GINEBRA (16 de abril de 2019) – Con motivo del aniversario del inicio de la crisis en Nicaragua donde se prevén importantes protestas esta semana, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el martes al Gobierno a que asegure que sus fuerzas de seguridad garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos, y alertó a las autoridades para que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza.
Durante el año transcurrido desde la primera represión violenta contra las protestas masivas en Nicaragua el 18 de abril de 2018, más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, 62,000 desplazadas fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad.
Según consta, las recientes protestas del 16 y 30 de marzo se saldaron con 10 personas heridas, incluyendo tres como resultado de disparos, además del arresto de unos 170 manifestantes que, sin embargo, fueron posteriormente puestos en libertad.
«Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta», dijo Bachelet. “Las violaciones registradas durante el año pasado incluyen la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno. Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía. Inevitablemente estas acciones, junto con la ausencia de rendición de cuentas por los excesos ilegales de los miembros de las fuerzas de seguridad, han avivado las tensiones en el país en lugar de reducirlas».
La Alta Comisionada manifestó también su preocupación por los informes sobre las duras condiciones en las cárceles y centros de detención, que podrían constituir tortura y malos tratos. Por ejemplo, las recientes protestas en La Modelo, una prisión para hombres en Tipitapa, al noreste de la capital, Managua, donde se encuentran personas detenidas en las protestas junto a delincuentes comunes, habrían sido violentamente reprimidas, a través de golpizas, uso de perros y gases lacrimógenos.
Bachelet destacó la necesidad de colocar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos desde abril de 2018 en el centro de las negociaciones. A pesar de los dos acuerdos alcanzados en marzo por el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia – uno sobre la liberación de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones, y otro más general sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías – las negociaciones se han estancado, y los acuerdos no parecen haber sido implementados.
«El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el Gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país», dijo Bachelet.
«La solución a la crisis debe abordar las fallas institucionales y fortalecer el estado de derecho», agregó. «Es de suma importancia que se establezca un proceso de responsabilidad exhaustivo y transparente para garantizar la justicia, la verdad y las reparaciones, así como garantías claras de no repetición, de conformidad con las normas y estándares internacionales».
Una resolución adoptada recientemente sobre Nicaragua por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra hizo un llamado al Gobierno a reanudar la cooperación con la oficina de Bachelet, así como con otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos. También solicitó a la Alta Comisionada que presente un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en el país en septiembre, con una actualización previa al Consejo en junio y otra en marzo del próximo año.
Bachelet destacó su voluntad de cooperar con el Gobierno de Nicaragua y dijo que su personal está dispuesto a regresar al país para ayudar a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado, siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble.
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