Los derechos a la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben ser protegidos en la respuesta ante COVID-19: Comunicado conjunto de ACNUR, OIM, OACNUDH y OMS

De cara a la crisis por COVID-19, todas las personas somos vulnerables. El virus ha demostrado que no discrimina – pero muchas personas refugiadas, desplazadas forzosamente, apátridas y migrantes enfrentan un riesgo mayor.

Tres cuartas partes de las personas refugiadas en el mundo y muchas migrantes se encuentran en regiones en desarrollo donde los sistemas de salud están ya sobrepasados y subcapacitados. Muchas viven en campos sobrepoblados, asentamientos, refugios improvisados o centros de recepción, donde carecen de un adecuado acceso a los servicios de salud, agua limpia y saneamiento.

La situación de las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en lugares de detención formales e informales, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, es particularmente preocupante. Considerando las letales consecuencias que un brote de COVID-19 tendría, deberían ser liberadas sin demora. Niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes deberían ser inmediatamente liberadas.   

Esta enfermedad puede ser controlada sólo si hay un acercamiento inclusivo que proteja todos los derechos a la vida y la salud. Las personas migrantes y refugiadas son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, el estigma y la discriminación, particularmente cuando no tienen documentos. Para prevenir una catástrofe, los gobiernos deben hacer todo lo que puedan para proteger los derechos y la salud de todas las personas. Proteger los derechos y la salud de todas las personas de hecho ayuda a controlar la diseminación del virus.  

Es vital que todo mundo, incluyendo a todas las personas migrantes y refugiadas, tenga asegurado igual acceso a servicios de salud y esté efectivamente incluido en las respuestas nacionales al COVID-19, incluyendo prevención, pruebas y tratamiento. La inclusión ayudará no sólo a proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes, sino también la salud pública y a detener la diseminación global de COVID-19. Si bien muchas naciones protegen y acogen poblaciones de personas migrantes y refugiadas, a menudo no están equipadas para responder a crisis como la que representa el COVID-19. Para asegurar que las personas refugiadas y migrantes tengan un acceso adecuado a los servicios nacionales de salud, los Estados pueden necesitar apoyo financiero adicional. Aquí es cuando las instituciones financieras mundiales pueden jugar un rol de liderazgo poniendo fondos a disposición.

Mientras los países cierran sus fronteras y limitan los movimientos transfronterizos, hay maneras de administrar las restricciones fronterizas de manera tal que se respeten los estándares internacionales de derechos humanos y de protección de personas refugiadas, incluyendo el principio de no devolución, a través de cuarentenas y revisiones de salud.

Más que nunca, y dado que el COVID-19 plantea una amenaza global a nuestra humanidad en colectivo, nuestro foco principal debería ser la preservación de la vida, independientemente del estatus. Esta crisis demanda un acercamiento coherente, efectivo e internacional que no deje a nadie atrás. En este momento crucial, necesitamos unirnos alrededor de un objetivo común, luchar contra este letal virus. Muchas personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes cuentan con habilidades y recursos que también pueden ser parte de la solución.

No podemos permitir que el miedo o la intolerancia socave los derechos o comprometa la efectividad de las respuestas ante la pandemia global. Estamos en esto juntos, juntas. Sólo podremos derrotar este virus si cada uno de nosotros y de nosotras está protegido y protegida.

FIN

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Traducción de ONU-DH, región Latinoamérica.



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