Espacio Cívico y Derechos Humanos: Promoviendo los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en América Latina y el Caribe.
¿Qué es el espacio cívico?
El espacio cívico es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros:
- Acceder a la información,
- Participar en el diálogo,
- Manifestar disidencia o desacuerdo, y
- Unirse para expresar sus opiniones.
Un espacio cívico abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación, es un requisito indispensable para que el desarrollo y la paz sean sostenibles.
En la actualidad, el espacio cívico está sometido a presión. Se multiplican las leyes represivas, que acarrean mayores restricciones a la libertad de expresión, participación, reunión y asociación. Las nuevas tecnologías han contribuido al crecimiento de las redes de la sociedad civil, pero también han proporcionado a los gobiernos excusas para controlar los movimientos de esa sociedad y las libertades de la prensa, a menudo con el pretexto de la seguridad.
Los agentes de la sociedad civil, incluso los que colaboran con las Naciones Unidas, también se enfrentan a una ofensiva en el mundo entero. Los ataques que se llevan a cabo en línea y en el espacio físico, contra los defensores de derechos humanos, entre otros los periodistas y activistas del medio ambiente, siguen siendo cotidianos y en algunos lugares están empeorando. En los casos más extremos, los defensores de derechos humanos han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Encuentre más información sobre el rol de la OANCUDH en la promoción del espacio cívico en el siguiente enlace: Proteger y ampliar el espacio cívico de la Sociedad Civil | OHCHR
¿Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos?
No existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos se hace referencia a “los individuos, los grupos y las instituciones [que contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos” (cuarto párrafo del preámbulo). De acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo. Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado.
Las personas defensoras de derechos humanos más evidentes son aquellos cuya actividad cotidiana consiste concretamente en promover y proteger los derechos humanos, por ejemplo, los supervisores en esta materia que trabajan en organizaciones nacionales de derechos humanos, los mediadores o los abogados especializados en esos asuntos. Sin embargo, lo que más caracteriza a una persona defensora de los derechos humanos no es su título o el nombre de la organización para la que trabaja, sino el carácter de la actividad que desarrolla. No es fundamental que la persona de que se trate sea conocida como “activista de los derechos humanos” o que trabaje en una organización cuyo nombre incluya las palabras “derechos humanos” para que pueda calificarse de defensora de los derechos humanos.
En el desempeño de su actividad profesional, muchas personas actúan como defensoras de los derechos humanos y son remuneradas por ello. Sin embargo, muchas otras personas hacen lo mismo con carácter voluntario, sin recibir remuneración alguna. Las organizaciones de derechos humanos por lo general tienen recursos muy limitados, por lo que el trabajo de los voluntarios es inapreciable.
Para obtener más información en torno a esta temática, consultar el siguiente documento:
¿Por qué trabajar en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en América Latina?
Existe la necesidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos porque su labor, lamentablemente, es peligrosa. En efecto, la defensa de derechos humanos les expone a riesgos que amenazan su trabajo, sus organizaciones y su integridad personal y la de sus familias, particularmente en nuestra región. Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes trabajan por la promoción de los derechos humanos. Los riesgos a los que se enfrentan incluyen amenazas a su integridad física, ataques violentos a ellos, sus familias y sus organizaciones, el acoso litigioso, la criminalización, detención arbitraria y estigmatización, entre otros.
Las amenazas o ataques dirigidas en contra de personas defensoras constituyen violaciones de derechos humanos que amedrentan tanto a las víctimas como a sus comunidades en la labor de promoción de derechos. Ante ello, es deber de los Estados prevenir la comisión de actos violentos en contra de personas defensoras y protegerlas frente a las violaciones de sus derechos cometidas por agentes estatales y no estatales. Asimismo, es prioritario acabar con la impunidad de estos actos y asegurar que quienes sufren estos ataques puedan acceder a justicia, es decir, estos casos se investiguen y sean adecuadamente resueltos. Esta responsabilidad emana del deber que tiene todo Estado de proteger todos los derechos humanos (A/65/223, para 31).
Por su parte, las y los periodistas desempeñan un rol fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información, elementos esenciales para el desarrollo de sociedades democráticas. Sin embargo, su labor se ve frecuentemente amenazada por diversos actores hostiles que los atacan de forma violenta mediante amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. A estas agresiones que comprometen su seguridad e integridad física se suman otras formas de hostigamiento, como la vigilancia, el acoso judicial a través de demandas contra el interés público, la criminalización y los ataques digitales. Pese a que las cifras de violencia contra periodistas son alarmantes, los niveles de impunidad continúan siendo elevados. Lamentablemente, nuestra región, Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo.
Tanto las personas defensoras de derechos humanos como los profesionales del periodismo y las comunicaciones son actores fundamentales para la democracia, el estado de derecho, el pluralismo y el goce de los derechos humanos en la Región. Es por ello por lo que trabajar en su protección es prioritario.