31 de marzo de 2026
Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos.
En virtud de estas disposiciones, los casos de niños y niñas condenados a cadena perpetua serán, por lo general, revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención. Este enfoque contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que los niños y niñas en conflicto con la ley sean tratados de una manera que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad se utilice solo como medida de último recurso y durante el período más breve posible.
La detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad.
También es esencial mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad.
FIN