Relatora urge a Belice proteger a las víctimas de la trata y castigar a los traficantes

CIUDAD DE BELICE / GINEBRA (20 de diciembre de 2013) –La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, Joy Ngozi Ezeilo, pidió al Gobierno de Belice proteger  y brindar asistencia a las víctimas de la trata y consolidar una cultura de tolerancia cero contra la corrupción y la complicidad de los funcionarios públicos con los traficantes de personas.

“Belice debe evitar la política de inmigración represiva que agrava el fenómeno de la trata de seres humanos y menoscaba los esfuerzos para combatir y prevenir la trata de personas así como la prestación de asistencia integral a las víctimas”, dijo Ezeilo al finalizar su visita oficial al país, la primera realizada por un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Belice es un país de destino, de tránsito y, en un grado limitado, también de origen , donde la trata afecta de manera desproporcionada a las mujeres que son traficadas principalmente para la explotación sexual; especialmente mujeres de los vecinos países de Guatemala, El Salvador y Honduras.

También hay un problema cada vez mayor de los crímenes contra los niños, especialmente explotación sexual de las niñas de familias pobres a través del síndrome de ‘Sugar Daddy ‘ y el fenómeno ´fichería´ en bares, donde los hombres pagan un precio más alto para beber con las chicas (‘ ficheras ‘), una práctica identificada como una puerta de entrada a la prostitución.

La Relatora Especial celebró los esfuerzos de Belice  por la ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que requieren la participación de las partes de los Estados para prevenir, combatir y proteger los derechos humanos de las personas que son objeto de trata.

A nivel nacional, Belice también adoptó en 2013 la Ley de prohibición contra la trata de personas, que condujo a la creación del Consejo contra el tráfico de personas. “El Plan de Acción Estratégico 2012-2014 Contra el Tráfico de Personas, que fue desarrollado en cooperación con la OIM, es un paso positivo”, dijo la experta.

Sin embargo, la señora Ezeilo expresó su preocupación por la capacidad y la voluntad de identificar a las personas que han sido víctimas del tráfico de personas así como potenciales víctimas, en especial aquellos en situación migratoria mixta.

“Más preocupante es la rampante e indiscriminada criminalización de los migrantes irregulares por entrar irregularmente a Belice, lo que contribuye a impulsar que el fenómeno de la trata de personas se esconda aún más”, enfatizó y señaló que los funcionarios de inmigración rutinariamente procesan y condenan a inmigrantes incluso antes de darles la oportunidad de contar sus historias o de ser identificados como víctimas o posibles víctimas de la trata de personas.

“La práctica de la criminalización de los inmigrantes en situación irregular está en contra de las normas y prácticas internacionales de derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta las condiciones inhumanas de detención y la falta de asistencia básica, incluyendo el establecimiento de contactos con las familias, las embajadas y abogados”, señaló la Relatora Especial de la ONU.

La señora Ezeilo llamó especialmente la atención sobre el hecho de que los niños menores de 18 años de edad también son castigados por el incumplimiento de las leyes de inmigración y se mantienen en la cárcel ya que no hay instalaciones separadas para la detención de los inmigrantes irregulares. “Conocí a chicas menores de edad embarazadas que pueden ser víctimas  de trata de personas y se encuentran  detenidas junto con los adultos”, dijo.

“Estoy más preocupada por los crecientes informes de la prostitución infantil y la explotación sexual de las niñas en la industria del turismo”, señaló la experta.

Al final de su misión de cinco días, la experta en derechos humanos hizo una serie de recomendaciones preliminares, entre ellas:

• Adoptar un programa integral de asistencia a las víctimas, incluida la creación de centros especializados de acogida.

• Hacer frente a las raíces profundas de la trata de personas, incluyendo servicios a personas traficadas.

• Esforzarse por reducir la impunidad de los delitos contra los niños, especialmente la explotación sexual de las niñas.

• Condenar y consolidar una cultura de tolerancia cero contra la corrupción y la complicidad de los funcionarios públicos con los traficantes.

Durante su visita, la señora Ezeilo se reunió con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Belice y Belmopan, incluyendo la oficina del Primer Ministro, el Enviado Especial para las mujeres y los niños, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente del Tribunal Supremo, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía, el Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación Social y Alivio de la Pobreza, el Ministerio de Trabajo, Gobierno local, Inmigración y Servicios Nacionales así como los Ministerios de Salud, Educación y Turismo. También se reunió con el Defensor del Pueblo y el Consejo contra la Trata.

La experta visitó la Prisión KOLBE, donde son detenidos los migrantes indocumentados y las viviendas de las víctimas. También interactuó con los miembros de las organizaciones de la sociedad civil y de  víctimas de tráfico de humanos, incluidas víctimas potenciales.

 

 

 

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Presentan Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación y Xenofobia

El día 17 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica presentó oficialmente la Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia elaborada por el Estado de Costa Rica en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (OACNUDH).

Durante el acto de presentación, el  Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, señor Enrique Castillo, recalcó que la Política Nacional reconoce el reto que tiene el país en materia de combate al racismo, la discriminación racial y xenofobia y responde al compromiso voluntario que el país se propuso en el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo y que reiteró aceptando la recomendación realizada en el Examen Periódico Universal (EPU).

Por su lado, la Vicecanciller y Presidenta de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), señora Gioconda Ubeda, señaló que la presentación de la Política es el momento culminante de un proceso de mucha importancia para el país: “Vemos en el horizonte una sociedad costarricense libre de racismo, discriminación racial y xenofobia que sólo puede lograrse a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados que habitan en nuestro país”, indicó.

La Política orienta a las instituciones públicas a generar procesos de sensibilización, conocimiento, reconocimiento, y toma de decisiones más articuladas y consistentes con las obligaciones de derechos humanos del país y que respondan de manera adecuada a las particularidades y características de cada una de estas poblaciones.

En el mismo evento, la OACNUDH  presentó la “Compilación de Recomendaciones de Derechos Humanos 1999-2011”, elaborada conjuntamente al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que reúne las observaciones formuladas al Estado de Costa Rica por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La compilación hace referencia a temas como estado de derecho; seguridad ciudadana; discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad;  pobreza y derechos económicos y sociales. En cada una de las áreas temáticas se distinguen las recomendaciones del Examen Periódico Universal y aquellas formuladas por los diferentes órganos de tratado. Al respecto, la  Representante Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Carmen Rosa Villa Quintana,  señaló que “Costa Rica ha ratificado casi todos los tratados y convenios fundamentales de derechos humanos. Sin embargo, para la realización de estos derechos en la práctica se requiere la firme voluntad del Estado. De allí, que las medidas encaminadas a fortalecer las instituciones, armonizar los marcos legales nacionales con las normas internacionales y adoptar políticas públicas integrales basadas en los derechos humanos son acciones concretas que permiten medir el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales”.

La presentación de los documentos se realizó en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 20 Aniversario de la Declaración y Plan de Acción de Viena.

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20 years working for your rights: Human Rights Recommendations made to Belize (2005-2013)

http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2013/12/UN-Belice-LR-final-v2.pdf

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Oficina Regional del Alto Comisionado celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos

La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  (ACNUDH) conmemoró el Día de los Derechos Humanos con la celebración de  actividades en Panamá y Belice.

En Panamá, la ACNUDH, en conjunto con la Fundación Olga Sinclair,  realizó el taller “Pinta tus derechos” en el que participaron cerca de 100 niños y niñas de escuelas públicas. Los estudiantes recibieron charlas  sobre  los derechos humanos y, posteriormente, expresaron sus conocimientos a través de la pintura. Un jurado seleccionó las mejores 12 pinturas, las cuales serán utilizadas en la confección de un calendario 2014.

Además, durante la actividad, la niña Fulvia González interpretó la décima titulada “Día de los Derechos Humanos”, compuesta especialmente para la ocasión.

La actividad contó con el respaldo de la reconocida pintora panameña Olga Sinclair, quien dirige la Fundación del mismo nombre,  y la cual incentiva, por medio de la expresión artística, la cultura y el talento de la niñez.

BELICE

Por otra parte,  la Oficina Regional del Alto Comisionado en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas de Belice  presentó el documento: 20 years working for your rights:  Human Rights Recommendations made to Belize (2005-2013).

El documento recoge las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas (órganos de tratados y el Examen Periódico Universal) y tiene como objetivo convertirse en una herramienta que facilite el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones.

El orador especial del evento fue el señor Eamon Courtenay,  Presidente de la Bar Association, quien analizó la situación de Belice en materia de derechos humanos en aspectos como administración de justicia, derechos de las personas LGTB, discriminación, entre otros.

El excelente documento que se ha lanzado esta tarde resalta los logros de Belice en relación a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. También identifica las brechas e incumplimientos en nuestras obligaciones. Confío en que la Oficina del Alto Comisionado continuará apoyando constructivamente al Gobierno en estos asuntos“, señaló Courtenay.

Cada año en este día, gobiernos,  organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos alrededor del mundo organizan diversas actividades  (seminarios, debates públicos, eventos artísticos, etc.) con el objetivo de celebrar los avances en materia de los derechos humanos y promover una reflexión pública sobre los desafíos pendientes.

Este año, la celebración revistió especial importancia porque se conmemoró el 20 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados en 1993 por 171 Estados como un plan común para fortalecer la labor en pro de los derechos humanos en todo el mundo y asegurar  su  protección para todas las personas.

Vea documentos, reportes de prensa y fotografías sobre las actividades

Belice
20 years working for your rights:  Human Rights Recommendations made to Belize (2005-2013).  Presione aquí para accesar al documento.

Discurso del Presidente de la Bar Association de Belize, Eamon Courtenay. Presione aquí.

Panamá
Reportaje sobre el taller “Pinta tus derechos”
http://www.youtube.com/watch?v=UNsbrwbgQ_0&feature=youtube_gdata

Interpretación de décima: Los Derechos Humanos
http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2013/12/11/decima-en-honor-a-los-derechos-humanos-187677.asp

Entrevista de la Representante Regional para América Central, Carmen Rosa Villa
http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-y-agenda-derechos-humanos/240827

El desafío continúa
http://www.prensa.com/impreso/mundo/desafio-continua/240677

 

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Una visión 20-20 de los Derechos Humanos

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a propósito del Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2013

Una visión 20-20 de los Derechos Humanos

Hace veinte años  se adoptó en Viena un documento histórico, que  materializó el principio de la universalidad de los derechos humanos. Comprometió a los Estados a promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.

Entre los muchos significativos e innovadores logros, la Declaración de Viena tuvo como resultado  la creación de mi Oficina – la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde entonces ha habido numerosos avances – incluso más de los que la gente quizás perciba.

Los elementos fundamentales para proteger y promover los derechos humanos, en su mayoría, ya están establecidos. Incluyen un cuerpo de legislación y de estándares internacionales de derechos humanos fuerte y en crecimiento, así como instituciones que interpretan las leyes, monitorean su cumplimiento y las aplican a nuevos y emergentes problemas de derechos humanos.

La clave ahora es implementar dichas leyes y estándares para que el disfrute de los derechos humanos sea una realidad en el terreno. Sin embargo, con demasiada frecuencia escasean la voluntad política y los recursos humanos y financieros para lograrlo.

Desafortunadamente, durante estos 20 años después de Viena, también ha habido muchos reveses y trágicos fracasos al momento de prevenir atrocidades y salvaguardar los derechos humanos.

En varios casos en los que se producían masivas y deplorables violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional fue demasiado lenta y miope, estuvo demasiado dividida, o fue simple y llanamente inapropiada, en su respuesta ante las advertencias de los defensores de derechos humanos y las peticiones de las víctimas.

La Declaración de Viena debe ser percibida como la plataforma de una magnífica edificación cuya construcción está a medias.

El comportamiento de los Estados se vigila más de cerca que nunca, al tiempo que la expansión de las organizaciones de la sociedad civil y de activistas de derechos humanos durante los últimos 20 años ha sido verdaderamente extraordinaria. Junto con las instituciones nacionales de derechos humanos independientes, ellos son el fundamento del desarrollo de los derechos humanos a nivel nacional. Sin embargo, el aumento del acoso y las intimidaciones que éstos enfrentan en muchos países es tema de gran preocupación.

Las mujeres continúan sufriendo discriminación, violencia y persecución. De igual manera sucede con las minorías raciales y religiosas y con los migrantes, así como con otras personas debido a su orientación sexual. Ello es una muestra de lo que nos queda por avanzar.

Los conflictos internacionales continúan produciendo horribles y extendidos abusos de derechos humanos. Protestas pacíficas llevadas a cabo por personas que ejercen y demandan sus legítimos derechos son aplastadas despiadadamente por parte de las autoridades prácticamente de manera cotidiana.

Las poblaciones cambiantes y en continuo movimiento, impulsadas por la creciente pobreza, los movimientos de refugiados y las volátiles economías globales hacen que luchar contra “el miedo al otro” sea una prioridad.

Continúan emergiendo nuevos y complejos retos tales como el cambio climático y los movimientos terroristas globales. La manera en que operamos en este mundo también está cambiando a una velocidad vertiginosa.

Las tecnologías modernas están transformando la manera en que hacemos el trabajo de derechos humanos. En 1993 la World Wide Web tan sólo tenía cuatro años, y su uso y alcance futuros apenas podrían haber sido imaginados, tampoco la manera tan determinante en que Internet afectaría nuestras vidas. Junto con las redes sociales y las innovaciones informáticas, estas tecnologías están mejorando radicalmente las comunicaciones y las posibilidades de compartir información en tiempo real. También están magnificando la voz de los defensores de derechos humanos, poniendo en evidencia los abusos y movilizando el apoyo a diversas causas en muchas partes del mundo.

Pero también hemos visto cómo las nuevas tecnologías facilitan las violaciones de derechos humanos con escalofriante eficiencia propia del Siglo XXI. Infringiendo la legislación internacional, la vigilancia electrónica masiva y la recopilación de datos amenazan tanto los derechos individuales como el libre funcionamiento de una dinámica sociedad civil.

Un tuit o un post en Facebook publicados por un defensor de derechos humanos puede ser suficiente para que éste termine en la cárcel. Los drones pueden, y son, usados con propósitos positivos. Sin embargo, también se usan drones armados, sin el debido proceso legal, para señalar como objetivos a individuos por control remoto. Los llamados “robots asesinos” – sistemas de armamentos autónomos que pueden seleccionar y atacar un objetivo sin necesidad de intervención humana – ya no son ciencia ficción, sino una realidad. Su probable despliegue futuro plantea interrogantes éticos y legales que producen enorme preocupación.

Es necesaria una continua vigilancia para asegurar que las nuevas tecnologías hagan avanzar los derechos humanos y no los destruyan. Más allá de la amplitud de estos cambios, la legislación internacional de derechos humanos y de derecho humanitario existente que rige los conflictos armados continúa siendo de aplicación.

 Y los Estados deben asegurar que SE APLIQUE.

A nivel internacional, continúa pendiente una importante cantidad de trabajo para que los derechos humanos se transformen de promesas abstractas en una auténtica mejora de la vida diaria de todas las personas, especialmente de la de aquellas que actualmente son marginalizadas o excluidas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos continuará trabajando con todas sus contrapartes para tratar de prevenir las violaciones de derechos humanos. Continuaremos alzando nuestra voz contra estas violaciones. Seguiremos pidiendo a los Estados que hagan la parte que les corresponda – la mayor, con diferencia– para asegurar que los trágicos errores del pasado no se repitan y que los derechos humanos de todas las personas se protejan y promuevan.

Podemos – y debemos – hacerlo mejor.

La visión y las metas formuladas hace 20 años en Viena todavía son válidas. Sigue valiendo la pena luchar por ellas ahora – durante los próximos 20 años – y en el future.

Gracias.

(Esta no es una traducción oficial)

 

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Mensaje del Secretario General de la ONU por el facellimiento de Nelson Mandela

Nelson Mandela ha sido una figura única en la escena internacional: un hombre de serena dignidad y hazañas descomunales, un coloso de la justicia y una fuente de inspiración para todos por su sencillez y gran talla humana.

Me entristece profundamente su fallecimiento. En el nombre de las Naciones Unidas, hago llegar mi más sentido pésame al pueblo de Sudáfrica y, en especial, a su familia y seres queridos. Somos muchos quienes en todo el mundo nos hemos visto sumamente influenciados por su abnegada lucha en favor de la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Dejó su impronta en nuestra vida de formas profundamente personales. Asimismo, nadie de nuestros tiempos ha contribuido tanto como él a hacer avanzar los valores y las aspiraciones de las Naciones Unidas.

Nelson Mandela consagró su vida al servicio de su pueblo y de la humanidad, a costa de un gran sacrificio personal. Su actitud, fiel a sus principios, y la altura moral que la sustentaba fueron decisivas para echar abajo el sistema del apartheid.

Es de admirar que tras 27 años de detención no albergara rencor sino la férrea determinación de construir una nueva Sudáfrica fundada en el diálogo y la comprensión. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación creada por iniciativa suya sigue siendo un modelo para conquistar la justicia en las sociedades que cargan con un legado de abusos de los derechos humanos.

En los decenios que duró la lucha contra el apartheid, las Naciones Unidas apoyaron incesantemente a Nelson Mandela y todos los sudafricanos que eran víctimas de un racismo y una discriminación implacables. Su intervención en 1994 ante la Asamblea General en calidad de primer Presidente elegido democráticamente en una Sudáfrica libre fue un hito trascendental. La Asamblea ha declarado el 18 de julio, día de su nacimiento, “Día Internacional de Nelson Mandela”, conmemoración anual con la que reconocemos y nos proponemos perpetuar su contribución a promover una cultura de paz y libertad en todo el mundo.

Tuve el privilegio de conocer a Nelson Mandela en 2009. Cuando quise agradecerle la gran labor que había hecho a lo largo de su vida, insistió en que el mérito no era suyo. Me conmovieron enormemente su generosidad y su profunda convicción de que compartimos un destino común. Nelson Mandela nos hizo ver lo que el mundo y cada uno de nosotros podemos conseguir si creemos, soñamos y trabajamos codo con codo.

Sigamos dejando que el ejemplo de la que fue su vida y su determinación de no dejar de luchar por un mundo mejor y más justo nos sirvan de inspiración cada día.

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Expertos y expertas de América del Sur revisan Modelo de Protocolo

SANTIAGO DE CHILE (3 de diciembre de 2013) –Operadores y operadoras de justicia, junto con expertos y expertas en administración de justicia de América del Sur se reunieron del 3 al 4 de diciembre en Santiago de Chile para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido/feminicidio), un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de América Latina directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

El texto ha sido elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Su finalidad es apoyar a los Estados en la implementación de sus marcos jurídicos.

“América Latina concentra los más altos índices de violencia contra las mujeres, y el femicidio o feminicidio es la expresión más grave de esta violación a los derechos humanos”, señaló Carmen Rosa Villa, Representante Regional para América Central del ACNUDH durante la sesión inaugural del evento. Compartiendo el diagnóstico Soraya Hoyos, Coordinadora a.i. de la Campaña del Secretario General ÚNETE en ONU Mujeres, enfatizó en que “si el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a vivir sin miedo y el derecho a la dignidad no son de todas las personas, se convierten entonces en privilegios de unos pocos”.

Por su parte Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH, complementó expresando que “es responsabilidad de los Estados prevenir, investigar y sancionar las muertes violentas de mujeres. Y este instrumento regional, sensible a las realidades de cada uno de nuestros países, tiene por objeto contribuir a que los Estados honren con la debida diligencia su responsabilidad de garantizar a todas las mujeres una vida libre de discriminación”.

Durante estos dos días, los expertos  y expertas de  América del Sur intercambiarán experiencias y prácticas en materia de investigación y enjuiciamiento de casos de feminicidio/femicidio, revisarán la estructura, el contenido y la presentación del Modelo de Protocolo y brindarán recomendaciones a ACNUDH y ONU Mujeres para la aplicación efectiva del documento en la región en el marco de las estrategias de los Estados en la lucha contra la impunidad, un grave problema en toda la región.

En la revisión y validación del Modelo de Protocolo participan representantes de fiscalías, organismos judiciales, defensorías públicas, institutos de investigación forenses, mecanismos nacionales de la mujer, policías y organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  Fiscales y juezas de El Salvador y Guatemala han sido invitados a compartir sus experiencias en materia de investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI) también se encuentran participando en el evento.

Protocolo de investigación

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables, además de la insuficiente participación de los representantes de las víctimas en el proceso.

El Modelo de Protocolo ha sido sometido a un proceso de revisión y consulta que inició en Panamá en septiembre y ha involucrado a expertos y expertas de todos los países de América Latina.  Fue presentado recientemente ante la Conferencia de Estados Partes de la Convención de Belém do Pará y la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El ciclo de validación continúa, este mes de diciembre, en Santiago de Chile y en Panamá. La versión final del Modelo de Protocolo, enriquecida con  los aportes recogidos durante estas reuniones, será publicada en 2014.

El femicidio/feminicidio es considerado como uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina y el Caribe. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes, es decir, personas que conocían a las víctimas.

FIN

Para información adicional, consulte el documento “Información de referencia Muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”:http://www.oacnudh.org

Contactos para medios:

Tilcia Delgado, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: tdelgado@ohchr.org; o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507) 6671-3569.

Eider Pérez de Heredia Goñi, ONU Mujeres: eider.heredia@unwomen.org; (+507) 6565-4286

En Santiago de Chile, María Jeannette Moya – Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: moya.consultora@ohchr.org ; (+56) 2 2321 7750

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Corte Suprema de Costa Rica organiza revisión del Modelo de Protocolo

SAN JOSÉ,  COSTA RICA  (26 de noviembre de 2013)  – La Corte Supremade Justicia de Costa Rica, en conjunto con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), intercambió y recibió comentarios sobre el borrador del Modelo de protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Un panel, conformado por altas autoridades judiciales y por expertos y expertas de Costa Rica, analizó y discutió el contenido de la herramienta. Sus comentarios y aportes serán tomados en cuenta para completar el Modelo de Protocolo para su posterior publicación en 2014. La discusión será  dirigida porla Magistrada ZarelaVillanueva Monge, Presidenta dela Corte Supremade Justicia.

El Modelo de Protocolo es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de América Latina directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

Proporciona orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores y las operadoras de justicia durante la investigación y enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Promueve la incorporación de la perspectiva de género en su actuación procesal y, brinda herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, ­­tipificada en algunos países latinoamericanos como femicidio o feminicidio, es considerada uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe dela Comisión Económicapara América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 casos de muertes violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, en ocho países de la región. El 29.4% de las muertes fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes.

Según Estadísticas del Poder Judicial, en  Costa Rica, de enero de 2008 al mes de octubre de 2013,  322 mujeres perdieron la vida como producto de femicidios y homicidios dolosos, una importante cantidad, de estos últimos,  por violencia asociada con razones de discriminación por género.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores y las operadoras judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas, y en la identificación de las víctimas y responsables.

Carmen Rosa Villa Quintana, Representante para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  señaló  que la violencia contra las mujeres es inaceptable, su más grave expresión es la muerte violenta de mujeres por razones de género. Los jueces y fiscales están obligados a investigar y sancionar a los perpetradores de estos hechos y reparar a las víctimas. Agregó que  con esta actividad, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  expresa su decidida voluntad de que estos casos no queden en la impunidad brindándole a sus funcionarios una herramienta práctica para la investigación como  lo es el presente Protocolo.

El Modelo de Protocolo ha sido sometido a un proceso de revisión y consulta que inició en Panamá e involucró a expertos y expertas de todos los países de América Latina. Fue presentado enla Conferenciade Estados Partes de la Convención de Belém do Pará y ante Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos celebrada recientemente en Quito Ecuador.

El ciclo de validación continúa en diciembre en Santiago de Chile y en Panamá.  El documento fue  redactado por ACNUDH y ONU Mujeres en el marco dela Campañadel Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Contactos para medios:

Para información sobre la actividad en Costa Rica contactar a: Ana Lucía Vásquez, Jefa del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial de Costa Rica, a avasquezr@poder-judicial.go.cr o llamar al (506) 2295 3000.

Para solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a: Tilcia Delgado, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507) 6671-3569.

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La violencia contra las mujeres es inaceptable, sin que importe como estén vestidas

Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

GINEBRA (25 de noviembre de 2013) – La violencia en contra de las mujeres continúa como una de las más grandes calamidades de nuestro tiempo. Resulta escandaloso que aún hoy en día, para muchas mujeres y niñas, la violencia se encuentre al acecho alrededor de las esquinas, en los lugares de trabajo o en sus propias casas. Y muy frecuentemente, la justicia está ausente.

En Busia, Kenia, en junio de este año, una joven de 16 años de edad fue violada tumultuariamente y arrojada en una fosa de seis metros de profundidad, lo cual le ocasionó una fractura de la espalda y una fístula obstétrica. La policía decidió no perseguir penalmente a los hombres; en su lugar, como castigo, les ordenó cortar el pasto de la estación de policía. La noticia desencadenó una excepcional manifestación de indignación pública. La campaña “Justicia para Liz”, firmada por un 1.4 millones de personas, provocó que el Presidente de la Corte de Kenia tomara acciones inmediatas en el caso. ¿Por qué fue necesaria la movilización de 1.4 millones de personas para que se iniciara el proceso de justicia el cual es un derecho humano fundamental de la víctima?

En otra parte del mundo, en Auckland, Nueva Zelanda, cuando una niña de 13 años de edad había ido a denunciar ante la policía que había sido violada por tres jóvenes, una de las primeras preguntas que ella reporta que le formularon fue: “¿Cómo estabas vestida?”. Esto ocurrió en el año 2011. Dos años más tarde, después de varias agresiones similares por la misma banda, se generó una reacción pública con el objetivo de que las autoridades tomaran acciones. Al órgano de control de la conducta de la policía de Nueva Zelanda se le ordenó revisar el manejo de estos casos y la policía está ahora, finalmente, realizando las investigaciones que debieron haber iniciado dos años antes.

Tristemente, éstos no son casos aislados. Dichos crímenes ocurren regularmente en diversos países alrededor del mundo, pero raramente aparecen en los titulares, generan una indignación pública o llevan a las altas autoridades a tomar acciones. En la mayoría de los lugares, las mujeres son avergonzadas o intimidadas por denunciar a la policía la violencia, particularmente la violencia sexual. Y cuando ellas se sobreponen a las diversas barreras sociales y tabús e interponen una denuncia se enfrentan frecuentemente con crueles e insensibles reacciones oficiales, que de manera efectiva impiden todo acceso a la justicia.

La violencia en contra de las mujeres y las niñas se ha perpetuado por siglos de dominación masculina y de discriminación basada en el género. Dicha violencia está cimentada en normas profundamente enraizadas socialmente, las cuales sólo les reconocen valor a las mujeres a partir de nociones discriminatorias de castidad y “honor” y es frecuentemente usada para controlar y humillar no solamente a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades. Es esencial desafiar dichas nociones, las cuales comúnmente permean en el sistema de justicia, lo cual resulta en un círculo vicioso de impunidad y mayor violencia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujeres han estado documentando la violencia en contra de las mujeres, sus causas y consecuencias en todo el mundo y han recomendado medidas para eliminar dicha violencia y reparar sus consecuencias. Estas recomendaciones deben tomarse seriamente. Los Estados están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a asegurar que el sistema de justicia penal, en cada una de sus etapas, se encuentre libre de sesgos de género, lo cual abarca a la investigación, la persecución, los interrogatorios, la protección de las víctimas y las y los testigos, y el pronunciamiento de las sentencias.

La insinuación de que las mujeres tienen una propensión a mentir y que su testimonio debe ser corroborado o tomado con cautela debe ser eliminada en todos las etapas de los procesos judiciales, así como la idea de que las mujeres incitan a la comisión de la violencia sexual por estar fuera en la noche o por vestir de una manera en particular.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hagamos lo que nos toca para eliminar los dañinos estereotipos de género que ayudan a perpetuar un clima en el que la violencia en contra de las mujeres es considerada aceptable o “merecida”. La violencia contra las mujeres es simple y absolutamente inaceptable – sin importar como estén vestidas.

FIN

Para más información y más datos para los medios, por favor contactar a Rupert Colville (+41 22 917 9767 o + 41 79 506 10 88 / rcolville@ohchr.org ); Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169/ rshamdasani@ohchr.org ) o Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 or +41 79 618 34 30 / cpouilly@ohchr.org )

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La ONU debe fortalecer su papel en la lucha contra la impunidad, dicen expertos

Traducción no oficial

GINEBRA (22 de noviembre de 2013) -Un grupo de expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió hoy a la ONU  adoptar un papel más central en la lucha contra la impunidad e instó a los Estados Miembros a que presten más apoyo para fortalecer los esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas y la justicia por violaciones a los derechos humanos, incluidos los crímenes graves.

“Poner fin a la impunidad requiere un mayor escrutinio, el enjuiciamiento y el castigo y ninguna otra institución internacional está en mejores condiciones que las Naciones Unidas para contribuir eficazmente a este objetivo”, subrayaron. “Es hora de que la ONU asuma un papel más decisivo en la lucha contra la impunidad y se centran en todas las dimensiones del problema, incluyendo la erosión del Estado de Derecho y la violación de los principios generales de la justicia”.

Acogiendo la iniciativa de la sociedad civil para conmemorar  el 23 de noviembre como Día Internacional contra la Impunidad, los expertos en derechos humanos recordaron que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a garantizar que la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario no se tolera, y que tales violaciones están debidamente investigadas, enjuiciadas y sancionadas, como se afirma en la Declaración de la ONU sobre el imperio de la ley aprobada el 24 de septiembre de 2012.

Los expertos recordaron que los Estados están obligados a rendir cuentas a los que fallan en proteger y prevenir, así como aquellos que perpetran, violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y otros grupos en situación de riesgo. “La lucha contra la impunidad no sólo implica la obligación de los Estados de investigar las violaciones y adoptar medidas apropiadas con respecto a los perpetradores y las víctimas, sino también para garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de violaciones y tomar otras medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir”, añadieron.

“Los esfuerzos para combatir la impunidad deben exigir transparencia y rendición de cuentas de todos los actores estatales y no estatales, incluyendo no sólo las fuerzas paramilitares, mercenarios, compañías militares privadas y los terroristas sino también a las empresas transnacionales”, dijeron.

“El objetivo de acabar con la impunidad no tiene como objetivo la venganza, sino la justicia”, subrayaron los expertos independientes. “Se requiere objetividad y no selectividad en la identificación de los abusos que no han sido reparados”.

Los expertos en derechos humanos señalaron que en la lucha contra la impunidad, los gobiernos deben garantizar el acceso a la justicia para todos, para que de manera proactiva la información esté al alcance de todos y que se abstengan de utilizar la seguridad nacional, inmunidades para encubrir la conducta criminal.

“El acceso universal a la información diversa y confiable, los sistemas de justicia nacionales eficaces, la globalización de la competencia de la Corte Penal Internacional y la realización práctica del derecho a la verdad es una condición necesaria para acabar con la impunidad”, concluyeron.

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