Ginebra, 2 de junio de 2026 – Lamentamos profundamente la muerte bajo custodia estatal del líder y activista indígena Brooklyn Rivera. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a llevar a cabo una investigación pronta, imparcial y efectiva sobre su fallecimiento, ocurrido tras una prolongada detención arbitraria y desaparición forzada.
Los familiares fueron informados el 30 de mayo de que Rivera, un destacado líder miskito y presidente del disuelto partido Yatama, había fallecido después de más de 32 meses bajo custodia del Estado.
Rivera participó en mayo de 2023 en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, tras lo cual las autoridades nicaragüenses le impidieron regresar a Nicaragua. Fue reconocido como víctima de represalias por su cooperación con la ONU, según los informes del Secretario General de las Naciones Unidas de 2024 y 2025 sobre estas represalias.
Tras su regreso clandestino a Nicaragua, fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2023 y, pese a diversas solicitudes, las autoridades se negaron a reconocer su paradero y situación hasta su muerte, lo que constituye una desaparición forzada. Las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluido si tuvo acceso a atención médica adecuada, así como la secuencia exacta de los hechos que condujeron a su fallecimiento, siguen sin estar claras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado durante años sobre un patrón continuo de graves denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en las cárceles nicaragüenses. Desde agosto de 2025, nuestra Oficina ha registrado otros tres casos de muerte bajo custodia, que también parecen estar relacionados con las deficientes condiciones de detención y la insuficiente atención médica.
Instamos a las autoridades nicaragüenses a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que los centros de detención cumplan plenamente con las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Esto incluye proporcionar acceso a atención médica adecuada, notificar a los familiares y garantizar el acceso a representación legal y a un sistema de justicia independiente.
Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a restablecer el acceso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otros mecanismos de derechos humanos al país, y en particular a sus centros de detención.
Vocera: Marta Hurtado