacado que el Estado tiene la responsabilidad de tomar medidas en esta dirección. Estas medidas incluyen esfuerzos para asegurar que la legislación no discrimine directa o indirectamente en contra de ningún grupo y que prohíba expresamente la discriminación. Es obvio que un cambio en la ley no implica inmediatamente un cambio en la realidad. Pero seguramente contribuye a difundir una cultura de la “ilegalidad” de la discriminación, que a largo plazo puede cambiar las percepciones y finalmente la realidad.
También, son esenciales las políticas y estrategias efectivas para combatir la discriminación formal y sustantiva tanto en el sector público como en el privado. Esas políticas y estrategias deberían abarcar a todos los grupos afectados y, cuando es relevante y necesario, incluir medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad. En especial, las políticas económicas, como las asignaciones presupuestarias y las medidas destinadas a estimular el crecimiento económico, deberían prestar atención a la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos sin discriminación alguna.
Otras medida importante es exigir a las instituciones públicas y privadas que elaboren planes de acción para combatir la discriminación, y esfuerzos para educar y capacitar a los funcionarios públicos, y poner esa capacitación también a disposición de los jueces y los candidatos a puestos del sistema judicial. La integración de la enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación en el marco de una educación multicultural e incluyente, tanto académica como extraacadémica representa también un paso fundamental para erradicar la discriminación.
No hay país inmune a la discriminación, y es cierto que en cada país las causas y manifestaciones de la misma son distintas. Por esta razón, es fundamental tener una reflexión profunda e incluyente sobre la situación actual y los desafíos y fortalezas que cada país enfrenta. Quiero en este sentido nuevamente aplaudir la decisión de Costa Rica de lanzar este proceso de reflexión que esperamos pueda culminar en la elaboración y adopción de un plan de acción contra el racismo y la discriminación.
Estamos también honrados y complacidos de poder contar con la presencia de expertos de Argentina, Brasil, y México que podrán compartir con los participantes su experiencia en la lucha contra la discriminación y contarnos los desafíos y avances encontrados en la elaboración e implementación de sus respectivos planes nacionales contra el racismo y la discriminación.
La Oficina del Alto Comisionado tiene la lucha contra la discriminación entre sus prioridades para esta región. Tal como lo ha señalado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, “nuestro objetivo principal consiste en promover la construcción de sociedades sin discriminación y un mundo donde haya trato igualitario para todos”
Por ello, es para mí un verdadero placer participar en este seminario sobre la formulación de un plan Nacional de Acción contra el Racismo y la Discriminación Racial. Esperamos que esta actividad sirva como primer paso para abrir un espacio de dialogo a nivel nacional sobre las distintas dimensiones del racismo y la discriminación y los pasos necesarios para acabar con ellos. Quedamos atentos a los resultados de la actividad e interesados en apoyar los siguientes pasos de este desafiante y alentador proceso.
Muchas gracias
