Presentan informes sobre los pueblos indígenas de El Salvador

El Salvador, San Salvador − (30 de septiembre de 2013). El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentaron el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador. Igualmente, el señor James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentó su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el país.

En su informe sobre su visita a El Salvador en agosto de 2012 −presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- el experto independiente de la ONU señala que el Gobierno de El Salvador ha dado un paso importante para formalizar el reconocimiento legal de los pueblos indígenas a través de la reforma constitucional pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

En sus recomendaciones, Anaya hace un llamado al Gobierno a ratificar el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que constituiría el fundamento legal para la adopción de medidas que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha emprendido iniciativas a favor de los pueblos indígenas, éstas son incipientes según el Relator. Por ello, se requiere de políticas de Estado específicas, que junto a un marco legislativo y regulatorio definan responsabilidades en relación a los derechos indígenas.

Para los pueblos indígenas de El Salvador, el reconocimiento de su identidad como pueblos constituye su preocupación primordial. Las medidas para recuperar dicha identidad deben garantizar el fortalecimiento de las instituciones indígenas, su participación en los procesos de toma de decisiones, y asegurar que sean consultados sobre los programas y políticas que les afecten.

En el ámbito de la lucha contra la pobreza, el Relator anima al Estado salvadoreño a continuar fortaleciendo los esfuerzos y programas destinados a reducir las desigualdades que afectan de manera particular a los pueblos indígenas. Estos programas deben ser diseñados e implementados con su activa participación, en lineamiento con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio desarrollo, cita Anaya.

Ante la pérdida generalizada de tierras y territorios tradicionales de los pueblos indígenas −una preocupación que también ha sido expresada por los Órganos de Tratados del Consejo de Derechos Humanos− el Relator recomienda al Gobierno “revisar el programa de tierras del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria e incorporar mecanismos para adjudicar los reclamos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, así como proporcionar reparaciones adecuadas.

Se deberían adoptar reformas en la legislación y reglamentación pertinente para facilitar la tenencia de tierras indígenas de acuerdo con sus tradiciones y patrones culturales”. En relación a los proyectos de exploración y explotación de minería metálica, el Relator Especial urge a El Salvador a aprobar el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con dichas actividades.

El informe de Anaya también incluye recomendaciones en materia de educación y salud orientadas a la mejora del acceso a estos servicios por parte de los pueblos indígenas desde un enfoque intercultural que respete sus tradiciones y conocimientos.

Por otro lado, el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador −publicado en 2012 por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)− analiza el estado de cumplimiento del país en relación a las obligaciones legales adquiridas por el Estado al haber ratificado y aprobado instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

El Diagnóstico manifiesta los numerosos desafíos para poner fin a la invisibilidad y a la negación cultural indígena y avanzar así hacia el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Los hallazgos del estudio −que contiene contribuciones y recomendaciones de los pueblos indígenas− coinciden con el informe del Relator en materia de tierras y territorios, recursos naturales, educación, salud, consulta e identidad cultural.

De forma adicional el Diagnóstico aporta información sobre la discriminación que los pueblos indígenas sufren en diferentes ámbitos, tales como el acceso a la justicia y a los servicios básicos, así como al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Durante la elaboración del estudio, los pueblos indígenas manifestaron que además de ser discriminados e invisibilizados sus culturas son folklorizadas y empleadas para promover el turismo, hecho que tiene como consecuencia que se les limite el uso y disfrute de sus sitios ceremoniales y religiosos en pro de las visitas turísticas.

La Representante Regional para América Central de la OACNUDH, señora Carmen Rosa Villa Quintana, hace un llamado al Estado salvadoreño para que los espacios de diálogo y participación entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas faciliten un auténtico intercambio y conocimiento mutuo basado en el diálogo intercultural, el respeto y los principios que emanan de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

FIN

Para más información contactar a: Tilcia Delgado +507 302-4567 o escribir a tdelgado@ohchr.org Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Carlos León +503 2209-3509 o escribir a carlos.leon@one.un.org Oficina del Coordinar Residente de Naciones Unidas, El Salvador.

Para consultar el informe del Relator visite: http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2013-report-elsalvador-a-hrc-24-41-add2-sp.pdf Para consultar el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador visite: http://www.oacnudh.org/?p=1896

 

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Expertos destacan la necesidad de contar con un protocolo regional para investigar femicidios/feminicidios

PANAMÁ.  (19 de septiembre de 2013). –Expertos y expertas de América Latina han reconocido la necesidad de contar con una  herramienta regional práctica para guiar el ejercicio de la investigación y el  enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género  (femicidio/feminicidio). En ese sentido, valoraron el Modelo de Protocolo  Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por  razones de género (femicidios/feminidicios) como un documento útil que aborda la investigación penal de manera integral e  interdisciplinaria y que complementa  los instrumentos ya existentes en la  región.

Los  participantes  de las diferentes  actividades de revisión y validación del Modelo de Protocolo destacaron la  importancia de que la herramienta sea difundida e institucionalizada para que los encargados de investigar y enjuiciar las muertes violentas de mujeres  dispongan de “reglas mínimas de actuación”.

Para  que la herramienta sea efectiva, señalaron, se requiere adaptarla a los  contextos jurídicos y sociales de cada país, capacitar de manera constante a  las operadoras y operadores de justicia y brindar un seguimiento permanente a  su uso. Subrayaron también la importancia de que el aparato judicial trabaje de la mano de otras instancias del Estado, la sociedad civil y los medios de  comunicación para favorecer una cultura de respeto y la promoción de la igualdad de género.

Los  y las responsables de los Ministerios Públicos y de las Cortes Supremas de Justicia de América Central manifestaron su compromiso de impulsar la aplicación del Modelo de Protocolo en sus países respectivos. Además se planteó la importancia de que  el Consejo de  Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana del SICA (COMMCA/SICA)  se convierta en una plataforma de apoyo político para la promoción del Protocolo.

Por su parte, Jorge Chavarría, Fiscal General de Costa Rica y Secretario General
Permanente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, indicó que se
comprometía a llevar el documento ante esa instancia con el fin de que sus homólogos lo conocieran, se apropiaran de la herramienta e impulsen su uso en las diferentes instituciones que representan.

La Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, reconoció que el
reto es  grande. “Si se une la voluntad política al compromiso de las instituciones se pueden logran importantes avances”. “Los Estados tienen que prever los recursos financieros y humanos adecuados para hacer de la lucha contra la violencia de género una realidad”, añadió.

Por su parte, la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Moni Pizani, enfatizó “la necesidad de una transformación cultural que nos permita supercar los esquemas patriarcales y discriminatorios que todavía prevalecen en la sociedad. Los mismos se reproducen entre las y los funcionarios del sistema de justicia y están en la base de los altos índices de impunidad que presenciamos hoy en día”.

Las actividades de revisión del Modelo de Protocolo se realizaron en Panamá del 9
al 13 septiembre. Seguidamente, una validación de character nacional también fue organizada en  República Dominicana en conjunto con la Procuraduría General de la
República y el Poder Judicial de ese país.

En las diferentes actividades participaron magistrados y magistradas, jueces y
juezas, policías, forenses, abogados y abogadas, académicos y académicas, e integrantes
de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. También concurrieron representantes de entidades regionales e iberoamericanas.

El Modelo de Protocolo fue redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Contactos para medios:

Para solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a:

-Tilcia Delgado,  Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507)
6671-3569.

-Caterina de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y el
Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

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Operadores de justicia de República Dominicana revisan Modelo de Protocolo

SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA  (17 de septiembre de 2013)  –Operadores y operadoras de justicia de República Dominicana se reúnen en la fecha, 17 de septiembre, para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido / feminicidio). La convocatoria fue realizada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada en algunos países latinoamericanos como femicidio o feminicidio, es considerada uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 casos de muertes violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, en ocho países de la región. El 29.4% de las muertes fue ocasionado por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes. En República Dominicana, según datos de la PGR, en 2012 se presentaron 103 casos de femicidio, mientras que, en 2013, las cifras disminuyeron de un 30%.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores y las operadoras judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la  inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en  la recolección y práctica de las pruebas, y en la identificación de las víctimas y responsables.

El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que “el país tiene un gran reto de continuar fortaleciendo el trabajo con el objetivo de erradicar los feminicidios, por lo que saludó la iniciativa de redactar un Modelo de Protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres”.

La actividad que se realiza en Santo Domingo reúne a operadores y operadoras de justicia de toda la República. Es la primera reunión organizada a nivel nacional con el fin de presentar y poner a consideración el Modelo de Protocolo. Se enmarca en un proceso regional de revisión del documento que la semana pasada reunió, en Panamá, a expertos y expertas de América Latina.

El encuentro tiene el objetivo de recoger las experiencias y recomendaciones de las personas involucradas en la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca garantizar la utilidad y la aplicación del Modelo de Protocolo como herramienta para apoyar al sistema judicial en su lucha diaria para enfrentar la violencia contra las mujeres en República Dominicana.

“Con esta actividad, el Poder Judicial de la República Dominicana reitera su voluntad de enfrentar esta situación de violencia extrema contra las mujeres y las niñas. Estamos en el proceso de mejorar y de cumplir cabalmente con la obligación de actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”, subrayó el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

El Modelo de Protocolo es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados. Fue redactado por ACNUDH y ONU Mujeres en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Contactos para medios:

Para solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a:

-Tilcia Delgado, Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507)
302-4567 o al (+507) 6671-3569.

-Caterina de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

 

 

 

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Expertos y expertas revisan Modelo de Protocolo sobre muertes violentas de mujeres

 PANAMÁ.  (9 de septiembre de 2013).  – Expertos y expertas de América Latina se  reúnen del 9 al 13 de septiembre en Panamá para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido-feminicidio), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres. Las actividades se enmarcan dentro de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.

El femicidio/feminicidio es considerado como uno de los principales problemas que enfrentan  las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes.

“La muerte violenta de mujeres por razones de género constituye la forma más grave
de violencia contra las mujeres y pone a millones de mujeres, de todas las
edades, en una situación de desasosiego permanente”, subraya la Representante
Regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa.
“Los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea. Es lo que queremos fomentar con el Modelo de Protocolo”, añade.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables.

En  este sentido, la Directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Moni Pizani, señala que “la redacción del Modelo de Protocolo se enmarca dentro de la estrategia global de lucha contra la impunidad en casos de violaciones de los derechos de las mujeres por parte de ACNUDH y ONU Mujeres”. La responsable de ONU Mujeres especifica que “se trata de un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policías directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”.

En el proceso de revisión y validación del Modelo de Protocolo participarán magistrados y magistaradas, jueces y juezas, policías, forenses, abogados y abogadas, académicos y académicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Asistirán también representantes de entidades regionales e iberoamericanas.

Tiene como objetivo recoger las experiencias y recomendaciones de las personas involucradas en la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca así garantizar la utilidad y la aplicación del Modelo de Protocolo como herramienta de lucha contra la impunidad.

 Contactos  para medios:

Para  solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a:

-Tilcia  Delgado,  Oficina Regional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507)
6671-3569.

-Caterina  de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y El
Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

 

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Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá

La Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos presentó  el Diagnóstico sobre  la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá.

El estudio permite disponer de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y  puede ser de utilidad  para trazar líneas estratégicas y acciones concretas para garantizar la efectiva realización de los derechos de los bribris, los emberá, los buglés, los ngäbe, los naso y los wounaan. Se abordan temas como: tierras, territorios y recursos, libre determinación, justicia, participación política, educación, salud e igualdad y no discriminación.

El documento recoge el reconocimiento y protección jurídica de las tierras y territorios que el Estado panameño ha otorgado a los pueblos indígenas a través de la creación de las Comarcas.  Además, muestra el esfuerzo del gobierno por dar protección jurídica a los territorios  de los pueblos indígenas que no están dentro de los límites territoriales de las comarcas, a través de la Ley 72 de 2008 sobre Tierras Colectivas.

Sin embargo, la titulación no ha logrado ser una medida eficaz para evitar las invasiones a los territorios indígenas y las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

En este sentido, los Órganos de Tratados de derechos humano, han expresado su preocupación ante la falta de consulta con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas ante decisions administrativas o legislativas que puedan afectarles. Los mecanismos de derechos humanos, así como los pueblos indígenas exhortan al gobierno a  celebrar consultas de buena fe ante cualquier proyecto que afecte sus tierras,  territorios  y otros recursos, señaló la señora Carmen Rosa Villa, Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sobre el derecho a la libre determinación,  el estudio plantea la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar su plena autonomía. Por ello es necesario consolidar e implementar políticas en favor de los derechos de los pueblos  indígenas que sean coherentes con los estándares internacionales.

En el ámbito de la justicia, el Diagnóstico destaca los avances del nuevo Código Procesal
Penal de 2008, que reconoce la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas y establece normas de coordinación entre el sistema nacional de justicia y el sistema de justicia tradicional. Pese a los avances,  el Diagnóstico manifiesta que deben
reforzarse la capacitación y asesoramiento a los letrados y proveer la debida interpretación en los idiomas indígenas en los procesos judiciales.

En cuanto al derecho a la participación política, a pesar de representar el 12% de la población total del país, la representación parlamentaria indígena es escasa, y más reducida aún es la representación de la mujer indígena. De los 12 congresos generales, máximos órgano tradicional indígena, solamente una mujer ocupa el cargo de cacica general.

En el ámbito de la educación, la aprobación de la Ley 88 de 2010, que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas y dicta normas para la educación intercultural bilingüe, ha constituido un avance legislativo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero es necesario  intensificar la puesta en marcha de medidas afirmativas que reduzcan la brecha existente en el acceso a la educación entre la población indígena y la población no indígena tanto en la educación básica como la educación superior.

Los  hallazgos del diagnóstico en materia de salud constatan las numerosas iniciativas del Ministerio de Salud y la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas para garantizar un servicio de salud de calidad en armonía con la cosmovisión de los pueblos indígenas y sus prácticas tradicionales. Sin embargo,  los órganos de tratados de derechos humanos han enfatizado la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso en las áreas rurales y de difícil acceso, así como reducer  la tasa de  muertes maternas en las áreas
indígenas, indicó la señora Villa.

El último de los temas que aborda el Diagnóstico, es el derecho a la igualdad y a
la no discriminación.  La  participación decidida y activa del/la representante indígena en la Comisión contra la Discriminación Racial es crucial para el logro, en el futuro, un plan nacional contra la discriminación. El documento destaca la existencia en la Defensoría del Pueblo de la unidad especializada de asuntos indígenas, la cual requiere de un mayor apoyo en  recursos humanos y herramientas de gestión.

Con  el objetivo de combatir la discriminación racial y étnica, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado vienen desarrollando un protocolo de actuación para la atención de los casos de discriminación racial y étnica que  permita a la institución tomar acciones concretas para erradicar la discriminación, destacó la señora Villa.

FIN

Para  solicitudes de prensa contactar a Tilcia Delgado al 302-4567/ 6671-3569 o
escribir a tdelgado@ohchr.org.

Para consultar el  Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá visite: http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/PANAMÁ.pdf

 

 

 

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Culmina misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Nicaragua

La   misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) finalizó el jueves 29 de agosto  su visita a Nicaragua.

El Canciller nicaragüense Samuel Santos expresó la voluntad del Gobierno de “profundizar el diálogo para el intercambio de mejores prácticas, apoyo a la promoción y protección de los  derechos humanos, fomento de la cooperación, asistencia técnica y  fortalecimiento de las capacidades nacionales, siempre en materia de derechos
humanos
”.

La misión del Alto Comisionado estuvo  liderada por Gianni Magazzeni, Jefe de Servicio de América, Europa y Asia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Francesco Notti, Representante Adjunto de la Oficina Regional para América Central.  Los representantes de ACNUDH se reunieron  con funcionarios de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  y la Comisión Gubernamental para el Examen Periódico Universal (EPU), creada por el Ejecutivo.

La misión también se reunió con diversas organizaciones de las sociedad civil. El Alto Comisionado busca apoyar a  Nicaragua en una serie de áreas de cara  a sus compromisos internacionales y   a  la preparación del  segundo ciclo del EPU.

El EPU es un mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Nicaragua fue examinada en el 2010.

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Familias y ONG que luchan por los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas necesitan apoyo y protección, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (29 de agosto de 2013) –Las familias y los grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las víctimas de desaparición forzada tienen que ser protegidos contra amenazas y represalias y apoyados en su trabajo, afirmaron un grupo de expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas en un llamado conjunto por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto*.

“Las familias de los desaparecidos y las organizaciones no gubernamentales son a veces la única voz en sus países que piden la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y destacan tanto a nivel nacional como internacional la difícil situación de los desaparecidos”, dijeron los expertos del Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

“Debido a su papel fundamental, muchos de ellos son vulnerables a intimidaciones y enfrentan obstáculos en su lucha para prevenir y combatir las desapariciones forzadas”, agregaron.

Este testimonio de un grupo de familiares que trabaja para esclarecer lo que le sucedió a sus seres queridos destaca los riesgos: “Poco después de haber presentado nuestros casos al Grupo de Trabajo, los policías comenzaron a visitar nuestros hogares preguntándonos por qué habíamos ‘demandando’ al Gobierno”.

“Hacemos un llamado a los Estados a que adopten o refuercen las medidas para proteger a las familias y a los grupos de la sociedad civil que trabajan en cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, y para prevenir y sancionar cualquier acto de intimidación, persecución o represalia”, dijeron los  expertos.

La reducción de las donaciones también dificulta la labor de algunas ONG y asociaciones de familias que luchan por la justicia y brindan apoyo a los  familiares de los desaparecidos.

El Comité y el Grupo de Trabajo afirmaron: “Nos preocupa que algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema se enfrentan a graves dificultades en la realización de sus actividades y que otras están  luchando por sobrevivir debido al debilitamiento del apoyo que reciben, incluido el apoyo económico.”

La falta de fondos puede ser devastadora, especialmente para las ONG locales que intentan brindar apoyo a las familias. “A veces tenemos que viajar varios días para llegar a los hogares de las  familias de las víctimas de desaparición forzada que han sido hostigadas. El
transporte y las comunicaciones son muy costosos. Si no podemos estar en
contacto con las familias, ¿cómo podemos protegerlas?”, dijo un grupo de la
sociedad civil.
“Hoy una vez más rendimos homenaje a los familiares, las organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas mujeres y hombres que trabajan sin descanso por los derechos de las víctimas de desaparición forzada y para erradicar esta práctica  atroz”, dijeron los miembros del Grupo de Trabajo y del Comité.

“Hacemos un llamado a los Estados y a los donantes a renovar su compromiso con
la lucha contra las desapariciones forzadas, en particular proporcionado un apoyo adecuado a estos individuos y grupos que desempeñan un rol clave y que
trabajan tan duro y con tanta valentía”, concluyeron.

FIN

Vea a los expertos en el canal de la ONU Derechos Humanos en YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=qD_nE5xNoN4&feature=share&list=UU3L8u5qG07djPUwWo6VQVLA
*El 30 de agosto ha sido declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por las Naciones Unidas y fue observado por primera vez en 2011: http://www.un.org/es/events/disappearancesday/index.shtml

El Comité contra las Desapariciones Forzadas es un órgano compuesto por 10 expertos internacionales independientes que supervisa la implementación por los Estados partes de la Convención Internacional para la protección de todas las  personas contra las desapariciones forzadas. La Convención entró en vigor en diciembre de 2010. El Presidente del Comité es el Sr. Emmanuel Decaux (Francia), y los otros miembros expertos son el Sr. Mohammed Al-Obaidi (Irak),  el Sr. Mamadou Badio Camara (Senegal), el Sr. Santiago Corcuera (México), el Sr. Alvaro Garcé García y Santos (Uruguay), el Sr. Luciano Hazan (Argentina), el Sr. Rainer Huhle (Alemania), la Sra. Suela Janina (Albania), el Sr. Juan  Josè López Ortega (España) y el Sr. Kimio Yakushiji (Japón).

Para más información sobre el Comité visite:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias fue establecido en 1980 para asistir a las familias en la determinación del destino y paradero de sus familiares desaparecidos. Trabaja en estrecha colaboración con los Gobiernos para asegurar que los casos individuales sean investigados. El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco  expertos independientes, continúa conociendo los casos hasta que se resuelven.  Hasta la fecha ha examinado alrededor de 55.000 casos, de los cuales unos 10.000 han sido resueltos. El Grupo de Trabajo está compuesto de cinco expertos independientes provenientes de todas las regiones del mundo. El
Presidente-Relator es el Sr. Olivier de Frouville (Francia) y el Vice-Presidente-Relator es el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano). Los demás miembros  son el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y  Herzegovina) y el Sr. Jeremy Sarkin (Sudáfrica).

Para más información sobre el Grupo de Trabajo, visite:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx

Para cualquier información sobre el Comité, sírvase contactar a:

Maria Giovanna Bianchi (+41 22 917 9189/ mgbianchi@ohchr.org)

Para cualquier información sobre el Grupo de Trabajo, sírvase contactar a:

Michelle Erazo (+41 22 917 94 49 / wgeid@ohchr.org)

Para cualquier solicitud de medios, sírvase contactar a:

Liz Throssell, Media Officer – UN Human Rights Office (+41 22 917 9434 or +41
79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org)

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Vea el Índice Universal de los Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/es/

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Comité de la ONU de las Derechos de las Personas con discapacidad revisará situación de El Salvador

GINEBRA (28 de agosto de 2013) –El Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CRPD) revisará la situación de El Salvador los días 4 y 6 de septiembre en sesiones que serán transmitidas en vivo por Internet.

El Salvador, como uno de los 133 Estados que forman parte de  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe presentar informes periódicos ante
el Comité.

El  CRPD, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos, se reunirá con la delegación del Gobierno de El Salvador, con organizaciones que representan a
personas con discapacidad, ONGs y la institución nacional de derechos humanos.

Las sesiones se realizarán en el edificio Palais Wilson de Ginebra, el miércoles 4
de septiembre entre las 15:00 y las 18:00; y el viernes 6 de septiembre, de las
10:00 a las 13:00 hora local.

El  informe de El Salvador, así como los temas que se discutirán pueden consultarse
en:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

Las retransmisiones en directo de las sesiones públicas pueden verse en: http://www.treatybodywebcast.org/.

Durante  el periodo de sesiones, el Comité también examinará la situación de Austria y
Australia. Las  observaciones finales sobre  estos países estarán disponible el
13 de septiembre en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

 FIN

Para obtener más información sobre el  Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad visite:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

Para concertar entrevistas con miembros  del Comité favor contactar a Jorge Araya (+41 22 917 9106 / jaraya@ohchr.org), en Ginebra.

Para obtener más información y otras  solicitudes de prensa, contactar a Carlos León

(+ 774 6186 / carlos.leon@one.un.org), en San Salvador.

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Primer debate regional sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos en América Latina y el Caribe

BOGOTA / GINEBRA (26 de agosto de 2013) –Más de 400 representantes globales, regionals y nacionales de empresas, asociaciones industriales, Gobiernos, organismos
regionales e internacionales, sindicatos, sociedad civil, representantes de
pueblos indígenas y otros se reunirán para el primer Foro Regional de América
Latina y el Caribe sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos.
Representantes de empresas del sector minero, energético-petrolero, de
alimentos y bebidas, banca y finanzas, y agropecuario harán parte del diálogo
con comunidades locales, ONG y funcionarios del sector público.

El Foro Regional multisectorial, organizado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos, junto con la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Colombia, tendrá lugar en Medellín,
Colombia, del 28 al 30 de agosto 2013.

“Nunca ha habido una reunión regional sobre empresas y derechos humanos de tal
envergadura”, dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el grupo de
cinco expertos de Naciones Unidas. “El Foro Regional de América Latina y el
Caribe reunirá por primera vez una amplia gama de partes interesadas, algunas
con puntos de vista divergentes, para dialogar abiertamente sobre cómo
gobiernos y empresas están abordando el impacto de las empresas sobre los
derechos humanos en la región”.

El Foro Regional tiene como objetivo difundir los Principios Rectores de Naciones
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos*, la norma de autoridad
mundial para prevenir y remediar las consecuencias adversas de las actividades
empresariales sobre los derechos humanos.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas destacan las medidas que deben tomar los
Estados y las empresas para prevenir y hacer frente a los efectos adversos, así
como para asegurar acceso a mecanismos de reparación eficaces para personas y
comunidades que hayan sufrido las consecuencias negativas de las actividades de
empresas.

“El papel de empresas nacionales y extranjeras en la sociedad ha sido un tema polémico en
la región. La desigualdad y la pobreza han contribuido a agravios históricos y
a la desconfianza hacia las empresas. Pero el conflicto no es la solución”,
dijo Alexandra Guáqueta, la miembro hispanohablante del Grupo de Trabajo.

“La region necesita tanto empleos como inclusión social y económica. Los Principios
Rectores proveen una plataforma sólida para alinear las actividades
empresariales con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La cultura
latinoamericana nunca ha cuestionado los derechos humanos. La región tiene una
oportunidad única de convertirse en líder sobre empresas y derechos humanos,
aumentar su competitividad en el mercado global, y atender las necesidades
sociales”, recalcó la experta.

“Los Principios dan a las empresas previsibilidad sobre lo que se espera de ellas,”
dijo el Sr. Sulyandziga. “También dan a otras partes interesadas, incluida la
sociedad civil  y los inversionistas, las
herramientas para medir los avances donde realmente importa – en la vida diaria
de las personas”.

Este primer encuentro regional representa una oportunidad para que todas las partes
interesadas dialoguen sobre los desafíos en la implementación de los Principios
Rectores de Naciones Unidas en sectores y contextos operativos específicos, y
en relación a derechos y grupos específicos, incluidos los pueblos indígenas y
los afrodescendientes.

En América Latina, como en otras partes del mundo, decenas de inversiones nacionales y
extranjeras en las industrias extractivas, agrícolas y del turismo han sido
bloqueadas debido a la oposición social e incertidumbre sobre los impactos
sobre la salud y ambientales. “Un nuevo contrato social, que toma en
consideración las realidades de la globalización del siglo 21 es necesario”,
dijo Michael Addo, el tercer miembro del Grupo de Trabajo que estará presente
en este primer Foro regional.

Éste es un diálogo entre actores económicos y políticos clave que participan en la
formulación y la implementación de las nuevas reglas de juego en la rendición
de cuentas y la responsabilidad corporativa a nivel global. Nuestro rol en el
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas es crear un ambiente seguro para resolver
problemas e innovar”, agregó la Sra. Guáqueta.

El Foro  Regional de América Latina y el Caribe da seguimiento al diálogo internacional
que tuvo lugar durante el primer Foro de Naciones Unidas sobre las empresas y
los derechos humanos, que reunió más de 1000 participantes de más de 80 países
en Ginebra el año pasado. Los resultados del Foro Regional se llevarán al próximo
Foro global que tendrá lugar en Ginebra del 2 al 4 de diciembre 2013.

El evento estará abierto a los medios de comunicación. Para acreditación de prensa, por
favor contactar: Regionalforumbhr@ohchr.org / maria.eugenia.boza@undp.org/ nicolasduran@presidencia.gov.co

El Grupo de Trabajo de la ONU celebrará una conferencia de prensa junto con los
otros co-organizadores del Foro Regional en el Hotel Dann Carlton, Medellín, el
28 de agosto entre las 11.00am y 11.30am.

(*) Lea los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos
humanos (Español/Inglés): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx

FIN

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Junio 2011. Sus cinco miembros son: el Sr. Pavel Sulyandziga (actual Presidente), la Sra. Alexandra Guáqueta (Vice Presidente), la Sra. Margaret
Jungk, el Sr. Michael Addo, y el Sr. Puvan Selvanathan. El Grupo de Trabajo es
independiente de todo gobierno u organización. Presenta informes anuales al
Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

 Para mayor información  sobre el Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre empresas y derechos humanos, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013LACRegionalForumBusinessandHumanRights.aspx

 Para obtener más información  sobre el Foro anual de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que tendrá lugar en Ginebra del 2 al 4 de diciembre de 2013, vea:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx

Para información adicional y solicitudes de los medios de comunicación en inglés (incluidas entrevistas con los miembros del Grupo de trabajo), favor contactar a

John E. Grova (+ 47 918 85 260 / wg-business@ohchr.org / bhrconsultant@ohchr.org). 

Para solicitudes y preguntas en español, favor contactar Taryn Lesser (+41 79 752 0481) / tlesser@ohchr.org
o wg-business@ohchr.org.

 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Diana Losada, Coordinadora de Información Pública (Tel: +571 658 3300 / Cel: 310 2709465 / DLosada@ohchr.org)

Para solicitudes de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU favor contactar a:

Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

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Vea “El enigma”: http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8?rel=0

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Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urge a los Estados a respetar los compromisos con los pueblos indígenas

PANAMÁ /GINEBRA (08 de agosto de 2013) La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Navi Pillay, hizo un llamamiento a los Estados a  dar cumplimiento a las normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

La Alta Comisionada afirmó que “el hecho de que la explotación y la expropiación [de sus tierras y territorios] continúen enfatiza la necesidad de trabajar aún más para proteger los derechos de alrededor de 370 millones de indígenas en el mundo”.

Por otro lado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señaló que “los pueblos indígenas enfrentan grandes retos en todo el mundo relacionados con injusticias históricas generalizadas, incluidos
tratados violados y actos de opresión, y políticas erradas de los gobiernos,
que hoy se manifiestan en desventajas y obstáculos al ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos”.

Con respecto a los nuevos tratados y acuerdos que se están desarrollando, incluidos aquellos relacionados con las industrias extractivas que operan en o cerca de las tierras indígenas, el experto de la ONU señaló que estos deben ser compatibles con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, tanto en relación a la
participación indígena en estos procesos como en los resultados sustantivos.

Por su parte, la Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, señaló que si bien los Estados han avanzado en la implementación de medidas constitucionales, legislativas o administrativas que reconocen la identidad indígena, aún son numerosos los desafíos para alcanzar una efectiva protección de los derechos de estos
pueblos. La señora Villa instó a los gobiernos de la región centroamericana a cumplir con los compromisos adquiridos mediante los tratados y convenios internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas a definer y determinar su propio desarrollo.

“Con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los Estados han asumido un compromiso ineludible de promoción, respeto y garantía con los pueblos indígenas”, enfatizó Villa Quintana.

FIN

Para más información y peticiones de prensa en Ginebra favor de
contactar a Liz Throssell (+ 41 22 917 9434 / + 41 79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org) o a  Cecile Pouilly (+41 9179310/ cpouilly@ohchr.org)

Para solicitud de información en Panamá contactar a Tilcia Delgado
(+507-3024567/+507-6671-3569/ tdelgado@ohchr.org)

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