Bachelet alienta a Costa Rica a continuar creando espacios de diálogo y participación social

SAN JOSÉ (5 de diciembre de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, culminó el jueves su visita oficial de tres días a Costa Rica, reconociendo los logros realizado en materia de derechos humanos por el país y alentándole a seguir abriendo espacios de participación social y a adoptar políticas que implementen la agenda de derechos humanos.

Esta fue la primera visita de un Alto Comisionado a Costa Rica. Durante su estancia, Bachelet sostuvo reuniones con el Presidente Carlos Alvarado, autoridades del poder ejecutivo y judicial, diputados de la Asamblea Legislativa y la Defensora de los Habitantes. Asimismo, la Alta Comisionada conversó con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cuerpo diplomático, el equipo de país de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas, sindicatos y jóvenes activistas.

La Alta Comisionada también inauguró el seminario regional sobre empoderamiento y participación política de mujeres afrodescendientes, en conjunto con la Vicepresidenta Epsy Campbell. El seminario fue organizado por su Oficina con el auspicio del Gobierno de Costa Rica, y se enmarca en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015 – 2024.

En una de sus intervenciones, Bachelet manifestó que la invisibilidad de las mujeres afrodescendientes en los espacios de toma de decisión es una consecuencia de la discriminación estructural de las sociedades latinoamericanas.

“Tenemos que deshacernos de ideas infundadas de superioridad racial y de género que venimos acarreando durante siglos y comprender que la esencia misma de nuestro continente es su multiculturalidad. La igualdad es un derecho fundamental que refuerza la democracia y el estado de derecho, que promueve el desarrollo económico, reduce conflictos sociales y fomenta una cultura de paz”, dijo Bachelet.

La Alta Comisionada aprovechó el espacio para instar al Estado costarricense a adoptar medidas especiales para promover y asegurar la participación, en condiciones de igualdad, de las mujeres afrodescendientes en todos los procesos de toma de decisiones, para así reflejar la diversidad del país.

La Alta Comisionada reconoció el compromiso del Gobierno con la agenda de derechos humanos y el importante rol que juega en la esfera política regional e internacional. Valoró el desarrollo legislativo de políticas a favor de los derechos de las mujeres, en particular, y su alta participación en los espacios de toma de decisiones.

Además, felicitó al Gobierno por la aprobación de la reforma de la ley de VIH, que garantiza un enfoque integral de derechos humanos a personas con VIH en los ámbitos públicos y privados.

En su encuentro con la sociedad civil, la Alta Comisionada conoció de primera mano los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho al aborto impune, reconocido desde hace 50 años en el artículo 121 del Código Penal costarricense para preservar la vida o la salud de la mujer. En este sentido, Bachelet destacó la importancia de, no solo dar cumplimiento a la legislación vigente, sino facilitar el acceso al aborto mediante la aprobación de una norma técnica que regule su aplicación, y siempre respetando la libertad de las mujeres para decidir. Recomendó, además, generar un espacio de diálogo para ampliar la legalización del aborto a los casos de violación, incesto e inviabilidad del feto y despenalizarlo en los demás casos, de acuerdo a las recomendaciones internacionales.

De igual manera, la Alta Comisionada instó al Gobierno continuar implementando medidas para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes en las zonas rurales y garantizar el acceso libre a la anticoncepción de emergencia dentro el sistema público de salud.

La máxima responsable de derechos humanos de la ONU también se reunió con líderes y lideresas de los ocho pueblos indígenas del país, quienes manifestaron sus retos y desafíos sobre el acceso a la tierra, la implementación del derecho a la consulta y las amenazas que sufren como resultado de la defensa de sus derechos.

En respuesta a estas demandas, Bachelet recomendó al Gobierno la adopción de medidas para garantizar el saneamiento de las tierras y territorios ancestrales y la implementación del mecanismo nacional de consulta, aprobado en 2018. Asimismo, propuso la adopción de mecanismos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y avanzar en la creación de una política nacional para los pueblos indígenas que sea participativa e inclusiva.

La Alta Comisionada también tuvo un encuentro con representantes de diferentes organizaciones sindicales del país con los que dialogó sobre derechos laborales y sindicales. “Considero de suma importancia que se abran espacios de diálogo social y de inclusión de todos los sectores de la sociedad en la definición y ejecución de políticas públicas” dijo Bachelet. “Deseo reiterar la disposición de mi Oficina para trabajar en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades estatales, las organizaciones sindicales y la sociedad civil en el uso de los mecanismos y normas internacionales de derechos humanos”.

En materia de migración, la Alta Comisionada reconoció los esfuerzos de Costa Rica para dar respuesta a las personas con necesidades de protección internacional. Además, resaltó la necesidad de agilizar los procedimientos de solicitud de refugio, incrementar las medidas para facilitar el acceso a la salud, al trabajo y a la educación, así como desarrollar campañas de sensibilización para contrarrestar discursos xenófobos. De igual manera, alentó a la comunidad internacional a apoyar al Gobierno en los desafíos a los que se enfrenta al dar respuesta a la necesidad de protección internacional de migrantes y refugiados.

La Alta Comisionada reconoció los avances significativos que el país ha realizado a nivel normativo en materia de derechos de la población LGTBI. “Costa Rica ha sido clave en el desarrollo de estándares regionales, al haber impulsado la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la orientación sexual y la identidad de género como categorías de derechos humanos protegidas por la Convención Interamericana, que ha sido determinante para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI”, destacó Bachelet. Asimismo, consideró necesaria la adopción de una ley de identidad de género que garantice el derecho al cambio de sexo registral de todas las personas trans.

La Alta Comisionada se mostró preocupada por el incremento del discurso de odio en el país y recomendó la aprobación de una legislación marco que combata todo tipo de discriminación. También instó a reconocer como circunstancia agravante cualquier motivo de discriminación en los delitos de homicidio y agresión.

En varias de sus intervenciones, la Alta Comisionada hizo hincapié en la necesidad de garantizar espacios de diálogo y participación, donde la sociedad civil organizada, incluyendo a los jóvenes, pueda incidir en la definición de políticas públicas y medidas legislativas que garanticen el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Al dirigirse a un grupo de jóvenes costarricenses la Alta Comisionada señaló, “les felicito por su valentía y compromiso con los derechos humanos y les insto a que su activismo forme parte de ustedes el resto de sus vidas. Ustedes tienen el potencial de hacer de este mundo un lugar mejor”.

La Alta Comisionada recomendó al Estado la creación de una instancia rectora dentro del ejecutivo para la promoción y protección de los derechos humanos, que implemente una política pública y un plan de acción en derechos humanos.

Bachelet se despidió de Costa Rica satisfecha de la disposición del Estado para avanzar en los desafíos actuales en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reafirmó el compromiso de su Oficina para continuar cooperando en diferentes iniciativas y proyectos que protejan los derechos humanos.

FIN

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