Una Lucha de Todos. El nuevo enfoque de la Seguridad en Centro América Foro temático sobre “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas”

Presentación de la Sra. Carmen Rosa Villa Quintana,

Representante Regional

Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Una Lucha de Todos. El nuevo enfoque de la Seguridad en Centro América

Foro temático sobre  “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas”

Honduras, 28 de junio de 2012

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Me complace darles la más cordial bienvenida a este foro sobre el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, organizado por el Gobierno de la República de Honduras, en su calidad de Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el marco de la XXXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

Me siento muy honrada de estar acompañada en este Foro  por la Excelentísima Señora Embajadora Mary Elizabeth Flores Flake, Representante Permanente de la República de Honduras ante la ONU; del señor Francisco Dall’Anese, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y del señor Leo Valladares Lanza, Director de la Asociación para una Ciudadanía Participativa y de  Matías Funes, Miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública de la República de Honduras.

Agradezco la presencia de las altas autoridades y funcionarios del Estado de Honduras; de representantes de gobiernos;  de representantes de Embajadas y de organismos internacionales; y, de organizaciones de la sociedad civil; y en general, de quienes están presentes.

Distinguidas y Distinguidos Señoras y Señores,

Nuestra presentación en esta mañana está referida al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el contexto de la seguridad ciudadana, con particular referencia a la región de América Central.

¿Por qué este tema es de crucial relevancia?

 Porque, para afrontar la violencia e inseguridad que afectan a Centroamérica, se necesitan instituciones democráticas fortalecidas, capaces de garantizar a sus ciudadanos el ejercicio y goce efectivo de todos sus derechos humanos.

La seguridad  es esencialmente una situación en la que toda las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales, libres de violencia o amenazas para su vida, integridad personal, derechos goce de sus bienes, a la vez que las instituciones públicas tienen suiciente capacidad, en un marco de Estado de Derecho, para garantizar su ejerció y responder con eficacia cuando estos son vulnerados.

Cuando  hablamos de seguridad ciudadana y fortalecimiento del Estado de Derecho, nos referimos esencialmente a cómo crear un ambiente libre de violencia y propicio para la convivencia pacífica de las personas, en el  que las instituciones democráticas cumplen un papel  absolutamente crucial

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de violencia e inseguridad?

Nos referimos a una situación que afecta seriamente el goce y ejercicio de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, y que lesiona bienes jurídicos fundamentales- Nos referimos al crimen  organizado transnacional;  a la corrupción sistemática y generalizada; al tráfico de drogas; la trata de personas; y otras formas de criminalidad convencional y no convencional,  incompatibles con el desarrollo sostenible de la región y el fortalecimiento de la democracia.

El crimen organizado, con sus acciones violentas, y sus métodos brutales, amenaza  la vida y la pacifica convivencia de las personas, inyectando en el tejido social un veneno que es potencialmente letal y que socava las bases mismas del Estado democrático y de Derecho. Así, las redes criminales amenazan y debilitan a las instituciones y se infiltran en la administración pública en todos sus ámbitos.

Expresión de la situación que describimos, y un problema con impacto directo en el goce efectivo de los derechos humano, es la corrupción. La corrupción es un problema objetivamente grave y hacerle frente es urgente[1]. Aunque hay sectores que consideran que la corrupción no forma parte del problema de la inseguridad, lo cierto es que sí lo hace, sobre todo cuando el crimen organizado, a través de prácticas corruptas, penetra e infiltra las instituciones del Estado para el logro de sus fines ilícitos.

Es fuente de preocupación la situación de vulnerabilidad de algunos grupos, como los defensores de derechos humanos, los periodistas, y las personas con diferente orientación sexual (LGBTT), que son sistemáticamente amenazados, torturados e incluso asesinados. También es preocupante la violencia contra la mujer, los jóvenes, los niños y las niñas. En este marco el femicidio representa la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género.

Los altos índices de impunidad, el incremento exponencial de la inseguridad y la violencia, en particular, en ciertos países de la región, sólo confirman que, si se sigue haciendo más de lo mismo, no lograremos avances significativos y no podremos vencer los desafíos que imponen los fenómenos ya reseñados.

Ante ello, como es de público conocimiento, la falta de respuesta eficaz de las instituciones de seguridad y de justicia, ha sido sancionada –moralmente – por la población en general con expresiones de escepticismo, desconfianza, incredulidad y  falta de esperanza en que su acción conducirá a algún resultado idóneo. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha señalado que cuando los delitos del pasado permanecen sin castigo la impunidad fomenta la comisión de nuevos delitos, desde graves violaciones a los derechos humanos hasta otras actividades ilegales.[2]

¿Cuál es la importancia de un enfoque de derechos humanos en la construcción de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones en el marco de la seguridad ciudadana?

Algunos sectores de la opinión pública perciben erróneamente a los derechos humanos como un obstáculo a la seguridad.  Es  común que se señale que “los derechos humanos sólo protegen a los delincuentes” y que “los derechos humanos impiden una acción eficaz contra la delincuencia”. Ciertamente, estas percepciones son profundamente equivocadas. La extensión o proyección de estas percepciones a los discursos políticos, a las políticas públicas y a los planes de acción pondría en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas en la lucha contra la impunidad y el establecimiento de la noción de los derechos humanos en la preceptiva y programas gubernamentales.

Los derechos humanos no sólo no constituyen un obstáculo para la lucha contra la criminalidad y violencia, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, sino que  son un componente esencial de la lucha contra las mismas. La relación entre la eficacia de la acción político-criminal contra la violencia, la inseguridad y la criminalidad, y el respeto de los derechos humanos fortalece el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley y  la Democracia.

Se trata, en el fondo, de tener como referente de la acción del Estado  una relación ética, conceptual y normativa entre fines y medios. Un Estado y/o gobierno que quiebra esta relación ética y política  y que considera que hay ciertos ámbitos donde puede ejercer –aunque excepcionalmente- acciones que vulneran los derechos humanos, como medio para conseguir ciertos fines, deja una puerta  abierta y peligrosa para el abuso de poder. Los métodos y acciones brutales empleados por el crimen organizado son condenables, sin embargo, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, “esto no debe ser utilizado por el Estado como excusa para operar fuera del marco de la ley. Atacar las contravenciones a la ley y el orden ignorando el Estado de Derecho ciertamente no es un enfoque sostenible, recomendable, ni lógico”.[3]

Las políticas de mano dura han conducido a los Estados a respuestas desproporcionadas, ineficaces y potencialmente lesivas de los derechos humanos. No han cambiado, ni impactado en la situación de violencia e inseguridad, por lo que, ante la luz de la evidencia empírica, consideramos que ha llegado la hora de cambiar de paradigma conceptual, político y operativo.  Un enfoque de derechos humanos debe ser la piedra angular de una estrategia de seguridad ciudadana. Así lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4] cuando señala que “la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores”.

Un enfoque de derechos humanos en la seguridad tiene diferentes dimensiones que quisiera desarrollar.

En primer lugar, hay una dimensión preventiva, que es fundamental porque está dirigida a prevenir los factores de riesgo de la violencia, atacando las raíces del problema como son la falta de educación, de empleo y por lo tanto de perspectiva de futuro. Invertir en prevención del delito es más barato y más eficaz que cualquier política de mano dura. Las acciones no punitivas se deben implementar con otras agencias estatales (del gobierno central y de los gobiernos locales) en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y los medios de comunicación. Las medidas de prevención social, comunitaria y situacional deben tener como objetivo intervenir sobre los factores de riesgo social, cultural, económico, ambiental o urbanístico que inciden sobre los niveles de violencia y criminalidad.[5]

Experiencias como la profesionalización de la policía y la implementación de programas para mejorar las relaciones de esta con las comunidades locales han mostrado tener éxito. Lo mismo ocurre con los programas que impulsan técnicas de resolución no violenta de los conflictos en centro educativos, programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niñas, niños y adolescentes en riesgo ante el delito. Invertir en programas para las personas jóvenes que han cometido delitos, y proponer  medidas alternativas a la prisión, tal como el trabajo comunitario, es mucho más beneficioso que enviarlos a la cárcel con las consecuencias que ello conlleva. Es necesario hacer una mayor inversión en programas para reducir el consumo del alcohol y limitar y regularizar el porte de arma por particulares.[6]

En segundo lugar está la obligación del Estado de luchar contra la criminalidad y la impunidad.

En las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el sistema penitenciario, recae la gran responsabilidad de desarrollar sus capacidades para responder eficazmente al crimen y a la violencia mediante acciones de investigación y sanción legítima. La falta de investigación, juzgamiento, sanción y reparación para las víctimas genera más violencia y perpetúa en el imaginario colectivo la idea de que la justicia no existe y, por tanto, la justicia privada como los linchamientos y las operaciones de limpieza social parecieran estar justificados. Estas situaciones pervierten el concepto de justicia y acrecientan la percepción de inseguridad.

El crimen debe ser castigado, pero esto no significa que a los acusados o sentenciados se les nieguen sus derechos humanos fundamentales a la vida e integridad personal, al debido proceso y a ser tratados con dignidad. Sin embargo, este no es el caso para la mayoría de las personas privadas de libertad. La tortura y condiciones carcelarias que en sí mismas constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes son el denominador común de las prisiones de nuestra región[7].

“Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad ciudadana”.[8] Sin embargo, la violencia y la criminalidad se reproducen igualmente en las prisiones. Los altos índices de presos sin condena, el hacinamiento y sobrepoblación, las malas condiciones carcelarias, la falta de control de las autoridades, la corrupción generalizada y sistemática en los centros penitenciarios y la falta de transparencia en la gestión carcelaria son muchas de las causas que perpetúan la violencia y provocan altos costos en pérdidas de vidas humanas.

De ello resulta que, lejos de cumplir con los objetivos para los cuales fue impuesta la pena, las prisiones se han convertido en escuelas de delincuencia.  En su Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la actual realidad es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los gobiernos de los Estados de la región y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido no mirar hacia las cárceles. Así los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización y en los que tradicionalmente ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia.[9]

Frente a estas situaciones ¿Qué es necesario hacer?

La violencia institucionalizada o estructural requiere ser combatida con políticas de Estado innovadoras y creativas, orientadas a fortalecer sus instituciones y basadas en el respeto de los derechos humanos.

La Estrategia de Seguridad Centroamericana del SICA aborda algunos de los temas mencionados desde diversos ángulos.

Si queremos avanzar efectivamente en la transformación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad[10], es necesario que la política de seguridad ciudadana, como instrumento de planificación y de control, facilite la mejor utilización de todos los recursos disponibles (humanos, materiales y económicos). Una política integral (que abarque todos los derechos humanos en su conjunto), intersectorial (que comprometa a todos los actores estatales, incluyendo las entidades del gobierno central y local), participativa (que cuente con la más amplia representación de la sociedad civil) e inclusiva (sin discriminación de ningún tipo) debe contar con fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales.[11]

Una decisión o una estrategia consultada –además de decidida por consenso de manera tan amplia como sea posible– nace con dos ventajas bien importantes: de una parte, el compromiso de ayudar por parte de muchos sectores; de otra, la facilidad de vencer las resistencias creadas que son el óbice para llevar a cabo las reformas.[12]

La política en materia de seguridad debe responder a compromisos de Estado y, por tanto, debe ser sostenible en el tiempo, libre de los avatares, los cambios de gobierno o las presiones sociales del momento. Para ello, los ministerios correspondientes deben contar con funcionarios técnicos-políticos del más alto nivel, capacitados en las diferentes profesiones relacionadas con la materia, y los parlamentos deben contar con una estructura de asesoramiento profesional, que les permita realizar un eficaz control político sobre las medidas que se implementen para prevenir y controlar la violencia.[13]

La producción, sistematización y difusión de la información son fundamentales.  Las organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y toda la ciudadanía deben tener acceso a la información que permita la construcción de un nuevo enfoque de seguridad ciudadana orientado a proteger y garantizar los derechos humanos de la población. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha señalado que el Estado no solo debe permitir la pluralidad de perspectiva y medios para la difusión de información, sino también asegurar que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones, con sus vidas.

Para nadie es desconocido que la pobreza, la indigencia y los elevados niveles de desigualdad y exclusión social favorecen el incremento de la violencia y la criminalidad, limitan el desarrollo y el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Como destaca el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los niños, la violencia es más común en las áreas urbanas con mucha pobreza, falta de trabajo, vivienda inadecuada y  falta de educación. Si a esto se añade la presencia de armas y drogas, el nivel de violencia aumenta significativamente.

La prevención de la violencia implica dar mayor atención a los factores de riesgo que propician que los niños y los jóvenes resulten siendo víctimas y victimarios.  El fenómeno de las pandillas no se aborda desde la perspectiva social, sino desde la policial, se piensa en sólo qué hacer con los jóvenes una vez que delinquen y no antes.

También tenemos que tener en cuenta que estigmatizar a los niños y adolescentes como delincuentes e implementar políticas represivas puede tener consecuencias nefastas para toda la sociedad. El Estudio sobre Violencia Contra los Niños destaca cómo los sistemas penales de justicia juvenil débiles pueden en realidad empeorar la situación cuando se adopta una táctica represiva, exponiendo a los niños aún a más violencia y haciendo su reinserción más difícil. Cuando se hacen excepciones a los principios y normas de derechos humanos se abre un forado en la legislación y la práctica donde los abusos son posibles y lamentablemente frecuentes.

Señoras y señores,

Toda conducta que afecte negativamente a los derechos humanos debe ser investigada de forma imparcial y efectiva. La investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad[14].

En este marco, la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales es crucial para enfrentar la criminalidad y el crimen organizado y evitar la corrupción. Es posible investigar seria y eficazmente los delitos si los jueces y fiscales son probos e idóneos, si cuentan con cualificaciones y formación adecuadas y si, además, ejercen su función libres de amenazas. El miedo es una de las causas que impide o limita la investigación, juicio y sanción de los criminales por parte de los operadores de justicia. Por ello, es también necesario contar con mecanismos que los protejan de las amenazas inminentes contra su vida e integridad.

La falta de investigación de los hechos delictivos, o la deficiente investigación, sigue siendo uno de los grandes problemas para alcanzar la justicia y una de las mayores causas de la desconfianza hacia la administración de justicia. A ello se suma el miedo, que también paraliza a las víctimas y que impide la denuncia.

El programa de protección de víctimas debe garantizarles seguridad y brindarles asistencia material, médica y sicológica para superar las lesiones físicas y emocionales sufridas por el menoscabo de sus derechos. Es necesario contar con un presupuesto para hacer viables las respuestas a las víctimas del delito. Entre estas caben mencionar: la capacitación al personal policial, judicial, de la salud y de los servicios sociales oficiales; el uso de protocolos de intervención comunes a todas las áreas del Estado; y el funcionamiento de una infraestructura apropiada.

Una función básica del gobierno es la de garantizar que el Estado haga frente a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de promover y proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. La policía es uno de los medios que permiten a los gobiernos desempeñar esa misión.[15]  La “Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad ciudadana”[16]. Para cumplir esta función, es un requisito indispensable que sus miembros sean honestos, profesionales preparados y eficientes para generar la confianza de los ciudadanos.

Los asuntos relativos a la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de los cuerpos policiales civiles, por ello deben contar con una institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuadas a esos fines.

Es importante resaltar que, a diferencia de las fuerzas militares que defienden la soberanía del Estado frente a un ataque armado de una fuerza extranjera, la policía previene y persigue los delitos. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha expresado que es entendible que “en circunstancias extraordinarias se tomen decisiones difíciles –como la de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública– en tanto el Estado construye las capacidades para proteger a la ciudadanía de conformidad con el Estado de Derecho. Ha señalado, sin embargo, que estas medidas excepcionales deben permanecer fieles a su naturaleza extraordinaria y limitada en el tiempo, supeditadas a controles civiles y dentro de los límites establecidos por los estándares y principios de derechos humanos”.[17]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala al respecto que “se requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir[18]. Por muy grave que sea la criminalidad ordinaria, esta ¨no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”.[19]

El cuerpo policial debe ser altamente cualificado en tareas de investigación e inteligencia policial para cumplir las funciones de prevención, disuasión y represión del delito, en especial las vinculadas a la lucha contra la criminalidad organizada, la trata y tráfico de personas o el narcotráfico. El personal e infraestructura deben estar debidamente acondicionados para brindar servicios especializados de calidad a los sectores en riesgo y en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Es preocupante que la referencia a los derechos humanos en la doctrina de policía aparezca como una referencia accesoria, no vinculada a lo que se entiende corporativamente como los valores o los principios que caracterizan la labor policial. No sólo se requiere una formación teórica en derechos humanos, sino que toda la organización policial los tenga como fundamento, tanto en el proceso de selección de su personal, como en la capacitación permanente y en la realización de sus operaciones[20]. Se debe hacer un serio esfuerzo para que tema de derechos humanos esté integrado de manera clara en la formación de la policía.

Con frecuencia, la precaria formación de la Policía es la causa de algunos de los problemas que se presentan y que están relacionados con el uso excesivo de la fuerza, algunas veces, fuerza letal. El personal policial muchas veces no conoce a cabalidad los límites, ni tiene muy claro qué implica actuar dentro de la legalidad. El uso de la fuerza letal por parte de la Policía constituye siempre el último recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o violentos.

La policía debe ser representativa de su realidad social y cultural. A este respecto, la Comisión Interamericana señala la necesidad de “mantener una fuerza policial multiétnica y pluricultural, en particular fomentando la participación de miembros de los pueblos indígenas y mujeres en distintos organismos del Estado”. Al mismo tiempo, destaca “que se deben respetar todas las manifestaciones culturales, entre ellas las diversas lenguas y dialectos existentes en los países de manera tal que se garanticen el principio de igualdad y el de no discriminación”[21].

Es necesario que la policía cuente con salarios justos que dignifiquen su trabajo, que atraiga a personal adecuado y evite la corrupción.  La institución debe brindar un trato equitativo a las mujeres que integran las fuerzas policiales, sin discriminación en cuanto al goce de sus derechos funcionales. El principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación deben regir el sistema de protección de los derechos laborales de las fuerzas policiales.

Al mismo tiempo se requiere investigar y sancionar con rigor los abusos y los delitos que pudieran ser cometidos por miembros de la Policía, que debe ser depurada de elementos corruptos y criminales. Los miembros de la Policía que hubieren incurrido en actos delictivos deben ser juzgados por tribunales de la justicia ordinaria y, en caso de ser condenados, deben cumplir sus penas y reparar a las víctimas. Los delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son mucho más graves, porque pervierten la institución cuya función es  proteger a la sociedad de los delitos.

Señores y señoras,

La creciente privatización de la seguridad ciudadana pone en evidencia la debilidad de la institucionalidad que debería garantizar el respeto de los derechos humanos relacionados con el control de la violencia.

 Según el BID, en América Latina y el Caribe, se invierte entre el 8 y el 25 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en servicios de seguridad[22].

Las empresas que ofrecen servicios de seguridad se han reproducido y en muchos casos el número de personal supera las plazas con las que cuenta la policía. Así tenemos que, en el año 2008,  Costa Rica registró 628 empresas de seguridad con 19,558 agentes privados frente a 11,000 policías; El Salvador 192 empresas privadas de seguridad con 21,146 agentes privados y 16,899 policías; Guatemala 200 empresas de seguridad con 150,000 agentes privados y 19,974 policías; Honduras 60,000 agentes privados y 12,301 policías[23]; Nicaragua 98  empresas con 19,710 agentes y 11,633 policías; y Panamá 107 empresas de seguridad  con 30,000 agentes y 18,000 policías[24].

Los servicios privados de seguridad responden a la ley de la oferta y la demanda. A mayores índices de criminalidad, crece el mercado de la seguridad privada, acompañada de la demanda de armas de fuego y municiones, aumentando a la vez el riesgo de desvío al tráfico ilícito.

Es necesario regular el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad, establecer controles que brinden información al Estado sobre sus actividades, sobre los requisitos de selección y tipo de capacitación de quienes forman parte de ellas y sobre la identidad de sus propietarios, entre otros. La falta de registro legal de las empresas de seguridad privada y la inexistencia de control estatal ha contribuido a que muchas de estas se vean involucradas en acciones delictivas y ha facilitado la comisión de abusos.

Las  empresas de seguridad  se han convertido en una importante fuente de empleo, creándose incluso una situación ambigua en relación con las fuerzas de seguridad del Estado ya que a menudo los  policías, debido a sus bajos salarios, ejercen de agentes de seguridad privada en sus horas libres. Es esencial que  el Estado, como responsable de la seguridad ciudadana, no obvie estos puntos en el diseño e implementación de la política pública.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos marca la pauta en el sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a la promoción y la protección de los derechos humanos. En  América Central, la OACDH cuenta con una oficina de país en Guatemala  y la Oficina Regional para América Central en Panamá, además de un Asesor de Derechos Humanos en Honduras para trabajar con el equipo de país de las Naciones Unidas en dicho Estado.

La Oficina del Alto Comisionado tiene entre sus prioridades el tema central de todos los foros del día de hoy: la seguridad ciudadana.

¿Qué puede hacer la OACDH para apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos por  prevenir  la violencia? Aliada con otras agencias y departamentos del sistema de Naciones Unidas, con organismos regionales de derechos humanos, gobiernos y actores nacionales y locales, incluidas las instituciones nacionales de protección y las organizaciones de la sociedad civil, la OACDH puede entre otras cosas:

–Proporcionar asistencia en materia de reformas legislativas y políticas

A petición de los gobiernos, la Oficina puede asistir en los procesos de reforma legislativa con el fin de asegurar la compatibilidad de los proyectos de ley con los estándares internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la asistencia podría darse a construcción de políticas criminales eficientes y eficaces que integren un enfoque de derechos humanos y que,  lejos de debilitar al Estado, lo relegitimen y fortalezcan.  Se pueden integrar marcos de actuación coherentes tanto con los preceptos de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, como los contenidos en la Declaración Universal de los derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, de un lado; y los instrumentos internacionales en materia de la lucha contra la delincuencia organizada internacional, como la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la corrupción, el trafico de drogas y otros instrumentos internacionales relacionados.

–Apoyar el desarrollo de programas institucionales para la capacitación de jueces, abogados, fiscales, funcionarios de policía y personal penitenciario en la esfera de los derechos humanos

La Oficina ha publicado una serie de manuales de capacitación que pueden contribuir al diseño de estrategias de capacitación de los actores fundamentales de la administración de justicia.

– Apoyar el trabajo de las Defensorías del Pueblo

Existen muy buenas experiencias en este ámbito dentro de la región. La Oficina puede apoyar a las instituciones nacionales en este campo y contribuir al intercambio de experiencias.

– Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil son un pilar fundamental en toda política de prevención de la violencia. Mi Oficina tiene la intención de seguir trabajando con dichas organizaciones, reforzando su capacidad y contribuyendo a servir de enlace entre estas y los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Señoras y señores

¿Puede construirse una estrategia de seguridad ciudadana que no integre a los derechos humanos para vencer la impunidad y la violencia que desafían al  Estado de Derecho?

 No, no es posible.

“Para luchar contra la inseguridad, la violencia y el crimen, debemos atender primero sus causas estructurales y luego adoptar una estrategia integral, que abarque la prevención de la violencia, el control y la sanción, la rehabilitación y la protección de grupos en riesgo, y que esté firmemente basada en los derechos humanos de toda persona”.[25]

Se necesitan Estados fuertes y capaces, instituciones ágiles y eficaces que puedan movilizar y coordinar la acción para dar respuesta a las preocupaciones de la población, desarrollando al mismo tiempo relaciones de colaboración eficaces con la sociedad civil, el sector privado, y los medios de comunicación.

Cabe recordar que, tal como lo señaló el Secretario General de Naciones Unidas, en su informe Un Concepto más Amplio de Libertad: Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para Todos, la seguridad y los derechos humanos no sólo son indispensables sino que también se fortalecen recíprocamente.

Concluyo recordando las palabras de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: “el Estado solamente se hace fuerte cuando protege los derechos de su población. Únicamente mediante la protección de los derechos humanos la población depositará su confianza y brindará su apoyo al Estado y el brazo de la ley será capaz de alcanzar a todas las personas en todo el territorio. Los derechos humanos son la ruta y no el obstáculo para la seguridad, por más que las circunstancias sean adversas”.[26]

Muchas gracias