Objetivo General del Proyecto
Fortalecer la protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe mediante un enfoque regional que permita abordar de manera coordinada y eficaz los principales desafíos compartidos en la región. El proyecto busca ampliar el espacio cívico y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizar los derechos de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, y promover el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, mediante el fortalecimiento de capacidades, la generación de evidencia, la incidencia en políticas públicas y la articulación de actores clave a nivel nacional y regional.
- Expansión del espacio cívico y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Fortalecer los sistemas nacionales de protección, alineados con estándares internacionales e incorporando enfoques de género, interseccionales y medidas colectivas.
Reforzar las capacidades de actores estatales clave para prevenir, investigar y responder a ataques.
Potenciar las capacidades de la sociedad civil y redes regionales para monitorear, documenta e incidir, utilizando mecanismos de derechos humanos.
Consolidar sistemas regionales de información y análisis sobre ataques y riesgos, incluyendo la dimensión digital, para mejorar la prevención y respuesta.
Integrar la protección del espacio cívico en estrategias del sistema de Naciones Unidas y actores regionales.
- Promoción y protección de los derechos humanos de personas migrantes en situación de vulnerabilidad
Promover marcos normativos y políticas migratorias alineadas con estándares internacionales de derechos humanos.
Fortalecer la capacidad de monitoreo y documentación de violaciones de derechos humanos a lo largo de las rutas migratorias.
- Promoción del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible
Al fortalecer estos tres pilares, el proyecto busca generar un impacto regional sostenible que permita:
Sistemas de protección más sólidos y eficaces, que garantizan un espacio cívico abierto, seguro y participativo.
Gobernanza migratoria más humana y basada en derechos, que reduce vulnerabilidades y fortalece el acceso a justicia.
Políticas ambientales más inclusivas y sostenibles, que integran derechos humanos y protegen a quienes defienden el medio ambiente.
