GINEBRA (22 de abril de 2020) – Las medidas de inamovilidad y cuarentena impuestas frente a la pandemia de COVID-19 plantean amenazas y desafíos especiales a los sistemas judiciales independientes, dijo hoy el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, al publicar hoy siete pautas clave para asegurar que jueces, funcionarios judiciales, fiscales y abogados mantengan los sistemas judiciales en funcionamiento.
“La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad”, dijo.
El experto señaló que, a medida que la crisis de salud mundial erosiona la estabilidad económica y social, aumenta el riesgo de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.
“Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios” destacó. “Podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo”.
García-Sayán también dijo que el enorme riesgo que plantea la congestión penitenciaria en la mayoría de países debe llevar a impulsar medidas alternativas a la privación de libertad, detenidos políticos y detenidos por delitos menores.
“Los jueces, magistrados, fiscales y su personal auxiliar, deben recibir una atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, dado que tienen que participar en las audiencias, interactuar con los abogados y estar en contacto con varias autoridades y grupos”, enfatizó el experto.
“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que decidir asuntos relacionados con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Las cuarentenas y el ‘distanciamiento físico’ no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso”, dijo el Relator Especial.
FIN
El Sr. Diego García-Sayán asumió sus funciones como Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en diciembre de 2016. Anteriormente fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia trabajando en temas de derechos humanos en una variedad de entornos, incluso para las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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