Expertos y expertas de América del Sur revisan Modelo de Protocolo

SANTIAGO DE CHILE (3 de diciembre de 2013) –Operadores y operadoras de justicia, junto con expertos y expertas en administración de justicia de América del Sur se reunieron del 3 al 4 de diciembre en Santiago de Chile para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido/feminicidio), un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de América Latina directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

El texto ha sido elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Su finalidad es apoyar a los Estados en la implementación de sus marcos jurídicos.

“América Latina concentra los más altos índices de violencia contra las mujeres, y el femicidio o feminicidio es la expresión más grave de esta violación a los derechos humanos”, señaló Carmen Rosa Villa, Representante Regional para América Central del ACNUDH durante la sesión inaugural del evento. Compartiendo el diagnóstico Soraya Hoyos, Coordinadora a.i. de la Campaña del Secretario General ÚNETE en ONU Mujeres, enfatizó en que “si el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a vivir sin miedo y el derecho a la dignidad no son de todas las personas, se convierten entonces en privilegios de unos pocos”.

Por su parte Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH, complementó expresando que “es responsabilidad de los Estados prevenir, investigar y sancionar las muertes violentas de mujeres. Y este instrumento regional, sensible a las realidades de cada uno de nuestros países, tiene por objeto contribuir a que los Estados honren con la debida diligencia su responsabilidad de garantizar a todas las mujeres una vida libre de discriminación”.

Durante estos dos días, los expertos  y expertas de  América del Sur intercambiarán experiencias y prácticas en materia de investigación y enjuiciamiento de casos de feminicidio/femicidio, revisarán la estructura, el contenido y la presentación del Modelo de Protocolo y brindarán recomendaciones a ACNUDH y ONU Mujeres para la aplicación efectiva del documento en la región en el marco de las estrategias de los Estados en la lucha contra la impunidad, un grave problema en toda la región.

En la revisión y validación del Modelo de Protocolo participan representantes de fiscalías, organismos judiciales, defensorías públicas, institutos de investigación forenses, mecanismos nacionales de la mujer, policías y organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  Fiscales y juezas de El Salvador y Guatemala han sido invitados a compartir sus experiencias en materia de investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI) también se encuentran participando en el evento.

Protocolo de investigación

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables, además de la insuficiente participación de los representantes de las víctimas en el proceso.

El Modelo de Protocolo ha sido sometido a un proceso de revisión y consulta que inició en Panamá en septiembre y ha involucrado a expertos y expertas de todos los países de América Latina.  Fue presentado recientemente ante la Conferencia de Estados Partes de la Convención de Belém do Pará y la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El ciclo de validación continúa, este mes de diciembre, en Santiago de Chile y en Panamá. La versión final del Modelo de Protocolo, enriquecida con  los aportes recogidos durante estas reuniones, será publicada en 2014.

El femicidio/feminicidio es considerado como uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina y el Caribe. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes, es decir, personas que conocían a las víctimas.

FIN

Para información adicional, consulte el documento “Información de referencia Muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”:http://www.oacnudh.org

Contactos para medios:

Tilcia Delgado, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: tdelgado@ohchr.org; o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507) 6671-3569.

Eider Pérez de Heredia Goñi, ONU Mujeres: eider.heredia@unwomen.org; (+507) 6565-4286

En Santiago de Chile, María Jeannette Moya – Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: moya.consultora@ohchr.org ; (+56) 2 2321 7750

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Corte Suprema de Costa Rica organiza revisión del Modelo de Protocolo

SAN JOSÉ,  COSTA RICA  (26 de noviembre de 2013)  – La Corte Supremade Justicia de Costa Rica, en conjunto con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), intercambió y recibió comentarios sobre el borrador del Modelo de protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

Un panel, conformado por altas autoridades judiciales y por expertos y expertas de Costa Rica, analizó y discutió el contenido de la herramienta. Sus comentarios y aportes serán tomados en cuenta para completar el Modelo de Protocolo para su posterior publicación en 2014. La discusión será  dirigida porla Magistrada ZarelaVillanueva Monge, Presidenta dela Corte Supremade Justicia.

El Modelo de Protocolo es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de América Latina directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

Proporciona orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores y las operadoras de justicia durante la investigación y enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Promueve la incorporación de la perspectiva de género en su actuación procesal y, brinda herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, ­­tipificada en algunos países latinoamericanos como femicidio o feminicidio, es considerada uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe dela Comisión Económicapara América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 casos de muertes violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, en ocho países de la región. El 29.4% de las muertes fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes.

Según Estadísticas del Poder Judicial, en  Costa Rica, de enero de 2008 al mes de octubre de 2013,  322 mujeres perdieron la vida como producto de femicidios y homicidios dolosos, una importante cantidad, de estos últimos,  por violencia asociada con razones de discriminación por género.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores y las operadoras judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas, y en la identificación de las víctimas y responsables.

Carmen Rosa Villa Quintana, Representante para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  señaló  que la violencia contra las mujeres es inaceptable, su más grave expresión es la muerte violenta de mujeres por razones de género. Los jueces y fiscales están obligados a investigar y sancionar a los perpetradores de estos hechos y reparar a las víctimas. Agregó que  con esta actividad, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  expresa su decidida voluntad de que estos casos no queden en la impunidad brindándole a sus funcionarios una herramienta práctica para la investigación como  lo es el presente Protocolo.

El Modelo de Protocolo ha sido sometido a un proceso de revisión y consulta que inició en Panamá e involucró a expertos y expertas de todos los países de América Latina. Fue presentado enla Conferenciade Estados Partes de la Convención de Belém do Pará y ante Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos celebrada recientemente en Quito Ecuador.

El ciclo de validación continúa en diciembre en Santiago de Chile y en Panamá.  El documento fue  redactado por ACNUDH y ONU Mujeres en el marco dela Campañadel Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Contactos para medios:

Para información sobre la actividad en Costa Rica contactar a: Ana Lucía Vásquez, Jefa del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial de Costa Rica, a avasquezr@poder-judicial.go.cr o llamar al (506) 2295 3000.

Para solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a: Tilcia Delgado, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507) 6671-3569.

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La violencia contra las mujeres es inaceptable, sin que importe como estén vestidas

Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

GINEBRA (25 de noviembre de 2013) – La violencia en contra de las mujeres continúa como una de las más grandes calamidades de nuestro tiempo. Resulta escandaloso que aún hoy en día, para muchas mujeres y niñas, la violencia se encuentre al acecho alrededor de las esquinas, en los lugares de trabajo o en sus propias casas. Y muy frecuentemente, la justicia está ausente.

En Busia, Kenia, en junio de este año, una joven de 16 años de edad fue violada tumultuariamente y arrojada en una fosa de seis metros de profundidad, lo cual le ocasionó una fractura de la espalda y una fístula obstétrica. La policía decidió no perseguir penalmente a los hombres; en su lugar, como castigo, les ordenó cortar el pasto de la estación de policía. La noticia desencadenó una excepcional manifestación de indignación pública. La campaña “Justicia para Liz”, firmada por un 1.4 millones de personas, provocó que el Presidente de la Corte de Kenia tomara acciones inmediatas en el caso. ¿Por qué fue necesaria la movilización de 1.4 millones de personas para que se iniciara el proceso de justicia el cual es un derecho humano fundamental de la víctima?

En otra parte del mundo, en Auckland, Nueva Zelanda, cuando una niña de 13 años de edad había ido a denunciar ante la policía que había sido violada por tres jóvenes, una de las primeras preguntas que ella reporta que le formularon fue: “¿Cómo estabas vestida?”. Esto ocurrió en el año 2011. Dos años más tarde, después de varias agresiones similares por la misma banda, se generó una reacción pública con el objetivo de que las autoridades tomaran acciones. Al órgano de control de la conducta de la policía de Nueva Zelanda se le ordenó revisar el manejo de estos casos y la policía está ahora, finalmente, realizando las investigaciones que debieron haber iniciado dos años antes.

Tristemente, éstos no son casos aislados. Dichos crímenes ocurren regularmente en diversos países alrededor del mundo, pero raramente aparecen en los titulares, generan una indignación pública o llevan a las altas autoridades a tomar acciones. En la mayoría de los lugares, las mujeres son avergonzadas o intimidadas por denunciar a la policía la violencia, particularmente la violencia sexual. Y cuando ellas se sobreponen a las diversas barreras sociales y tabús e interponen una denuncia se enfrentan frecuentemente con crueles e insensibles reacciones oficiales, que de manera efectiva impiden todo acceso a la justicia.

La violencia en contra de las mujeres y las niñas se ha perpetuado por siglos de dominación masculina y de discriminación basada en el género. Dicha violencia está cimentada en normas profundamente enraizadas socialmente, las cuales sólo les reconocen valor a las mujeres a partir de nociones discriminatorias de castidad y “honor” y es frecuentemente usada para controlar y humillar no solamente a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades. Es esencial desafiar dichas nociones, las cuales comúnmente permean en el sistema de justicia, lo cual resulta en un círculo vicioso de impunidad y mayor violencia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujeres han estado documentando la violencia en contra de las mujeres, sus causas y consecuencias en todo el mundo y han recomendado medidas para eliminar dicha violencia y reparar sus consecuencias. Estas recomendaciones deben tomarse seriamente. Los Estados están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a asegurar que el sistema de justicia penal, en cada una de sus etapas, se encuentre libre de sesgos de género, lo cual abarca a la investigación, la persecución, los interrogatorios, la protección de las víctimas y las y los testigos, y el pronunciamiento de las sentencias.

La insinuación de que las mujeres tienen una propensión a mentir y que su testimonio debe ser corroborado o tomado con cautela debe ser eliminada en todos las etapas de los procesos judiciales, así como la idea de que las mujeres incitan a la comisión de la violencia sexual por estar fuera en la noche o por vestir de una manera en particular.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hagamos lo que nos toca para eliminar los dañinos estereotipos de género que ayudan a perpetuar un clima en el que la violencia en contra de las mujeres es considerada aceptable o “merecida”. La violencia contra las mujeres es simple y absolutamente inaceptable – sin importar como estén vestidas.

FIN

Para más información y más datos para los medios, por favor contactar a Rupert Colville (+41 22 917 9767 o + 41 79 506 10 88 / rcolville@ohchr.org ); Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169/ rshamdasani@ohchr.org ) o Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 or +41 79 618 34 30 / cpouilly@ohchr.org )

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La ONU debe fortalecer su papel en la lucha contra la impunidad, dicen expertos

Traducción no oficial

GINEBRA (22 de noviembre de 2013) -Un grupo de expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió hoy a la ONU  adoptar un papel más central en la lucha contra la impunidad e instó a los Estados Miembros a que presten más apoyo para fortalecer los esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas y la justicia por violaciones a los derechos humanos, incluidos los crímenes graves.

“Poner fin a la impunidad requiere un mayor escrutinio, el enjuiciamiento y el castigo y ninguna otra institución internacional está en mejores condiciones que las Naciones Unidas para contribuir eficazmente a este objetivo”, subrayaron. “Es hora de que la ONU asuma un papel más decisivo en la lucha contra la impunidad y se centran en todas las dimensiones del problema, incluyendo la erosión del Estado de Derecho y la violación de los principios generales de la justicia”.

Acogiendo la iniciativa de la sociedad civil para conmemorar  el 23 de noviembre como Día Internacional contra la Impunidad, los expertos en derechos humanos recordaron que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a garantizar que la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario no se tolera, y que tales violaciones están debidamente investigadas, enjuiciadas y sancionadas, como se afirma en la Declaración de la ONU sobre el imperio de la ley aprobada el 24 de septiembre de 2012.

Los expertos recordaron que los Estados están obligados a rendir cuentas a los que fallan en proteger y prevenir, así como aquellos que perpetran, violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y otros grupos en situación de riesgo. “La lucha contra la impunidad no sólo implica la obligación de los Estados de investigar las violaciones y adoptar medidas apropiadas con respecto a los perpetradores y las víctimas, sino también para garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de violaciones y tomar otras medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir”, añadieron.

“Los esfuerzos para combatir la impunidad deben exigir transparencia y rendición de cuentas de todos los actores estatales y no estatales, incluyendo no sólo las fuerzas paramilitares, mercenarios, compañías militares privadas y los terroristas sino también a las empresas transnacionales”, dijeron.

“El objetivo de acabar con la impunidad no tiene como objetivo la venganza, sino la justicia”, subrayaron los expertos independientes. “Se requiere objetividad y no selectividad en la identificación de los abusos que no han sido reparados”.

Los expertos en derechos humanos señalaron que en la lucha contra la impunidad, los gobiernos deben garantizar el acceso a la justicia para todos, para que de manera proactiva la información esté al alcance de todos y que se abstengan de utilizar la seguridad nacional, inmunidades para encubrir la conducta criminal.

“El acceso universal a la información diversa y confiable, los sistemas de justicia nacionales eficaces, la globalización de la competencia de la Corte Penal Internacional y la realización práctica del derecho a la verdad es una condición necesaria para acabar con la impunidad”, concluyeron.

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Ataque contra la Asociación Pro-Búsqueda en el Salvador preocupa a la ONU

El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador expresó su preocupación por los hechos acaecidos el pasado jueves 14 de noviembre contras las oficinas y los bienes de la Asociación Pro-Búsqueda de niños y niñas desaparecidos, y que han implicado la destrucción de archivos de la institución, así como la pérdida de equipos y mobiliario.

La ONU señaló que hechos como esos ”atentan contra el sistema de protección de derechos humanos, poniendo en grave riesgo a las personas  e instituciones dedicadas a esta labor, así como la garantía de un irrestricto respeto a los derechos humanos y la reparación a las víctimas”.

Recordó que la  Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertadas fundamentales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que los Estados garantizarán la protección de las y los defensores de derechos humanos “frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o derecho, presión o de cualquier otra acción arbitraria”.

En ese sentido, el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador hizo un llamado a las autordiades salvadoreñas a procurar una especial atención a la investigación de los acontecimientos, a fin de esclarecerlos e identificar a las personas responsables para su juzgamiento y posterior sanción.

Asimismo, urgió  al Estado a que tome todas las medidas necesarias para asegurar que las organizaciones de derechos humanos trabajen libres de intimidación y miedo, así como garantizar la protección de los documentos relativos a las posibles violaciones de derechos humanos que las mismas investigan y guardan.

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Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura anuncia visita a Nicaragua

Ginebra  (18 de noviembre de 2013) -Azerbaiyán, Nicaragua y Nigeria figuran entre los ocho países que el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) planea visitar en el 2014, anunció el organismo de derechos humanos.

La función del SPT es prevenir y erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos.  Trabaja con los gobiernos nacionales que han ratificado el Protocolo Facultativo  de la Convención contra la Tortura de la ONU.

El subcomité también realizará, el próximo año, misiones a  Ecuador, Malta, Países Bajos y Togo. Siguiendo la práctica anterior, algunas de las visitas del SPT se centrarán en la prestación de asesoramiento y asistencia a los mecanismos nacionales de prevención, que son los  responsables de supervisar los lugares de detención.

Además, el SPT también llevará a cabo visitas a lugares de detención, así como misiones de corta duración, las cuales se centrarán en el asesoramiento a las autoridades nacionales sobre la mejor manera de cumplir con sus obligaciones del Protocolo Facultativo.

“Para el SPT, la clave para prevenir la tortura y los malos tratos se encuentra en la construcción de buenas relaciones entre los organismos nacionales e internacionales en el marco del Protocolo Facultativo “, dijo su presidente Malcolm Evans, después de la última sesión del Subcomité  que se celebró en Ginebra del 11 al 15 de noviembre.

“Hemos visto muchos avances reales y positivos, como resultado de este enfoque y estamos comprometidos a traer los beneficios de ser socios en la prevención a todos los Estados partes, tan pronto como nos sea posible”, agregó.

Por esta razón, el señor Evans explicó  que el SPT está ideando nuevas formas de cumplir con su mandato, que no sólo le otorga acceso ilimitado a todos los tipos de centros de detención en los países que han ratificado el Protocolo Facultativo  sino que también hace un llamamiento a que se coopere estrechamente con los mecanismos nacionales, regionales y otros involucrados en la prevención de la tortura.

“Como resultado del Protocolo Facultativo y la labor del SPT, los sistemas de visitas periódicas a los lugares de detención, como parte de los esfuerzos internacionales para prevenir la tortura, ya son una realidad en más de 50 Estados”, agregó.
“El SPT está en el centro de este marco internacional de mecanismos independientes de prevención de la tortura y tenemos que ser el fomento y el apoyo  para todos los involucrados en este trabajo, a cualquier nivel”, dijo Evans.

 

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Presentan informe de grupo de la ONU sobre la situación de los afrodescendientes en Panamá

Panamá (14 de noviembre de 2013). La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dieron a conocer hoy el informe elaborado por Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, resultado de su visita al país en enero del 2013. El informe fue presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En su informe el Grupo de Trabajo reconoció los logros alcanzados por Panamá en materia de racismo y discriminación racial, pobreza, educación, empleo, salud, participación política, la discriminación múltiple y la administración de justicia, al mismo tiempo destacó los desafíos que enfrenta el país en estos temas.

 Entre los aspectos que se destacan en el informe se encuentran la Ley 16 por la que estableció la Comisión Nacional contra la Discriminación, la aprobación de la Ley 11 que prohíbe la discriminación laboral y la creación de la Secretaría del Consejo de la Etnia Negra. Saluda los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo por su campaña de sensibilización para alentar a la ciudadanía a denunciar los casos de discriminación racial y por la creación de la dependencia de lucha contra la discriminación.

El Grupo de Trabajo expresó su preocupación por la falta de una disposición general que prohíba la discriminación basada en raza y la falta de tipificación de los actos de discriminación como delitos punibles. Recomendó al  Gobierno de Panamá promulgar una legislación integral contra la discriminación que establezca sanciones civiles y penales adecuadas para los actos de discriminación cometidos por agentes tanto públicos como privados.

Los expertos consideraron que, a fin de eliminar la discriminación racial y el racismo, es importante dejar de negarlo y aceptar su existencia. Agregaron que el silencio sobre este tema constituye un obstáculo para la formulación de políticas públicas. Las prácticas racistas, a consideración del Grupo del Trabajo, están profundamente arraigadas en la historia de Panamá y exhortó al gobierno a la elaboración de programas educativos y culturales que aporten un análisis crítico de la historia para que, las nuevas generaciones aprendan en un clima de mayor entendimiento y respeto entre todos los panameños.

El Grupo de Trabajo propuso que se preparen, recopilen y analicen datos cualitativos y cuantitativos a nivel nacional, provincial y local con el fin de mejorar la precisión de los datos de las comunidades afro panameñas. Lo anterior, dijeron, es importante para diseñar y aplicar políticas y programas adecuados para atender necesidades específicas de las comunidades.

Los expertos consideraron necesario garantizar a los afrodescendientes el disfrute de todas las garantías de un proceso justo y de igualdad ante la ley, tal como se reconoce en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Grupo de Trabajo sugirió revisar las políticas y prácticas en relación con la seguridad ciudadana para identificar y erradicar el establecimiento de perfiles raciales como mecanismo de detención e investigación de personas.

También se recomendó la plena aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y que se considere hacer la declaración facultativa prevista del artículo 14 del ICERD. Invitó a la Defensoría del Pueblo a intensificar su labor de promoción y protección de los derechos de los afrodescendienes y a las organizaciones de la sociedad civil a continuar y fortalecer su cooperación con el gobierno en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Finalmente, el Grupo de Trabajo expresó su confianza en que el Gobierno, los afrodescendientes y los panameños en general contribuirán a fortalecer una sociedad más justa para todas las personas y grupos que son víctimas de la discriminación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó, a su vez, sus comentarios al informe. En dicho documento el Gobierno precisa algunos de los aspectos contenidos en el documento, destacando las acciones emprendidas por el Estado en diferentes ámbitos para garantizar los derechos humanos de la población afrodescendiente.

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró su compromiso de continuar con la cooperación y asesoría técnica al Estado panameño en particular a la Comisión Interinstitucional,  a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil en la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, de los Procedimientos Especiales y de los Órganos de Tratados.

Haga click aquí para leer el informe completo del Grupo de Trabajo y los comentarios del Estado visite

Para leer los comentarios del Gobierno de Panamá haga click aquí.

FIN

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 *Los expertos de la ONU visitaron Panamá el 14 y 18 de enero de 2013 por invitación del Gobierno. Se reunieron con representantes de ministerios y oficinas públicas, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, la Asamblea de Diputados, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional contra la Discriminación, autoridades académicas, representantes de la sociedad civil y dirigentes comunitarios.  También visitaron centros de detención en Ciudad de Panamá y Colón.  

 Para solicitudes de prensa contactar a Tilcia Delgado (302-4567 o 6671-3569), Oficial de Información y Comunicación de la Oficina Regional para Centro América del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

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Continúa la presentación del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres

El borrador de Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) es objeto de un proceso de presentación y validación que se inició en septiembre 2013 y  se extenderá hasta diciembre de este año. Ese proceso de consulta busca recoger los comentarios  que expertos y expertas, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de afinar la herramienta propuesta.

El 18 de noviembre próximo, la Representante Regional  para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, presentará el Protocolo en la quinta Conferencia de Estados Partes de la Convención Belém do Pará, que se celebrará en Washington. El 19 de noviembre, la señora Villa presentará también la herramienta en Quito, Ecuador, en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

El 26 de noviembre se  llevará a cabo una validación nacional en Costa Rica, organizada conjuntamente  por la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Regional del Alto Comisionado. Los comentarios recibidos durante ese ciclo de consultas permitirán completar el Modelo de Protocolo para su posterior publicación en el 2014.

Varias entidades internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han resaltado la necesidad de contar con protocolos para mejorar la actuación de los Estados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, en particular el femicidio/feminicidio. El Consenso de Santo Domingo, aprobado durante la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se expresó en el mismo sentido.

El Modelo de Protocolo se inscribe en ese esfuerzo.  Promueve la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y  reparación de los femicidios/feminicidios, proporciona orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación, enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género a fin de que se apliquen las sanciones a los responsables y se repare a las víctimas y, brinda herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.

 

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Mujeres Indígenas en defensa de los derechos humanos: Testimonios

http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2013/10/mujeres_indigenas_derechoshumanos.pdf

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CIDH expresa profunda preocupación ante sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante la sentencia TC/0168, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Esta sentencia modifica retroactivamente la normativa vigente en el país desde 1929 hasta 2010, lo cual despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana. En un gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apátrida, lo cual es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, esta sentencia tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana.

El caso refiere a Juliana Deguis Pierre, nacida en República Dominicana de padres haitianos, y registrada como dominicana al nacer. La sentencia del Tribunal Constitucional decidió que Juliana Deguis Pierre no cumple con los requisitos para ser registrada como dominicana, y que esta interpretación debe aplicarse en forma retroactiva, despojándola de su nacionalidad. Adicionalmente, el tribunal instruyó a las autoridades realizar una auditoría de los registros de nacimientos desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, a fin de identificar casos similares y despojar también a estas personas de su nacionalidad dominicana.

La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos.

La decisión del Tribunal Constitucional también es contraria a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Yean y Bosico, que estableció que “el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron.”

Adicionalmente, la CIDH observa que, según una encuesta realizada en 2012, en República Dominicana, habitan 244.151 personas nacidas en República Dominicana de padre y/o madre de origen extranjero, de los cuales 209.912 son hijos e hijas de personas de origen haitiano. La Comisión Interamericana recuerda que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La Comisión reitera una vez más sus múltiples llamados al Estado dominicano a respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad, teniendo en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”. En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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