A principios de este año, Media Defence y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) organizaron un taller para abogadas, abogados y litigantes, reuniendo a 19 abogados de 12 países latinoamericanos por tres días en Costa Rica para fortalecer las estrategias legales en la defensa de periodistas que enfrentan demandas, criminalización, acoso y violencia, tanto en línea como fuera de ella.
Desde que Media Defence comenzó a organizar los talleres en 2015, más de 400 abogados de más de 55 países han participado. La colaboración con el OACNUDH marca un paso importante.
“Esta alianza ha profundizado el impacto de nuestra más reciente capacitación legal en América Latina”, afirmó Carlos Gaio, Director Ejecutivo de Media Defence.
“La libertad de expresión es un derecho humano fundamental”, añadió Sara Nuero, Coordinadora del Proyecto de Estrategias Regionales de derechos humanos para América Latina y el caribe. “Es la base de las sociedades democráticas. Por eso nos hemos unido a Media Defence: para fortalecer la capacidad de los abogados de defender a periodistas a nivel nacional y mediante mecanismos internacionales de derechos humanos.”
Una Iniciativa Práctica en una Región Bajo Presión
América Latina alberga algunos de los proyectos de periodismo de investigación más ambiciosos del mundo, y también algunas de las condiciones más peligrosas para ejercerlo. En los últimos dos años, Media Defence ha apoyado 148 casos legales en 15 países, casi un tercio de su carga global, reflejando una región donde las presiones sobre la prensa siguen multiplicándose.
En toda la región, las autoridades están desplegando un arsenal creciente de herramientas legales y administrativas para obstaculizar la labor informativa de interés público. Leyes restrictivas sobre medios, sanciones administrativas, límites al financiamiento extranjero, auditorías fiscales punitivas, regímenes de registro forzado e incluso bloqueos de redes están transformando el panorama de manera que dificultan el periodismo de forma encubierta. Los participantes describieron una ola acelerada de retrocesos legislativos, en particular la adopción de leyes tipo “agente extranjero”.
Un participante de El Salvador, uno de varios países donde se aprobó recientemente este tipo de legislación, señaló que la nueva ley impone un impuesto del 30% sobre los fondos recibidos por periodistas de donantes internacionales. “Este tipo de legislación está diseñada para restringir la libertad de prensa”, dijo.
Las preocupaciones sobre la independencia judicial atravesaron todas las discusiones. En Brasil, la interferencia política se ha vuelto tan generalizada que, como dijo un abogado, “todo depende de la postura política del juez.” Al mismo tiempo, no son infrecuentes formas más abiertas de represión: detenciones arbitrarias, procesos por seguridad nacional y cargos penales por “noticias falsas” utilizados para silenciar la información crítica. Los periodistas han sido objeto de vigilancia intrusiva, acoso y ataques digitales. En algunos casos, han enfrentado desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales, siendo México el país más letal para la prensa fuera de zonas de guerra activa.
“Defender el periodismo es esencial para la democracia”, afirmó Sara Lidia Mendiola Landeros, Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica. “Especialmente en México, el país más peligroso y mortal para la prensa.”
Para las mujeres periodistas, el panorama trae desafíos interseccionales. La violencia de género y el abuso misógino amplifican las amenazas que enfrentan.
“La violencia contra las mujeres periodistas es como una doble violencia”, dijo Mendiola Landeros. “Son atacadas no solo por ser periodistas, sino también por ser mujeres.” El acoso sexualizado se extiende con frecuencia a familiares, y la presión constante está empujando a muchas mujeres a abandonar las plataformas digitales e incluso la profesión.
En varios países, incluidos Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, los funcionarios han adoptado una retórica política cada vez más hostil que retrata a los periodistas como “enemigos”, “agentes extranjeros” o amenazas a la seguridad nacional. Esta narrativa complica aún más el entorno de libertad de prensa, alimentando campañas de acoso, dando cobertura política a leyes represivas y aumentando el riesgo de violencia.
Estas dinámicas han obligado al menos a 913 periodistas de 15 países al exilio entre 2018 y 2024, mientras el espacio cívico se reduce y la persecución legal se intensifica. El taller para Abogados/as Litigantes en Costa Rica se organizó en respuesta a esta crisis creciente, no solo para los periodistas, sino también para quienes los defienden.
Muchos abogados ahora enfrentan amenazas, acoso y vigilancia debido a los casos que asumen. En este complejo panorama, fortalecer la defensa legal regional no es solo desarrollo profesional; es una intervención esencial para salvaguardar el periodismo independiente y el derecho del público a estar informado.
Estos talleres son más que entrenamientos técnicos. Crean espacios donde los abogados pueden perfeccionar estrategias, intercambiar conocimientos prácticos y construir redes de apoyo regionales.
Como señaló Carlos Gaio, los participantes comparten habitualmente precedentes, información y argumentos que fortalecen los esfuerzos de defensa ante tribunales nacionales y regionales.
El modelo: orientación experta, resolución colaborativa de problemas y vínculos con mecanismos regionales e internacionales, ayuda a los profesionales del derecho a responder de manera más efectiva a los desafíos que enfrenta el periodismo independiente.
Testimonios de los Participantes
Escucha directamente a los participantes en nuestras entrevistas en video mientras describen las presiones que enfrentan los periodistas en sus países y las estrategias que están utilizando para responder.O