Hallazgos y recomendaciones preliminares del Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional al final de su visita a Costa Rica

San José (2 de marzo, 2022) – Al final de su misión a Costa Rica, el señor Obiora C. Okafor, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional entregó la siguiente declaración:

“Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al Gobierno de Costa Rica por invitarme a su país para realizar mi cuarta visita oficial como Experto Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional y por su gran apoyo y cooperación antes y durante mi estancia, así como al Equipo de País de las Naciones Unidas y a las agencias presentes en el país.                   

Durante mi vista oficial Costa Rica del 21 de febrero al 3 de marzo de 2022, tuve el honor de reunirme con el Ministro interino de Relaciones Exteriores ; el Ministro de Planificación y Políticas Económicas; varios Vice-ministros (en la Presidencia y de los Ministerios de Desarrollo Humano e Inclusión Social, de Gobierno; de Migración, Hacienda) así como muchos oficiales de alto nivel de varios ministerios, agencias del gobierno y algunas comisiones. tuve el honor de reunirme con el Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Institución Nacional sobre Derechos Humanos. También tuve reuniones con académicos en la Universidad para la Paz, la cual tiene el apoyo de las Naciones Unidas (UPEACE), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos e INALUD. Finalmente, me reuní con el Equipo de País de las Naciones Unidas, representantes de Embajadas y donantes presentes en el país, así como varias organizaciones de la sociedad civil. Además de estas reuniones formales, también realicé visitas a la Ciudad Albergue de San José, al asentamiento La Carpio (donde visité la fundación SIFAIS), al Parque de la Libertad y a Guatuso, en la provincia de Alajuela (donde visité varios proyectos ambientales llevados a cabo por mujeres y comunidades indígenas, apoyados por agencias gubernamentales como FONAFIFO y FUNBAM).

Mis objetivos durante mi visita fueron principalmente aprender más y obtener una comprensión directa de temas relacionados con la experiencia y práctica de la solidaridad internacional de los derechos humanos, incluyendo los esfuerzos positivos que se han logrado en esa dirección y los desafíos pendientes. Me interesó especialmente aprender sobre cómo Costa Rica incorpora los derechos humanos en sus reflexiones e acciones en la solidaridad internacional y también cómo sus programas e iniciativas contribuyen a la promoción de un enfoque de solidaridad internacional de los derechos humanos para atender muchos de los retos globales que enfrenta actualmente el planeta. Esto incluye – pero no se limita – a la cooperación para el desarrollo, cambio climático y protección del ambiente, COVID-19 y problemas relacionados con la pandemia, migración transfronteriza, problemas de los refugiados y la inclusión social dentro de la sociedad costarricense.

Costa Rica tiene una larga tradición en la práctica la solidaridad internacional en derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Me impresionó el fuerte y tradicional énfasis en el multilateralismo en la política exterior del país, lo que le ha permitido al país destacarse como un referente seguro y pacífico en una región con una historia turbulenta. Asimismo, el gran énfasis que hace Costa Rica de los programas y la protección social, particularmente en educación, salud, vivienda y protección ambiental es algo digno de encomio y aliento. También observé la importancia que le adjudica el gobierno y el pueblo de Costa Rica a las necesidades históricamente incumplidas a comunidades y personas, tales como las poblaciones indígenas, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, las mujeres, los afro-descendientes y las personas LGBTI.

Recientemente, Costa Rica ha estado a la vanguardia por su forma de manejar la pandemia y sus efectos en la población, en parte por su robusto sistema de salud y al permitir un acceso gratuito y (eventualmente) universal a las vacunas contra el COVID-19, incluyendo a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo (aun a los no documentados). El modelo estatal de bienestar de Costa Rica está diseñado para brindar seguridad social básica y protección social, además del acceso universal a la educación, el cuidado de la salud, las vacunas y la vivienda a sus ciudadanos y residentes. Este modelo para la asignación de recursos le ha permitido a Costa Rica, durante décadas, crecer como uno de los países más estables y desarrollados de toda la región centroamericana y convertirse en un país de ingreso medio-alto. Sus logros socio-económicos fueron reconocidos recientemente por su adhesión a la OCDE.

Se puede destacar que Costa Rica ha  continuado recibiendo una gran cantidad de migrantes y refugiados (comparada con sus pequeña población), no solo de países vecinos sino también de otros países latinoamericanos y otras regiones del mundo y, ha creado una cantidad de categorías de regularización para extender su capacidad de brindar socorro a más migrantes y solicitantes de asilo. De hecho, Costa Rica ha sido por mucho tiempo un país que le ha dado la bienvenida a personas que huyen de persecución, así como ha sido un franco defensor  de los principios de los derechos humanos y la democracia en la escena internacional.

Estos principios permanecen el corazón de su política exterior. De este modo el país ha tenido un papel de liderazgo entre las naciones en la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo el avance de la igualdad de género; el combate a la discriminación y la xenofobia y la promoción de los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, afro-descendientes, personas LGBTI y otros grupos minoritarios.

También pude ver de primera mano los numerosos esfuerzos e iniciativas tomados por todas las partes interesadas por proteger el ambiente y mitigar el impacto del cambio climático con varios proyectos relacionados para abordar los derechos y necesidades de comunidades indígenas, áreas rurales y mujeres. Estos proyectos ayudan a reforestar el país y proteger la biodiversidad. Costa Rica ha sido innovadora cuando se trata de vivir en una forma más sostenible y amigable con el ambiente. Me complació escuchar durante mi visita sobre las muchas políticas y medidas innovadoras que se están implementando para asegurar una sociedad más sostenible en el país y el extranjero. Esta es una contribución importante a la solidaridad internacional de derechos humanos en el área de cambio climático y el ambiente. Es algo que se debería replicar en países con una situación parecida en todo el mundo.

También me impresionaron durante mi visita, los esfuerzos locales e internacionales de Costa Rica para el avance de la solidaridad internacional de derechos humanos. Costa Rica ha estado a la vanguardia al participar con otros países, organizaciones regionales e internacionales para intercambiar buenas prácticas y desafíos, incluyendo iniciativas Sur-Sur y Triangulares.

En forma similar, la comunidad ha tenido un papel importante al tratar las necesidades en áreas de derechos humanos claves, entre ellos la migración y los solicitantes de asilo, el acceso al cuidado de la salud (incluyendo los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19) y el cambio climático y la protección del ambiente y el empoderamiento de comunidades y grupos históricamente no respetados. Esto se ha logrado mediante el apoyo del Desarrollo e implementación de las políticas nacionales, los planes y programas y cooperación con organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica. Creo firmemente que el papel de las organizaciones de la Sociedad civil y su cooperación con las autoridades, donantes y otros actores relevantes en estas y muchas otras áreas temáticas.

También elogio los esfuerzos realizados por el gobierno de Costa Rica y por varias organizaciones de la sociedad civil y negocios privados para avanzar los principios de derechos humanos y la protección social en sus trabajos, en particular, para promover una mayor integración de las mujeres, poblaciones indígenas, afro-descendientes, migrantes y refugiados en el mercado laboral. También acojo los esfuerzos realizados por todos los niveles del gobierno para integrar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todas las áreas de las políticas y desde un punto de vista de los derechos humanos. Animo a las autoridades a continuar sus esfuerzos para supervisar y evaluar la implementación de la Agenda 2030 en todas las leyes, políticas, regulaciones, planes de acción y programas de Costa Rica.

El Poder Judicial del gobierno de Costa Rica debe ser reconocido por su compromiso y sus esfuerzos sistemáticos para apoyar el avance de las leyes, políticas, programas y actividades que conlleven a un mayor disfrute de los derechos humanos y la protección social en el país, especialmente en el caso de las personas que pertenecen a comunidades y grupos que han sido históricamente marginados, así como de la cooperación internacional. Les insto a expandir y profundizar esos esfuerzos con el fin de cerrar las brechas que aún existen.

También me impresionó la franqueza de las discusiones con mis muchos interlocutores del
Gobierno, la sociedad civil, y las organizaciones internacionales, en diálogos abiertos y siempre constructivos sobre los desafíos que enfrenta actualmente el país en las áreas de enfoque de esta visita.

Uno de los desafíos que identificaron con frecuencia mis interlocutores del Gobierno, las agencias de la ONU y la sociedad civil es el hecho de que Costa Rica es ahora considerado un país de renta alta-media y es miembro de la OECD. Aunque esto es importante de reconocer en términos de el éxito que implica en cuanto a desarrollo y crecimiento económico, también ha generado una disminución en el acceso a asistencia internacional para el desarrollo y otras formas de cooperación internacional recibida de donantes, todo esto en un momento en que ha aumentado la necesidad de contar con apoyo (en parte debido al impacto económico de la pandemia del COVID-19, la presión acentuada sobre el país por los flujos de migrantes y refugiados, tanto en tránsito como destino, de países vecinos y otros países latinoamericanos, y la prevalente pobreza de aproximadamente el 23% de su población).

Esta situación ha tenido impactos particularmente negativos sobre la capacidad del país de apoyar el número cada vez mayor de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se procesa. Por ejemplo, existen planes para establecer un centro de migración en el norte del país, pero éste no se ha implementado debido a una brecha de recursos. Los grupos de la sociedad civil han reportado brechas significativas en el campo de la protección social de los migrantes y refugiados que es importante abordar.

Debido al número insuficiente de autoridades que procesen las solicitudes, los migrantes y refugiados también experimentan largos retrasos antes de que se determine la decisión sobre sus solicitudes de regularización de estatus. A pesar de un reciente Decreto Presidencial que reduce las tarifas que cobra el Gobierno a los migrantes y refugiados por su proceso de regularización, éstas siguen siendo prohibitivas para la gran mayoría de ellos, que en muchos casos no cuentan con un empleo a pesar de tener acceso a permisos de trabajo. Escuché que el acceso de migrantes y refugiados a los servicios sociales (como salud y educación pública) a menudo es un impedimento debido a la falta de conocimiento por parte de los servidores civiles relevantes y el sector privado (incluyendo potenciales empleadores).

El cierre de las fronteras durante el confinamiento impuesto para abordar la pandemia de COVID-19 implicó que muchos migrantes y refugiados no pudieran cruzar al país, y los ya presentes en el país se vieron obligados a enfrentar condiciones socioeconómicas más difíciles, lo que representa un reto adicional que Costa Rica debe abordar, incluyendo a través de una mayor cooperación con los países vecinos. De manera similar, al igual que en otros países, el confinamiento exacerbó inequidades existentes en la sociedad costarricense (especialmente en términos de acceso a servicios de salud, ingresos, y educación digital).

También escuché que las mujeres, los pueblos indígenas, los afro-descendientes y las personas LGBTI siguen enfrentando discriminación en muchas áreas, y que el aumento en el flujo entrante de migrantes y refugiados de los países vecinos y de más allá ha llevado al surgimiento de un discurso xenofóbico y de odio, particularmente en las redes sociales. Se deben seguir haciendo esfuerzos por parte de todos los actores para combatir esta tendencia tan preocupante.

Aunque Costa Rica es un ejemplo en materia de cambio climático y protección ambiental y ha estado a la vanguardia en muchas iniciativas para combatir el cambio climático, la mayoría de las acciones que se han tomado hasta la fecha se relacionan con medidas de mitigación del cambio climático, y no son muchas las que cuentan con programas de adaptación climática. Se necesita – con mayor asistencia internacional – balancear el enfoque que se tiene en este sentido para proteger mejor a las personas que se encuentran en regiones del país que son particularmente vulnerables al cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la deforestación.

Estos desafíos que enfrenta Costa Rica también deben ser abordados en mayor medida por la comunidad internacional como una expresión de su solidaridad internacional hacia el país, aún más al considerar que Costa Rica siempre ha mostrado un compromiso de expresar su solidaridad internacional a otros países y pueblos. En este espíritu de la cooperación internacional, se debe dirigir mayor financiamiento y asistencia para ayudar a Costa Rica a brindar apoyo a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y darle acceso a servicios sociales básicos a más de ellos (como salud, educación y un ingreso básico). La comunidad internacional también tiene un rol significativo en los esfuerzos gubernamentales para asegurar mayor empleo para estos grupos. Dicha asistencia internacional es también necesaria para reducir los largos retrasos que experimentan los miembros de estos grupos cuando desean tener acceso a los programas sociales, esto debido a que algunas agencias no cuentan con los recursos adecuados.

La contribución de los migrantes y refugiados a la sociedad costarricense también se debe reconocer en gran medida, ya que estos grupos han tenido un papel positivo en el desarrollo socioeconómico del país por muchas décadas, contribuyendo con hasta el 20% del PIB del país a pesar de representar solo el 9% de la población.

También se debe dar acceso a la tierra a los grupos que históricamente han estado en desventaja, como los pueblos indígenas, los afro-descendientes y las mujeres. Escuché que muchos afro-descendientes han enfrentado la amenaza o la realidad de perder sus tierras. Se debe hacer todo el esfuerzo posible por volver a abordar esta situación. Como lo recomendaron otros expertos y autoridades de la ONU que visitaron Costa Rica en el pasado, también se debe facilitar el otorgamiento de títulos de propiedad formales a los afro-descendientes que han vivido en sus tierras en muchos casos por generaciones, y a los migrantes y refugiados que han construido sus casas bajo circunstancias muy difíciles y que sean logrado integrar exitosamente a la sociedad costarricense.

Es importante tomar más acciones para asegurar que las personas y grupos que históricamente han estado en desventaja, como las mujeres, los grupos indígenas, los afro-descendientes, y las personas LGBTI vivan en una sociedad libre de discriminación, violencia y discursos de odio dirigidos contra ellos.

La pobreza sigue siendo un tema serio en el país, donde un 23% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, una situación que se vio exacerbada con la pandemia. Aunque en las últimas décadas Costa Rica ha mejorado significativamente su economía, la desigualdad en la distribución de ingresos en el país ha empeorado notablemente.

Mi visita a Costa Rica ha sido muy productiva y fructífera. Los comentarios anteriores son preliminares y no tienen un alcance integral. Prepararé mi informe completo y detallado de la visita con recomendaciones para el Gobierno y otros actores y lo presentaré al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

Les agradezco por su asistencia y ahora vamos a escuchar las preguntas que puedan tener”.

FIN

Acerca del mandato del Experto Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.



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