Intervención en el marco de la Audiencia Pública sobre El Salvador convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el tema de “las Consecuencias del Cierre del Espacio Cívico para las Personas Defensoras de Derechos Humanos” – 23 de julio de 2025.
Honorables Señoras Comisionadas y Señores Comisionados,
Señora Secretaria Ejecutiva y personal de la Secretaría,
Señores y Señoras de las Organizaciones No Gubernamentales
Estoy aquí para proporcionar un briefing a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma oral e informal y sin estar bajo juramento en relación con la temática convocada que refiere a las consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. Este briefing se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por lo tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, sus oficiales y expertos en misión, quedando expresamente reservados.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el espacio cívico, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que dicho espacio constituye el entorno que permite la participación activa de individuos y grupos en todos los aspectos de la vida social. Un espacio cívico dinámico exige un entorno abierto, seguro y protegido, libre de todo acto de intimidación, acoso o represalia. Las autoridades estatales, en los distintos niveles, desempeñan un rol fundamental en la configuración de ese entorno de participación en la sociedad, garantizando que las personas puedan influir en la toma de decisiones, organizándose, participando y expresándose libremente.
Por otra parte, el espacio cívico es un elemento esencial para la realización de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Así, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha destacado el papel fundamental de la sociedad civil, de las organizaciones de bases, de las personas defensoras de derechos humanos, y de periodistas en la promoción de los derechos humanos a través de la vigilancia y documentación de abusos y violaciones, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del estado de derecho. Análogamente, la Comisión Interamericana ha resaltado, entre otros, la importancia de la labor de las personas defensoras para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Actualmente, existen preocupaciones y desafíos importantes relacionados con el espacio cívico en El Salvador. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sobre los riesgos para el espacio cívico que conllevan la reciente adopción de la Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento. Esta normativa exige que personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento de donantes internacionales se registren como “agentes extranjeros”. Preocupan especialmente el lenguaje ambiguo de ciertas disposiciones, la tasa impositiva exigida, las sanciones contempladas en caso de incumplimiento y los amplios márgenes de discrecionalidad otorgados a la autoridad administrativa, elementos que podrían derivar en situaciones que restrinjan indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Esto puede repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Preocupaciones similares han sido expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de la acción penal y la aplicación del régimen de excepción en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, subrayando la necesidad urgente de que se respeten plenamente las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
En diferentes ocasiones, nuestra Oficina ha llamado a El Salvador a asegurar el respeto de las garantías judiciales.
Además, los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos han manifestado su preocupación sobre la situación de algunos defensores, advirtiendo que estos casos podrían tener un efecto disuasorio e inhibidor sobre otras organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos. Según diferentes informaciones, algunas organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas de El Salvador habrían suspendido o limitado sus operaciones o salido del país aludiendo el creciente debilitamiento del espacio cívico.
Valoramos el reciente diálogo interactivo que se sostuvo con El Salvador en el Consejo de Derechos Humanos durante el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal. Durante este proceso, los Estados expresaron sus apreciaciones y recomendaciones sobre la situación del espacio cívico y el diálogo entre la sociedad civil y El Salvador, lo que ofrece un marco de actuación concreto para fortalecer el espacio cívico en el país.
Las recomendaciones incluyen medidas orientadas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a la prevención de amenazas, actos de violencia —incluida la violencia de género— y otros riesgos asociados al ejercicio de su labor. Asimismo, se destaca la importancia de establecer un entorno seguro que les permita desempeñar su función en la sociedad sin temor a represalias. Entre las medidas señaladas también se encuentran garantizar la libertad de expresión y asociación, garantizando la inclusión de todas las voces en la vida política y pública, incluyendo las disidentes. Valoramos las recomendaciones aceptadas por El Salvador en este ámbito y le animamos a reconsiderar aquellas sobre las que han decidido tomar nota.
Honorables Comisionados y Comisionadas, Señores y Señoras de las Organizaciones No Gubernamentales, quisiera concluir mi intervención reiterando la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado para acompañar, en el marco de su mandato, al estado salvadoreño así como a los actores de la sociedad civil, y desarrollar nuestra asistencia técnica a fin de proteger y promover los derechos humanos en El Salvador, incluyendo a través de las recomendaciones relacionadas con el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal.
FIN