GINEBRA (16 de septiembre de 2026) – El poder está cada vez más concentrado en el poder ejecutivo y en el partido gobernante en Nicaragua, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al tiempo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que detalla el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país.
“El informe documenta la captura casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los mecanismos institucionales de control y equilibrio, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a violaciones o abusos de derechos humanos”, declaró el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”.
El informe, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ofrece una panorámica de la situación de los derechos humanos en el país entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026.
Según el informe, prácticamente no existe espacio para la participación cívica o política independiente, y el Estado ha continuado extendiendo la represión contra las voces disidentes más allá de las fronteras del país.
Las reformas constitucionales propuestas recientemente, ya aprobadas en primera legislatura por el Parlamento el 1 de septiembre, excluirían a las fuerzas organizadas de oposición de futuras contiendas electorales y pospondrían las elecciones por segunda vez, hasta 2028, al extender el mandato de varias autoridades electas, incluida la propia Presidencia, hasta un máximo de siete años.
El informe señala que el partido gobernante controla actualmente el poder legislativo, los 153 municipios del país y ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribeña. La Ley Orgánica N.º 1259, adoptada el año pasado, colocó organismos clave de supervisión bajo la autoridad presidencial, concentrando aún más el poder en el ejecutivo, debilitando los mecanismos institucionales de control y equilibrio y socavando el pluralismo político.
El informe también destaca el uso sistemático de la detención arbitraria como una herramienta central de represión estatal. Al final del período analizado, organizaciones de la sociedad civil informaron que al menos 46 personas permanecían detenidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también identificó al menos ocho casos en curso de desaparición forzada y cuatro casos de fallecimientos bajo custodia estatal.
El informe señala que estas cifras no son exhaustivas debido a la falta de acceso al país, la falta de disposición de las autoridades nacionales para cooperar y el temor a represalias entre víctimas y testigos, entre otras limitaciones. Las cifras reales podrían ser mayores.
Türk instó a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Durante el último año, otras cuatro organizaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el total de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años. Las autoridades también ordenaron el cierre de otro medio de comunicación, lo que eleva a al menos 56 el número de medios clausurados durante el mismo período.
“Ya casi no queda nada por cerrar”, afirmó el Alto Comisionado.
El informe subraya que periodistas, defensores de derechos humanos, críticos del Gobierno y personas percibidas como opositoras que viven en el exilio continuaron enfrentando graves formas de represión transnacional. Las autoridades nicaragüenses han recurrido ampliamente a represalias económicas contra quienes consideran opositores, incluidas la confiscación de bienes, la pérdida de pensiones o empleos y la negación del acceso a servicios sociales.
“Las confiscaciones judiciales de bienes han sido utilizadas sistemáticamente por el Gobierno como una herramienta para apropiarse de activos, empresas y propiedades de opositores políticos reales o percibidos, empresarios, incluidos extranjeros, organizaciones independientes, instituciones religiosas y determinadas entidades privadas”, señala el informe.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU instó a Nicaragua a cambiar de rumbo y a restablecer la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
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