Anticoncepción y Planificación Familiar – Informacion sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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Adolescentes – Informacion sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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Aborto – Informacion sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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Expertos de la ONU piden a Panamá no trasladar más detenidos a la base de la Isla Punta Coco

isla-punta-cocoGINEBRA (20 de Agosto de 2015) –Dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron hoy al Gobierno de Panamá a no trasladar más detenidos desde diferentes centros penitenciarios del país a la base del Servicio Nacional Aeronaval en la Isla Punta Coco, ubicada a 107 kilómetros al sur de la costa panameña.

“El traslado de privados de libertad a una base aeronaval que no reúne las condiciones sanitarias necesarias y que no depende del Sistema Penitenciario debe ser reexaminado”, señalaron los expertos Seong-Phil Hong, quien actualmente encabeza el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y el Relator Especial sobre la tortura, Juan E. Méndez

El pedido de los expertos de la ONU se produce ante el traslado de varios detenidos en los últimos dos meses, que comenzó con la trasferencia de José Cossio, Carlos Mosquera y Azael Ramos 24 de junio, desde los Centros Penitenciarios ‘La Chirola’ y ‘Nueva Joya’ a la base de la Isla Punta Coco.

“Estos traslados se realizaron sin orden de la autoridad competente y sin notificación alguna a los familiares y abogados de estas personas. El derecho de los detenidos a la comunicación con sus abogados y a preparar adecuadamente sus defensas se ve limitado debido a la distancia y al alto costo del traslado”, afirmó el Sr. Hong.

Las celdas de la Isla Punta Coco pertenecen al Servicio Nacional Aeronaval, cuerpo armado que depende del Ministerio de Seguridad, y no al Sistema Penitenciario, que es parte del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el Relator Especial Méndez llamó la atención sobre las condiciones de detención en la cárcel insular de Punta Coco, en las que se impide la comunicación entre los reclusos y se restringe el acceso al mundo exterior dadas las dificultades que enfrentan los familiares para desplazarse hasta la isla.

“Durante las visitas, los privados de libertad permanecen con grilletes en manos y pies. Además, se cree que padecen de diversos problemas estomacales debido al suministro de agua salobre. Sólo disponen de 40 minutos para salir al patio, de uno en uno, a lavar su ropa, y no todos los días. Las celdas carecen de luz eléctrica y no cuentan con ventilación adecuada”, dijo.

“Éstas condiciones equivalen a un trato inhumano y degradante”, recalcó el Sr. Méndez. “El confinamiento en solitario sólo debe ser utilizado como medida de último recurso en situaciones muy excepcionales, y observando un mínimo de salvaguardas y garantías”.

Los expertos hicieron un llamamiento al Gobierno de Panamá a que respete plenamente los derechos a la integridad física y psíquica de los detenidos transferidos a la Isla Punta Coco así como su derecho a la defensa, en conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por la República.

FIN

El Sr. Seong-Phil Hong (República de Corea) es el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Los otros miembros del Grupo de Trabajo son la Sra. Leigh Toomey (Australia); el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez (México), el Sr. Sètondji Roland Adjovi (Benin) y el Sr. Vladimir Tochilovsky (Ucrania). Para más información sobre el Grupo de Trabajo consulte: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

El Sr. Juan E. Méndez (Argentina) fue nombrado Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2010. El Sr. Méndez ha dedicado su carrera legal a la defensa de los derechos humanos, y cuenta con una larga y reconocida trayectoria de activismo en las Américas. Actualmente es Profesor de Derecho en American University Washington College of Law y Co-Presidente del Instituto de Derechos Humanos del International Bar Association. Para más información, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo son parte de lo que es conocido como el sistema de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el más grande cuerpo de expertos independientes en el Sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre que se da al sistema de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en un país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan sobre una base voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y su labor es no remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

ONU Derechos Humanos, página de país – Panamá: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/LACRegionLinks.aspx

Para más información y solicitudes de prensa consulte al Sr. Miguel de la Lama (+ 41 22 917 9289 / mdelalama@ohchr.org).

Para mayor información a los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, ONU Derechos Humanos – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

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Haciendo realidad las recomendaciones internacionales para los indígenas de religión Mama Tata en Panamá

indigenas_religion_mama_tata_ch_3Es 22 de julio de 2015, pobladores de Monte Virgen, una comunidad del distrito de Kusapin en la Comarca Ngäbe-Buglé, forman fila a la espera de ser atendidos por los registradores del Tribunal Electoral (TE). Gran cantidad de niños y niñas acompañan a sus madres para ser incluidos en el Registro Civil y aguardan para tomar la foto y estampar sus huellas en los dispositivos móviles del TE.

Días a tras se había anunciado, mediante la radio local, la llegada de la misión que registraría y cedularía a los habitantes de la comunidad y de las áreas aledañas.

A Monte Virgen se llega por lancha, atravesando la Laguna de Chiriquí y adentrándose en un manglar hasta alcanzar un pequeño muelle. Allí, los más pequeños se agolpan al ver la llegada de los visitantes.

En esta y en varias otras comunidades, un proyecto del TE y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), apunta a superar el sub-registro en la población indígena de fe Mama Tata, una religión sincretista cristiana que emerge entre la población ngäbe en los años 60. La mayoría de la población de Monte Virgen profesa esta fe.

La inscripción en el Registro Civil establece la existencia del niño o niña conforme a la ley y es crucial para salvaguardar muchos de sus derechos humanos. No estar registrado significa ser invisible: no tener un nombre, una nacionalidad ni una identidad legal.

“Subregistro 0”

El proyecto, que es financiado por del Fondo de Implementación del Examen Periódico Universal, surgió como parte del compromiso del TE para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos, que reiteradamente han señalado la obligación del Estado panameño de garantizar el derecho de todos los niños y niñas a ser registrados al nacer. El Comité para los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Grupo de Trabajo para el Examen Periódico Universal han insistido en la importancia de garantizar el derecho de los menores indígenas y afrodescendientes a ser registrados como base esencial para el reconocimiento del resto de sus derechos.

indigenas_religion_mama_tata_ch_2En el año 2011, el Tribunal Electoral inició, con el apoyo de UNICEF, algunos proyectos destinados disminuir el sub-registro de nacimientos en los territorios indígenas. Sin embargo, a medida que se avanzaba, se develaba una realidad: la resistencia de la población ngäbe de religión Mama Tata a registrar el nacimiento de sus hijos y a tener una cédula de identidad.

El Tribunal Electoral calcula que puede haber hasta 12,000 personas de fe Mama Tata, concentrados en áreas remotas de la comarca, sin registro de nacimiento, en su mayoría mujeres y niños.

Una investigación antropológica realizada por el proyecto conjunto TE-OACNUDH reveló que las razones que subyacen a la decisión de no registrarse están ligadas a varios factores, tales como: el desconocimiento de la utilidad que puede tener disponer de una cédula de identidad; algunas interpretaciones erróneas divulgadas en la comarca sobre las implicaciones del registro; y razones políticas. Éstas últimas se traducen en un rechazo a las instituciones del Estado como respuesta al abandono de los territorios indígenas y de su población.

Diálogo participativo

En el caso de Monte Virgen, la visita ha sido pactada con el líder religioso Mama Tata quien, tras conversar con el TE, ha comprendido la importancia de registrar y cedular a la población. Contar con la aprobación de los líderes religiosos es crucial. Para lograrlo, la institución cuenta con equipos de registradores en su mayoría ngäbes, conocedores de la cultura y el idioma indígena, un factor determinante debido a que la mayoría de la población sólo habla el ngäbere. De esa manera, se ha ido forjando la relación con los líderes Mama Tatas y el respeto a sus tradiciones así como a su libre determinación, a través del diálogo participativo para aclarar el mensaje.

“En un principio nos hemos enfrentado a la resistencia de algunos líderes religiosos que sienten amenazado su liderazgo cuando personas de fuera de la comarca hablan con su gente”, dice Bonifacio Bonilla Bururobo, Coordinador Regional Comarcal del Tribunal.

“Continuaremos conversando con ellos para explicarles cuáles son nuestros planes y objetivos”, indica, por su parte, Boris Alexis Corcho, Subdirector Nacional del Registro Civil de Panamá. “Lo que deseamos es que las comunidades que se encuentran apartadas tengan acceso al disfrute de los derechos humanos: salud, alimentación, educación, a ser reconocidos como personas, con su propia identidad porque igual vale el que está en el campo, en área indígena, como el que está en la ciudad”, agrega el funcionario.

indigenas_religion_mama_tata_ch_1“En ese sentido, la Representante Regional para América Central de la OACNUDH, Carmen Rosa Villa Quintana, indica que la importancia del proyecto ha sido fomentar el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y las autoridades indígenas para vencer la disparidad que afecta a los pueblos indígenas menoscabando sus derechos.

Los estándares internacionales de derechos humanos han reconocido el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo bajo sus propias tradiciones, ejerciendo estos derechos a través de sus instituciones políticas, sociales y culturales, por ello, es importante que los pueblos indígenas sean partícipes de las decisiones que les afectan, para que correspondan con sus necesidades y sus formas de vida”.

Un proceso en avanzada

Hasta el momento, el proyecto ya ha llegado a 8 comunidades en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. La ubicación de algunas comunidades es tan remota, que llegar a las mismas puede tomar más de tres días de camino. “A medida que avanzan las giras se descubre la existencia de otras comunidades en lugares lejanos, de entre 100 y 400 habitantes. El objetivo es cubrirlas al 100%”, afirma uno de los registradores del TE. La apreciación de Bonilla Bururobo es que la población ngäbe está entendiendo la importancia del registro de nacimientos. “Se trata de un proceso que va en avanzada”, afirma.

Para el señor Halls, secretario de la iglesia Mama Tata en Monte Virgen, las opiniones están divididas. Él, por ejemplo, cree en las ventajas de registrar los nacimientos de los niños, pero sostiene que hay otros grupos más conservadores que se niegan rotundamente. “Yo creo que es de bienestar para la comarca. Si se transmite, la gente seguirán bajando a buscar sus documentos”, señala.

 

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La participación de los pueblos indígenas es fundamental para el avance de sus derechos humanos

Mensaje del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas * y del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas **, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el domingo 9 de agosto 2015

GINEBRA (9 de agosto de 2015) -El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo ofrece a la comunidad internacional la oportunidad de reflexionar sobre las continuas preocupaciones sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los avances alcanzados hacia la consecución de los objetivos fijados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El tema de este año, “Agenda post 2015: Garantizar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas”, se centra en cuestiones fundamentales de importancia para la realización de todos los demás derechos humanos.

“Los niños y los jóvenes indígenas deben disfrutar de los más altos estándares posibles de salud física y mental. Es imposible discutir el derecho al desarrollo sin garantizar el derecho a la salud”, dijo Alexey Tsykarev, Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los temas de salud se ven agravados por el hecho de que los pueblos indígenas, a menudo, se encuentran en una posición socioeconómica desfavorecida. Ellos sufren de manera desproporcionada la pobreza infantil y el acceso limitado a la educación, en comparación con el resto de la población. Las mujeres indígenas, niños y personas con discapacidad están particularmente en riesgo de marginación.

Para los pueblos indígenas, el plantear sus temas en los foros internacionales es un medio de lucha contra la marginación, la denuncia de violaciones de los derechos humanos y la promoción de sus derechos y culturas. La participación de los pueblos indígenas en los procesos que afectan directamente a sus vidas también da mayor legitimidad al movimiento internacional de derechos humanos.

A medida que la Agenda de Desarrollo Post 2015 está siendo fijada por la comunidad internacional, es sumamente importante que las voces indígenas sean escuchadas.

“Los pueblos indígenas deben participar activamente en la aplicación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible en sus propios países como en los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que se están estableciendo. Nosotros también apoyamos firmemente la recopilación de datos desglosados ​​relevante a los pueblos indígenas, con el fin de evaluar mejor sus necesidades y problemas específicos”, dijo Legborsi Saro Pyagbara, Presidente del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

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Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas
Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2015

Este año en que las Naciones Unidas conmemoran su 70º aniversario podemos recordar los importantes avances conseguidos en favor de la humanidad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por las Naciones Unidas en 2007, fue uno de los numerosos éxitos logrados gracias a la colaboración fructífera entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Este año también marca un hito en el desarrollo humano. El plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio está llegando a su fin y estos serán sustituidos por la agenda para el desarrollo después de 2015, concebida para impulsar la inclusión y la prosperidad compartida. Esta agenda popular es un plan de acción concreto cuyo objetivo es acabar con la pobreza en todas sus dimensiones, de manera irreversible, en todas partes y con la inclusión de todos.

En este Día Internacional estamos centrando la atención en la salud y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. En la Declaración se afirma el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus prácticas sanitarias y a tener acceso a todos los servicios sociales y de salud para disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Debemos hacer todo lo posible para contribuir a la realización de los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas, como se afirma en la Declaración.

Los pueblos indígenas se enfrentan a numerosos problemas que afectan a su salud y su bienestar, la mayoría de los cuales son claramente evitables, como los servicios de saneamiento deficientes y las viviendas inadecuadas, la falta de atención prenatal, la violencia generalizada contra la mujer, las altas tasas de diabetes, el abuso de drogas y alcohol, el suicidio de jóvenes y la mortalidad infantil.

Estos problemas deben abordarse con urgencia en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015 de una manera culturalmente aceptable que se ajuste a las concepciones y las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de bienestar.

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Declaración de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Al celebrar el  Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo , este 9 de agosto 2015, miramos hacia atrás lo que se ha logrado en los últimos años y vemos lo qué se puede hacer para el futuro. Hace apenas un año, la Asamblea General de Naciones Unidas convocó la  Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y adoptó un  Documento Final por consenso.

Como Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tomo en serio los compromisos asumidos por los Estados en el  Documento Final de la Conferencia Mundial,  los Estados dijeron, “Nos comprometemos a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración y promover que se conozca entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los integrantes de los órganos legislativos, el poder judicial y la administración pública.”  Los Estados deben demostrar voluntad política y seriedad en el cumplimiento de sus compromisos y sus obligaciones de derechos humanos.

Casi 7 años han pasado desde la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  fue adoptada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas exigen que la  Declaración y el Documento Final de la Conferencia Mundial  sean correctamente implementadas. En mi calidad de Relatora Especial sigo recibiendo muchos informes de los pueblos indígenas sobre cómo sus derechos, consagrados en la Declaración de la ONU y el Convenio Nº 169 de la OIT, están siendo descaradamente violados no sólo por los estados, sino cada vez más por actores privados como las corporaciones empresariales.

Se ha fortalecido la afirmación de los pueblos indígenas respecto de sus derechos y su resistencia contra incursiones en sus tierras por las industrias extractivas y acaparadores de tierras. Sin embargo, aun continúan la violación sistemática de sus derechos, que van desde detenciones arbitrarias, el etiquetado de las organizaciones indígenas, líderes y activistas como terroristas y sus organizaciones como terroristas, las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Su falta de acceso a los servicios sociales básicos y la violación de sus derechos culturales siguen siendo espantosas.

La violencia contra las mujeres indígenas sigue siendo generalizada en muchos países. Los informes muestran una alta representación de mujeres indígenas en las cárceles, en países como Canadá, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, y en estos mismos países, la desaparición y asesinatos de mujeres indígenas es una cruda realidad. Muchos niños indígenas no pueden terminar la escuela primaria, y el acceso de las mujeres indígenas a los servicios de atención de salud es aún limitada. Todo esto socava el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se adoptarán próximamente.

El aumento de las inversiones extranjeras que llegan a muchos países exacerban aún más la pérdida de tierras y recursos de los pueblos indígenas y agravan la destrucción ambiental de sus territorios. Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas están empeorando debido a la continua aplicación del neoliberalismo y el extractivismo, así como el aumento de las inversiones extranjeras acordados en más de 2.700 tratados bilaterales de inversión (TBI). El derecho y la capacidad de los pueblos indígenas a perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural está todavía muy desafiados.

¿Dónde reside la esperanza para los pueblos indígenas?  Hay un número creciente de comunidades indígenas, organizaciones, instituciones y redes que están fortaleciendo sus capacidades para conseguir que los Estados y las empresas apliquen el Convenio 169 de la OIT y la y la Declaración de la ONU. Estos esfuerzos incluyen la sensibilización sobre sus derechos; diseño e implementación de sus propias vías de desarrollo; realización de mapeos participativos de recursos de la comunidad y el desarrollo de inventarios y uso de herramientas de monitoreo participativo para medir el grado de aplicación de los instrumentos jurídicos y los acuerdos de Objetivos de Desarrollo Sostenible; el uso y la transmisión de los sistemas de conocimientos tradicionales; emprender campañas sobre diversos temas y fortalecer sus propios movimientos en todos los niveles.

Insto a los pueblos indígenas para multiplicar estos esfuerzos. Deben utilizar más eficazmente los instrumentos jurídicos pertinentes y participar activamente con los mecanismos de la ONU sobre los pueblos indígenas. Estos incluyen el  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  y mi mandato, la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Insto a los Estados a implementar en serio la  Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio Nº 169 de la OIT  y los compromisos que asumieron en el Documento Final de Conferencia Mundial.  Una disminución sustancial de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas conducirá hacia  comunidades indígenas más pacíficas y mejores posibilidades de alcanzar los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los pueblos indígenas deben ser considerados como aliados y socios de los Estados y las Naciones Unidas, así como de otros organismos multilaterales, para abordar el cambio climático, detener la erosión de la biodiversidad, el fortalecimiento de la diversidad cultural y el logro de los ODS. Las contribuciones de los pueblos indígenas para abordar las crisis ecológicas y culturales globales no pueden y no deben ser subestimadas.

Insto a los órganos, agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas a implementar la Declaración de las Naciones Unidas y de sus propias políticas o directrices sobre cómo van a trabajar con los pueblos indígenas. La coherencia y la complementariedad entre todos ustedes en la aplicación de la Declaración y el desarrollo e implementación de un Plan de Acción sobre los pueblos indígenas, para todo el sistema, deben ser mejorados. El enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo y las  Directrices del GNUD sobre Cuestiones Indígenas deben guiar todo el trabajo que se hace con los pueblos indígenas.

También insto a las empresas a que se adhieran a las  Directrices sobre Empresas y Derechos Humanos y directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado.

Vamos todos a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, demostrando nuestra voluntad política colectiva para hacer frente a la grave brecha de implementación en relación con la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio Nº 169 de la OIT.

¡Vivan los pueblos indígenas de todo el mundo!

* * *

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas), es un defensora de derechos humanos que trabaja sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo durante más de tres décadas se ha centrado en la construcción de movimientos entre los pueblos indígenas y también entre las mujeres, y ha trabajado como educador-formador en materia de derechos humanos, el desarrollo y los pueblos indígenas en diversos contextos. Es miembro de los Kankana-ey, pueblos indígenas Igorot en la Región Cordillera en las Filipinas. Como Relatora Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y se desempeña en su capacidad individual.

 

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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examinará a Costa Rica

GINEBRA (30 de julio de 2015) – La situación de Costa Rica en la lucha contra la discriminación racial será revisada por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto en reuniones que se transmitirán en vivo en el canal: www.treatybodywebcast.org

Costa Rica es uno de los 177 Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, en sus siglas en inglés) y por lo tanto debe presentar informes periódicos al Comité integrado por 18 expertos independientes internacionales.

Las reuniones del Comité y una delegación del Gobierno de Costa Rica se  llevarán a cabo de las 15:00 hasta las 18:00 (07:00-10:00 en San José) el 5 de agosto y de 10:00 a 13:00 (02:00 a 05:00) el 6 de agosto en la Sala VII en el Palacio de las Naciones en Ginebra.

Entre los posibles temas para el debate se encuentran: investigaciones y acción penal en casos de discriminación racial; monitoreo de discriminación racial en medios y redes sociales; consulta efectiva con pueblos indígenas en el caso de los planes para construir el proyecto planta hidroeléctrico El Diquis; avance en la recuperación de tierra indígenas; medidas adoptadas para revisar libros de texto con imágenes, referencias, nombres o estereotipos, o cualquier otro elemento que denigre a los pueblos indígenas o a los descendientes de africanos.

Para mayor información, incluidos el informe escrito de Costa Rica y la información de las organizaciones no gubernamentales, visite: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en

El Comité publicará sus observaciones finales sobre Costa Rica y los demás países que está revisando – Colombia, Níger, Surinam, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República Checa, Noruega y los Países Bajos el 28 de agosto en la siguiente dirección:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en

Este año es el 50° aniversario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual se ha convertido en uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 21 de diciembre el 1965.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, por favor póngase en contacto con Liz Throssell (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org) o Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

Para más innformación sobre el CERD, visite:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx

La protección de sus derechos – Guía de los Órganos de Tratados de la ONU:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/TB_booklet_sp.pd

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La lucha contra la trata de personas no depende únicamente de la aplicación de la ley”, dice experta la ONU

Día Mundial contra la Trata de Personas

Jueves 30 de julio de 2015

GINEBRA (28 Julio 2015) – En declaraciones en vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas, la experta en derechos humanos de las Naciones Unidas Maria Grazia Giammarinaro llamó a realizar cambios radicales en las políticas y percepciones relacionadas con este tema. La Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, recuerda a los gobiernos del mundo que la lucha contra la trata no depende únicamente de la aplicación de la ley.

“Después de más de una década de esfuerzos dirigidos a la lucha contra la trata de personas, tenemos que reconocer que los resultados aún son modestos.  La gran mayoría de las personas que son víctimas de la trata -un estimado de 20 millones a nivel mundial- no son reconocidas como tales, y en consecuencia no tienen acceso a la justicia ni a reparaciones.

La trata es una explotación extrema –muchas veces en situaciones análogas a la esclavitud- de mujeres, hombres, niñas y niños que son social y económicamente vulnerables. Para hacer frente a estas graves violaciones de derechos humanos, es necesario un cambio al nivel de las políticas y de la percepción de la trata de personas.

Hasta el momento, la trata ha sido considerada como un problema fundamentalmente ligado a la aplicación de la ley. Hoy en día, debemos considerarla como un problema económico y social, vinculado a las tendencias mundiales, incluida la migración. En ese sentido, la prevención es clave.

Para prevenir la trata de personas, las autoridades nacionales deben tratar con un área más amplia de explotación que incluye la industria del sexo, la agricultura, la pesca, el trabajo doméstico, la ropa, y la industria turística.

Los gobiernos y el sector privado deben prevenir y combatir cualquier forma de explotación en el momento y el lugar en que se lleven a cabo, así como encarar los factores  que conducen a la explotación. Entre ellos, uno de los más poderosos es la falta de canales regulares para la migración.

En esa línea, la coherencia de las políticas es esencial: la lucha contra la trata es incompatible con las políticas migratorias restrictivas que colocan a las personas en situación de irregularidad y vulnerabilidad frente a la explotación y la trata.

Por otro lado, dentro de los flujos migratorios mixtos, un número creciente de personas migra para huir de los conflictos y crisis prolongadas. Se necesita una mayor cooperación internacional para asegurar que a las personas que tienen derecho a la protección internacional se les ofrezca una solución viable en algún país de su preferencia.

Sin embargo, en la actualidad, las personas que huyen de la persecución, la guerra u otras emergencias están entre las más vulnerables, y son a menudo expuestas a los riesgos de la trata. Esto incluye a los niños que viajan solos, a las mujeres y las niñas que son violadas durante el viaje y que son explotadas como prostitutas al llegar a destino, y a los hombres, mujeres y niños que son obligados a aceptar condiciones de trabajo inhumanas para sobrevivir.

Este es el cambio de políticas que se hace fundamental hoy en día: para prevenir la trata y defender los derechos de las víctimas, es necesario proteger los derechos de todos los migrantes y de todas las personas vulnerables, ya sean extranjeros o nacionales.

Una vez que alguien es reconocido como sujeto de explotación y/o trata, esta persona debe tener acceso inmediato a asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria, y formas de asistencia ajustadas a su medida, para que sean capaces de reclamar sus derechos.

Estas oportunidades se deben proveer sin ninguna condición. Ningún requisito legal debe establecerse, que de hecho nieguen a las personas explotadas y víctimas de la trata su derecho a acceder a la justicia y a posibles soluciones.

La trata ocurre porque existen grandes intereses económicos detrás de la explotación de las personas pobres en el mundo. Sin embargo, esto puede detenerse si la gente de buena voluntad -personas poderosas así como simples ciudadanos- sienten que la trata es moral y socialmente inaceptable, y adoptan medidas contra la explotación, la injusticia y las violaciones de los derechos humanos”.

FIN

Maria Grazia Giammarinaro (Italia) fue nombrada Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2014, para promover la prevención de la trata de personas en todas sus formas, y fomentar medidas para mantener y proteger los derechos humanos de las víctimas. Giammarinaro ha sido jueza desde 1991 y actualmente se desempeña como Jueza de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal de Roma. Ella fue la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la OSCE, y sirvió en la Dirección General de la Comisión Europea de Justicia, Libertad y Seguridad, en Bruselas, donde fue responsable de la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños. Elaboró ​​la Directiva de la UE sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas. Para más información, ingrese a: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre genérico que reciben los mecanismos de investigación y monitoreo independiente del Consejo que tratan las situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Las y los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título personal.

Para más información y solicitudes de medios de comunicación, por favor póngase en contacto con Nathalie Stadelmann (+41 22 917 9104 / nstadelmann@ohchr.org ) o escriba a srtrafficking@ohchr.org

Para preguntas de los medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

*Traducción: ACNUDH América del Sur

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Las acciones recientes del Gobierno de Belice muestran desconocimiento de los derechos de la propiedad del pueblo maya

Belize Government’s recent actions show troubling disregard for Maya property rights, UN expert warns

GENEVA (7 July 2015) –The United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli-Corpuz, urged the Government of Belize to ensure respect for the rights of the country’s Maya people to non-discrimination and traditional property.

“Under international human rights standards, indigenous peoples have the right to use, develop and also to control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership”,  Ms. Tauli-Corpuz emphasized.

The independent expert’s call comes after the arrest of 12 Maya people and local leaders charged with unlawful imprisonment for their actions to remove a non-Maya individual, Rupert Myles, from their village lands.  Mr. Myles was allegedly building a housing structure on ancient Maya ruins in the village of Santa Cruz, in violation of Maya customary law and apparently despite repeated requests for the removal of the structure.

“It appears as though the repeated requests to local police by Santa Cruz village leaders for assistance in removing the individual from the archaeological site within their village lands, went ignored,” the Special Rapporteur noted. “I am concerned by the inaction of the Government of Belize to assist Maya villagers to protect their property rights in the face of threats to those rights.”

Santa Cruz is one of some 39 Maya villages within the Toledo District of Belize, whose rights to traditional lands have been affirmed by the legal system in Belize, including most recently in April 2015 by the Caribbean Court of Justice, the highest court of appeals in the Belize legal system.

“The Maya village of Santa Cruz holds customary rights to its village lands which the government must respect and protect, as affirmed by a 2007 decision of the Supreme Court of Belize,” Ms. Tauli-Corpuz noted.

The Special Rapporteur urged the Government to establish a dialogue with Maya leadership and discuss outstanding issues of concern regarding this case, as well as the broader land tenure situation of the Maya people, in a spirit of partnership and mutual respect. “The current situation of conflict and mistrust cannot be allowed to persist,” she added.

The Santa Cruz incident – Background

According to reports, Mr. Myles, a non-Maya individual, has been constructing a house on the archaeological site of Uxbenka –an ancient Maya temple in the village of Santa Cruz– including the alleged bulldozing of a portion of the site to create a driveway. Mr. Myles has reported that he had followed procedures to live in the village.

On Saturday, 20 June, Santa Cruz villagers detained Mr. Myles when he interrupted a fajina (traditional meeting). Villagers allege that he stated that he had a firearm in his car and that he proceeded to approach his vehicle. He was released by the villagers later that day.

Among the Maya people arrested and charged with Mr. Myles’s unlawful imprisonment were the Alcalde (major) of Santa Cruz, Manuel Pop, and Cristina Coc, spokesperson for the Maya Leaders Alliance, an association which represents the Toledo Alcaldes Association (TAA) composed of the elected Alcaldes from the 39 Maya villages within the Toledo District of Belize were also arrested and charged with unlawful imprisonment.

ENDS

The Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Ms. Victoria Tauli-Corpuz (Philippines), is a human rights activist working on indigenous peoples’ rights. Her work for more than three decades has been focused on movement building among indigenous peoples and also among women, and she has worked as an educator-trainer on human rights, development and indigenous peoples in various contexts. She is a member of the Kankana-ey, Igorot indigenous peoples in the Cordillera Region in the Philippines. As Special Rapporteur, she is independent from any government or organization and serves in his individual capacity. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

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