Ginebra, 23 de mayo de 2025 – Nos preocupa seriamente la adopción de legislación en El Salvador que requiere a las personas naturales y jurídicas que reciben financiación de donantes internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. Tendrán que pagar un impuesto del 30% de su financiación y se arriesgan a fuertes multas y sanciones en caso de no hacerlo.
La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo, contiene un lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con algunas pudiéndose ver obligadas a interrumpir sus actividades.
Instamos a las autoridades salvadoreñas a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a que garanticen un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función esencial.
FIN
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