Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin.
Solo en el mes de mayo, 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en todo el país, al menos 32 de ellas el 3 de mayo. En una noche, 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, que el Gobierno parece utilizar para silenciar a sus críticos. El Comité de Derechos Humanos ya planteó tales preocupaciones en 2022.
Durante las audiencias preliminares, ninguno de los 55 acusados tuvo un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua; y a otras tres monjas se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.
El obispo Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años por “socavar la integridad nacional” y “difundir noticias falsas”, se encuentra actualmente en “La Modelo”, una prisión en Tipitapa y no ha recibido visitas desde el 25 de marzo. La Oficina ha recibido información de que sus condiciones de prisión violan normas y estándares internacionales de derechos humanos, con higiene y saneamiento inadecuados, sin acceso a luz natural y sin permiso para pasar tiempo fuera de su celda.
Además, se les han congelado las cuentas bancarias al menos a tres de las nueve diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua luego de que la Policía Nacional informara que la institución estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de Nicaragua de ser una organización criminal que apoya lo que denomina «terrorismo» y la desestabilización del país.
Los días 9 y 11 de mayo, la Corte Suprema dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el Gobierno, incluidos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía en el país. Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades.
Más de 3200 organizaciones sufrieron la cancelación de su personería jurídica desde finales de junio de 2022. Algunos medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar.
Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
También instamos a las autoridades a restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018.
La Oficina de Derechos Humanos insta al gobierno a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho.
La Oficina de Derechos Humanos está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal constituiría un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU.
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