SANTO DOMINGO (22 de mayo de 2025) – El 95 % de los residuos siguen depositándose en vertederos a cielo abierto en la República Dominicana, según ha declarado hoy un experto de la ONU, quien ha reconocido que las recientes medidas gubernamentales y legislativas están allanando el camino para una mejor gestión de los residuos en el futuro.
«Esta es una transformación estructural que solo puede tener éxito con el compromiso de todas las partes interesadas: instituciones gubernamentales, empresas y ciudadanos», afirmó Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, en una declaración al término de una visita oficial a la República Dominicana.
Orellana afirmó que la aplicación por parte del Gobierno de la Ley de Residuos y del Plan Nacional para la Gestión de Vertederos de Disposición Final reflejaba la necesaria voluntad política.
«La sustitución progresiva de los vertederos por rellenos sanitarios contribuirá a reforzar esta dinámica positiva», afirmó.
Cada año se acumulan cerca de 300 000 toneladas de residuos plásticos. La Ley de Residuos exige a los productores que adopten medidas para recuperar y reciclar sus productos y que aumenten progresivamente el uso de material reciclado en sus procesos de fabricación.
El Relator Especial señaló que el sector privado, en particular, tenía un papel clave que desempeñar en la reducción de la producción de plástico y la contaminación, especialmente del “foam” y plásticos de un solo uso.
Orellana reiteró los llamamientos urgentes para que la comunidad internacional adopte un tratado internacional sólido para combatir la contaminación mundial por plásticos, en particular dada la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo expuestos a los residuos procedentes de otros lugares que son transportados por las corrientes oceánicas.
«Dicho acuerdo debería controlar y eliminar las sustancias químicas peligrosas añadidas a los plásticos, entre otros elementos clave para la protección del derecho a un medio ambiente saludable», afirmó el experto.
También reconoció el papel de liderazgo desempeñado por la República Dominicana en la negociación del Acuerdo de Escazú, un tratado histórico que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales en América Latina y el Caribe.
«Lamentablemente, la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de declarar inconstitucional el acuerdo en una sentencia de 2023 generó fuertes reacciones en la región, especialmente debido a los errores manifiestos del Tribunal en su lectura del acuerdo», afirmó el relator especial.
Orellana destacó el importante precedente sentado por la Constitución Nacional al prohibir la introducción en el país de agroquímicos prohibidos en sus países de origen, así como de residuos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, a pesar de la prohibición constitucional, señaló que los niños seguían expuestos a plaguicidas peligrosos en las escuelas.
«El país carece de sistemas de control adecuados para la comercialización y el uso de agroquímicos», afirmó el experto.
Orellana presentará un informe sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2025.
FIN
*El experto: Marcos A. Orellana, Del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
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Derechos Humanos de la ONU – Página de la República Dominicana
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