Experta y experto de la ONU hacen un llamado a los Gobiernos para adoptar medidas urgentes para proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en su respuesta a COVID-19

GINEBRA (3 de abril de 2020) – Los Estados alrededor del mundo deben adoptar urgentemente medidas incluyentes destinadas a proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en su respuesta nacional a COVID-19, tales como medidas preventivas, pruebas, tratamientos médicos, servicios de salud y asistencia social, dijeron un experto y una experta de la ONU hoy.

“Los Estados deberían también dar pasos hacia la regularización de las personas migrantes indocumentadas siempre que sea necesario, para facilitar su acceso a los servicios de salud durante la lucha contra la pandemia,” dijeron el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales y la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro.

“Las personas migrantes en situaciones irregulares, las que buscan asilo, las personas explotadas y víctimas de trata pueden estar en un riesgo particular de contraer COVID-19 dado que sus ambientes laborales o de vivienda pueden exponerlas al virus sin la protección necesaria,” dijeron.

“Estoy preocupado de que algunas personas migrantes, incluyendo las que buscan asilo, no tengan acceso a la mínima protección ante el contagio, ni siquiera agua limpia para lavar sus manos. Muchas viven en albergues sobrepoblados o centros de detención sin posibilidad de mantener una distancia física. Algunas personas migrantes trabajan en la agricultura o en sectores informales sin ninguna medida de protección,” dijo González Morales.

“Las personas que han obtenido permisos de residencia sobre la base de trata y tienen un trabajo o participan en programas de capacitación deberían estar autorizadas para obtener permisos a través de procedimientos fáciles. Dicha medida apunta a evitar la precariedad y a asegurar su pleno acceso al cuidado de salud,” añadió Giammarinaro.

“El experto y la experta de la ONU saludaron la decisión adoptada por algunos Estados de otorgar derechos temporales de residencia, incluyendo acceso a beneficios de salud y sociales, a personas migrantes, incluyendo solicitantes de asilo, en el contexto de la lucha contra la pandemia.

“Nadie debería ser dejado atrás en esta lucha global contra la pandemia. Los Gobiernos deben adoptar medidas que aseguren que cada persona en su territorio nacional, sin importar su estatus migratorio, sea incluida y tenga acceso a los servicios de salud para lograr una contención exitosa de la pandemia por COVID-19,” dijeron.

El Relator y la Relatora de la ONU también hicieron un llamado para una extensión automática de al menos seis meses para todos los programas de protección y asistencia para personas migrantes en situaciones vulnerables y víctimas de trata que estén cerca de su fecha de expiración, para asegurar la continuidad de los procesos de inclusión social de las sobrevivientes.

“La protección otorgada a niños y niñas cercanos a la adultez, no acompañados, debe también ser extendida por un período mínimo de seis meses. Se debe prestar particular atención a las instalaciones inadecuadas o sobre pobladas donde son alojadas las personas migrantes,” dijeron la experta y el experto. Los residentes de dichas instalaciones, ya sean abiertas o cerradas, deben contar con información accesible sobre el brote de COVID-19, consejos prácticos sobre cómo prevenir la infección y acceso a agua limpia, instalaciones de saneamiento y otros materiales preventivos.

“En instalaciones sobre pobladas, donde es imposible para todos los residentes practicar la distancia física, se deben identificar sedes alternativas y tomar en consideración liberar a quienes tengan un lugar donde quedarse en la comunidad. Es crucial establecer protocolos con los proveedores locales de salud para asegurar acceso a pruebas, consultas médicas y tratamiento de todos los residentes de las instalaciones migratorias,” dijo el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

“Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta ante la pandemia por COVID-19. Medidas incluyentes destinadas a proteger los derechos y la salud de toda la población, incluyendo todas las personas migrantes y víctimas de trata, sin importar su estatus migratorio, son urgentes y necesarias y pueden contribuir a la efectividad de las medidas nacionales generales contra COVID-19,” dijeron la experta y el experto de la ONU.

FIN

Sr. Felipe González Morales (Chile) fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como Relator Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y sirve de manera individual. Es profesor de la Universidad internacional de derecho Diego Portales, en Santiago, Chile, donde también es director del programa de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sra. Maria Grazia Giammarinaro (Italia) fue nombrada Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2014. Ha sido juez desde 1991 y actualmente sirve como juez en la Corte Civil de Roma. Fue Representante especial y coordinadora para el combate de la trata de personas de la OSCE, y sirvió en la Dirección general de justicia, libertad y seguridad de la Comisión Europea en Bruselas, donde fue responsable del combate contra la trata de personas y la explotación sexual de niños y niñas. La Sra. Giammarinaro redactó la Directriz de la Unión Europea sobre la prevención y el combate a la trata de personas y la protección de sus víctimas.


Las Relatorías Especiales y los Expertos Independientes son parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el más amplio cuerpo de expertos y expertas de derechos humanos en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo para investigación de hechos y monitoreo que atienden ya sea situaciones de país específicas o asuntos temáticos en todo el mundo. Los expertos y las expertas de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son parte del staff de la ONU y no reciben salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven de manera individual.