Comité de la ONU de las Derechos de las Personas con discapacidad revisará situación de El Salvador

GINEBRA (28 de agosto de 2013) –El Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CRPD) revisará la situación de El Salvador los días 4 y 6 de septiembre en sesiones que serán transmitidas en vivo por Internet.

El Salvador, como uno de los 133 Estados que forman parte de  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe presentar informes periódicos ante
el Comité.

El  CRPD, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos, se reunirá con la delegación del Gobierno de El Salvador, con organizaciones que representan a
personas con discapacidad, ONGs y la institución nacional de derechos humanos.

Las sesiones se realizarán en el edificio Palais Wilson de Ginebra, el miércoles 4
de septiembre entre las 15:00 y las 18:00; y el viernes 6 de septiembre, de las
10:00 a las 13:00 hora local.

El  informe de El Salvador, así como los temas que se discutirán pueden consultarse
en:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

Las retransmisiones en directo de las sesiones públicas pueden verse en: http://www.treatybodywebcast.org/.

Durante  el periodo de sesiones, el Comité también examinará la situación de Austria y
Australia. Las  observaciones finales sobre  estos países estarán disponible el
13 de septiembre en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

 FIN

Para obtener más información sobre el  Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad visite:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

Para concertar entrevistas con miembros  del Comité favor contactar a Jorge Araya (+41 22 917 9106 / jaraya@ohchr.org), en Ginebra.

Para obtener más información y otras  solicitudes de prensa, contactar a Carlos León

(+ 774 6186 / carlos.leon@one.un.org), en San Salvador.

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Primer debate regional sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos en América Latina y el Caribe

BOGOTA / GINEBRA (26 de agosto de 2013) –Más de 400 representantes globales, regionals y nacionales de empresas, asociaciones industriales, Gobiernos, organismos
regionales e internacionales, sindicatos, sociedad civil, representantes de
pueblos indígenas y otros se reunirán para el primer Foro Regional de América
Latina y el Caribe sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos.
Representantes de empresas del sector minero, energético-petrolero, de
alimentos y bebidas, banca y finanzas, y agropecuario harán parte del diálogo
con comunidades locales, ONG y funcionarios del sector público.

El Foro Regional multisectorial, organizado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos, junto con la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Colombia, tendrá lugar en Medellín,
Colombia, del 28 al 30 de agosto 2013.

“Nunca ha habido una reunión regional sobre empresas y derechos humanos de tal
envergadura”, dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el grupo de
cinco expertos de Naciones Unidas. “El Foro Regional de América Latina y el
Caribe reunirá por primera vez una amplia gama de partes interesadas, algunas
con puntos de vista divergentes, para dialogar abiertamente sobre cómo
gobiernos y empresas están abordando el impacto de las empresas sobre los
derechos humanos en la región”.

El Foro Regional tiene como objetivo difundir los Principios Rectores de Naciones
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos*, la norma de autoridad
mundial para prevenir y remediar las consecuencias adversas de las actividades
empresariales sobre los derechos humanos.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas destacan las medidas que deben tomar los
Estados y las empresas para prevenir y hacer frente a los efectos adversos, así
como para asegurar acceso a mecanismos de reparación eficaces para personas y
comunidades que hayan sufrido las consecuencias negativas de las actividades de
empresas.

“El papel de empresas nacionales y extranjeras en la sociedad ha sido un tema polémico en
la región. La desigualdad y la pobreza han contribuido a agravios históricos y
a la desconfianza hacia las empresas. Pero el conflicto no es la solución”,
dijo Alexandra Guáqueta, la miembro hispanohablante del Grupo de Trabajo.

“La region necesita tanto empleos como inclusión social y económica. Los Principios
Rectores proveen una plataforma sólida para alinear las actividades
empresariales con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La cultura
latinoamericana nunca ha cuestionado los derechos humanos. La región tiene una
oportunidad única de convertirse en líder sobre empresas y derechos humanos,
aumentar su competitividad en el mercado global, y atender las necesidades
sociales”, recalcó la experta.

“Los Principios dan a las empresas previsibilidad sobre lo que se espera de ellas,”
dijo el Sr. Sulyandziga. “También dan a otras partes interesadas, incluida la
sociedad civil  y los inversionistas, las
herramientas para medir los avances donde realmente importa – en la vida diaria
de las personas”.

Este primer encuentro regional representa una oportunidad para que todas las partes
interesadas dialoguen sobre los desafíos en la implementación de los Principios
Rectores de Naciones Unidas en sectores y contextos operativos específicos, y
en relación a derechos y grupos específicos, incluidos los pueblos indígenas y
los afrodescendientes.

En América Latina, como en otras partes del mundo, decenas de inversiones nacionales y
extranjeras en las industrias extractivas, agrícolas y del turismo han sido
bloqueadas debido a la oposición social e incertidumbre sobre los impactos
sobre la salud y ambientales. “Un nuevo contrato social, que toma en
consideración las realidades de la globalización del siglo 21 es necesario”,
dijo Michael Addo, el tercer miembro del Grupo de Trabajo que estará presente
en este primer Foro regional.

Éste es un diálogo entre actores económicos y políticos clave que participan en la
formulación y la implementación de las nuevas reglas de juego en la rendición
de cuentas y la responsabilidad corporativa a nivel global. Nuestro rol en el
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas es crear un ambiente seguro para resolver
problemas e innovar”, agregó la Sra. Guáqueta.

El Foro  Regional de América Latina y el Caribe da seguimiento al diálogo internacional
que tuvo lugar durante el primer Foro de Naciones Unidas sobre las empresas y
los derechos humanos, que reunió más de 1000 participantes de más de 80 países
en Ginebra el año pasado. Los resultados del Foro Regional se llevarán al próximo
Foro global que tendrá lugar en Ginebra del 2 al 4 de diciembre 2013.

El evento estará abierto a los medios de comunicación. Para acreditación de prensa, por
favor contactar: Regionalforumbhr@ohchr.org / maria.eugenia.boza@undp.org/ nicolasduran@presidencia.gov.co

El Grupo de Trabajo de la ONU celebrará una conferencia de prensa junto con los
otros co-organizadores del Foro Regional en el Hotel Dann Carlton, Medellín, el
28 de agosto entre las 11.00am y 11.30am.

(*) Lea los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos
humanos (Español/Inglés): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx

FIN

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Junio 2011. Sus cinco miembros son: el Sr. Pavel Sulyandziga (actual Presidente), la Sra. Alexandra Guáqueta (Vice Presidente), la Sra. Margaret
Jungk, el Sr. Michael Addo, y el Sr. Puvan Selvanathan. El Grupo de Trabajo es
independiente de todo gobierno u organización. Presenta informes anuales al
Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

 Para mayor información  sobre el Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre empresas y derechos humanos, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013LACRegionalForumBusinessandHumanRights.aspx

 Para obtener más información  sobre el Foro anual de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que tendrá lugar en Ginebra del 2 al 4 de diciembre de 2013, vea:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx

Para información adicional y solicitudes de los medios de comunicación en inglés (incluidas entrevistas con los miembros del Grupo de trabajo), favor contactar a

John E. Grova (+ 47 918 85 260 / wg-business@ohchr.org / bhrconsultant@ohchr.org). 

Para solicitudes y preguntas en español, favor contactar Taryn Lesser (+41 79 752 0481) / tlesser@ohchr.org
o wg-business@ohchr.org.

 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Diana Losada, Coordinadora de Información Pública (Tel: +571 658 3300 / Cel: 310 2709465 / DLosada@ohchr.org)

Para solicitudes de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU favor contactar a:

Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

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Vea “El enigma”: http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8?rel=0

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Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urge a los Estados a respetar los compromisos con los pueblos indígenas

PANAMÁ /GINEBRA (08 de agosto de 2013) La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Navi Pillay, hizo un llamamiento a los Estados a  dar cumplimiento a las normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

La Alta Comisionada afirmó que “el hecho de que la explotación y la expropiación [de sus tierras y territorios] continúen enfatiza la necesidad de trabajar aún más para proteger los derechos de alrededor de 370 millones de indígenas en el mundo”.

Por otro lado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señaló que “los pueblos indígenas enfrentan grandes retos en todo el mundo relacionados con injusticias históricas generalizadas, incluidos
tratados violados y actos de opresión, y políticas erradas de los gobiernos,
que hoy se manifiestan en desventajas y obstáculos al ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos”.

Con respecto a los nuevos tratados y acuerdos que se están desarrollando, incluidos aquellos relacionados con las industrias extractivas que operan en o cerca de las tierras indígenas, el experto de la ONU señaló que estos deben ser compatibles con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, tanto en relación a la
participación indígena en estos procesos como en los resultados sustantivos.

Por su parte, la Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, señaló que si bien los Estados han avanzado en la implementación de medidas constitucionales, legislativas o administrativas que reconocen la identidad indígena, aún son numerosos los desafíos para alcanzar una efectiva protección de los derechos de estos
pueblos. La señora Villa instó a los gobiernos de la región centroamericana a cumplir con los compromisos adquiridos mediante los tratados y convenios internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas a definer y determinar su propio desarrollo.

“Con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los Estados han asumido un compromiso ineludible de promoción, respeto y garantía con los pueblos indígenas”, enfatizó Villa Quintana.

FIN

Para más información y peticiones de prensa en Ginebra favor de
contactar a Liz Throssell (+ 41 22 917 9434 / + 41 79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org) o a  Cecile Pouilly (+41 9179310/ cpouilly@ohchr.org)

Para solicitud de información en Panamá contactar a Tilcia Delgado
(+507-3024567/+507-6671-3569/ tdelgado@ohchr.org)

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Experto independiente de la ONU presenta recomendaciones sobre derechos humanos y ambiente en Costa Rica

La misión del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, John Knox, finalizó hoy con la presentación de los resultados y conclusiones preliminares.

La misión de Knox se dio por invitación del Gobierno de Costa Rica, entre el 28 de julio y el 01 de agosto de 2013 y contempló una amplia agenda de trabajo con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, sector académico, así como la visita a distintas comunidades costarricenses.

John Knox, fue nombrado en agosto de 2012, por un periodo de tres años, como el primer Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

“El derecho a disfrutar de un ambiente sano es cada vez más reconocido en todo el mundo como un derecho humano fundamental. Además, un ambiente sano es indispensable para el disfrute de muchos otros derechos, incluidos los derechos a la vida y a la salud, dijo Knox.

En la conferencia de prensa de cierre, el Experto Independiente reconoció a Costa Rica como un país pionero en la protección del medio ambiente y el respeto y protección de los derechos humanos. Knox expresó su admiración especial por el compromiso de la ciudadanía de Costa Rica en el ejercicio de sus derechos humanos para garantizar la protección del medio ambiente.

Según Knox, más de 90 países, entre ellos Costa Rica, ahora incluyen el derecho a un medio ambiente sano en sus constituciones. Costa Rica ha ido mucho más lejos que la mayoría de los países, al adoptar un enfoque de derechos humanos para la protección del medio ambiente. Para Knox el país también proporciona una fuerte protección para que el público tenga acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones en materia ambiental, y para tener acceso a recursos eficaces. Su Sala Constitucional, el Tribunal Ambiental dedicado, y su Defensoría de los Habitantes, juegan un papel activo para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos.

“La dedicación de Costa Rica a los derechos humanos le ha ayudado a alcanzar logros importantes en la protección del medio ambiente. El país ha logrado la reforestación de su territorio, al pasar de un 26% de cobertura vegetal en la década de los ochentas a más de un 52% en la actualidad, dando seguridad a las generaciones actuales y futuras a tener un ambiente más saludable”, el experto indicó.

Como parte de su mandato, el experto buscó identificar buenas prácticas específicas en la garantía y el ejercicio de derechos humanos para proteger el medio ambiente. Además de la adopción del derecho constitucional a un medio ambiente sano y la protección del derecho a la participación pública efectiva, Knox señaló otros ejemplos de buenas prácticas que vio en su visita.

Knox destacó las prácticas que se llevan a cabo en el país en temas de turismo sostenible y mencionó como ejemplo El Certificado para la Sostenibilidad Turística impulsado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Este es un sistema diseñado para categorizar y diferenciar a las empresas turísticas de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un modelo de sostenibilidad y manejo adecuado de los recursos naturales, culturales y sociales. Especialmente resaltó el esfuerzo de ICT de promover que las empresas turísticas consuman productos locales para lograr encadenamientos con pequeños productores.  El experto aplaudió la disposición del país de compartir este modelo de sostenibilidad turística con otras naciones, como lo ha hecho con algunos pares latinoamericanos.

El Experto Independiente también se mostró  positivamente impresionado  por la participación de las comunidades costarricenses en la organización local para la protección del ambiente. Mencionó el ejemplo de Bijagual de Turrubares como una buena práctica de organización comunal en la protección de bosques, prevención de la caza, cuido del agua, resguardo de la flora y fauna de la zona, así como en la implementación de modelos de agricultura sostenible.

El Experto Independiente además subrayó que  a pesar de los logros, aún existen importantes retos en el país que deben ser abordados.  Knox mencionó la necesidad de reforzar la protección y vigilancia del Estado en las áreas protegidas, que ante el sentimiento de desprotección, las organizaciones sociales y comunales, así como la ciudadanía han asumido funciones de vigilancia, lo que les ha puesto en riesgo.

“No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente.  Esas funciones de policía son  tareas que deben estar en manos de los gobiernos”, dijo Knox.

Por otro lado reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.

El Experto Independiente tomó nota de la reciente propuesta de establecer una comisión para examinar las amenazas pasadas y presentes de los derechos de las personas que trabajan para proteger el medio ambiente. Debido a que estas amenazas han aumentado en todo el mundo en los últimos años, dijo, esa comisión podría ser un modelo innovador para otros países.

Knox también hizo hincapié en que se deben tener en cuenta los derechos humanos de las personas que viven en las áreas protegidas para decidir la mejor manera de promover la protección del ambiente.

“La protección del medio ambiente no debe realizarse a un coste excesivo para las comunidades que tienen raíces históricas profundas en áreas de importancia ambiental. Es de vital trascendencia garantizar que el derecho humano a un ambiente sano no entra en conflicto con  otros derechos fundamentales”, manifestó Knox.

Knox reconoció que Costa Rica continúa trabajando hacia una ley de aguas actualizada, pero alentó al país para que se mueva con mayor rapidez y así pueda cumplir las recomendaciones del Relator Especial sobre el Derecho al Agua, que visitó Costa Rica hace cuatro años. Dicha ley debería ayudar a Costa Rica a remediar sus altos niveles de contaminación del agua en muchas zonas e incorporar el reconocimiento del derecho humano al agua, dijo.

El experto independiente elaborará un informe público con conclusiones y recomendaciones sobre los temas estudiados durante la misión, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014

 

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CEDAW da a conocer sus observaciones sobre la situación de la mujer en República Dominicana

El Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio a conocer sus observaciones y recomendaciones finales sobre la situación de República Dominicana en materia de los derechos de la mujer.

Para consultar el documento en inglés presione aquí o visite la siguiente dirección:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=810&Lang=en

 

 

 

 

 

 

 

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Segundo ciclo: Extienden fecha para el envío de información para el Examen Periódico Universal

Fechas límites para entrega de informes para el EPU Belice Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
Informe se considerara durante… 17º sesión del Grupo de Trabajo ( 28/10/2013) 19° sesión del Grupo de Trabajo ( abril/ mayo 2014) 20º sesión del Grupo de Trabajo (Oct/Nov 2015) 22º sesión del Grupo de Trabajo (2015) 19° sesión del Grupo de Trabajo (Abril/mayo 2014) 22º sesión del Grupo de Trabajo (Abril/mayo 2015) 18° sesión del Grupo de Trabajo (Enero/feb
2014)
Gobierno (Informe Nacional / informe de Estado) 22 Julio 2013 20 Enero 2014 (fecha tentativa) 21 Julio 2014 (fecha tentativa) 19 Enero 2015 (fecha tentativa) 20 Enero 2014 (fecha tentativa) 19 Enero 2015 (fecha tentativa) 28 Oct 2013
La información puede ser enviada a: UPRStates@ohchr.org
UNCT / Agencias de Naciones Unidas 11 Marzo 2013 16 Sept 2013 1 de Marzo 2014 1 Sept 2014 16 Sept 2013 1 Sept 2014 24 Junio 2013
Enviar las contribuciones utilizando el siguiente enlace: https://uprdoc.ohchr.org
Sociedad civil 11 Marzo 2013 16 Sept 2013 1 Marzo 2014 1 Sept 2014 16 Sept 2013 1 Sept 2014 24 Junio 2013
Enviar las contribuciones utilizando el siguiente enlace: https://uprdoc.ohchr.org

 

La fecha límite  para recibir las contribuciones de los países para la revisión, durante la décima novena sesión del Grupo de Trabajo del Exámen Periódico Universal, ha sido extendida al 16 de septiembre de 2013. Las contribuciones de la ONU deben enviarse a través del sistema de submisión disponible en https://uprdoc.ohchr.org

 

¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)?
Es un mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

¿Cómo funciona el Examen Periódico Universal (EPU)?
El Examen de un Estado se basa en tres documentos: un informe nacional elaborado por el Estado, una compilación de información de las Naciones Unidas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y un resumen de la información presentado por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil y que también elaborado por el ACNUDH).

El Examen se realiza en Ginebra, durante un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, integrado por 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los Estados observadores.

El EPU consiste en un diálogo interactivo de tres horas y media, entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos. Luego de este diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones.
Posteriormente, en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos (que se realiza unos meses después) se adopta un documento final sobre el resultado. El documento contiene el informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a las recomendaciones recibidas.

La adopción de dicho documento se divide en partes iguales entre el Estado objeto de revisión, los demás Estados y los otros actores interesados (incluye instituciones nacionales de derechos humanos y a los representantes observadores de las ONG) para que presenten declaraciones orales con observaciones respecto al país.

¿Qué países que cubre la Oficina Regional están pendientes de ser examinado por el Examen Periódico Universal?
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice.

¿Quiénes podrán presentar información al Examen Periódico Universal (EPU)?
Podrán presentar información representantes de la sociedad civil, incluidas las ONG
reconocida o no como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social. Dicha información debe ajustarse a las directrices adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119.

Para más información véase la Guía práctica para la sociedad civil o http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

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Declaración del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Panamá

26 de Julio de 2013

“En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo mi visita oficial a Panamá, la cual comenzó el
pasado 19 de julio. Durante mi visita, he mantenido una serie de reuniones en
la Ciudad de Panamá con diversos representantes de Gobierno y representantes de
los pueblos indígenas y de la sociedad civil. También he mantenido reuniones
con representantes de los pueblos bribri, guna, emberá naso, ngäbe y wounaan en
las comarcas Ngäbe Buglé y Gunayala y en las tierras colectivas del pueblo
emberá.

Quisiera agradecer al Gobierno de Panamá su cooperación y su disposición para permitirme llevar a cabo mi visita y mis diálogos con los representantes indígenas de manera libre y abierta. También quisiera agradecer la colaboración del sistema de las
Naciones Unidas en Panamá, especialmente a la Oficina Regional para América
Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por
su ayuda imprescindible para la visita. Finalmente, quisiera expresar mi
gratitud a los pueblos indígenas, en particular a sus autoridades y congresos generales,
por invitarme a sus territorios, por la hospitalidad que me brindaron y por
compartir conmigo sus historias, sus preocupaciones y sus aspiraciones.

Durante el transcurso  de mi misión, y en especial durante mi visita a los territorios indígenas, he constatado la riqueza de la diversidad cultural de los diferentes pueblos
indígenas de Panamá, la cual se manifiesta a través del mantenimiento de sus
costumbres, sus idiomas y sus expresiones culturales, tales como sus bailes,
músicas y trajes tradicionales. Es evidente que los pueblos indígenas de Panamá
viven con orgullo su identidad indígena, y que expresan su deseo de continuar
manteniendo y fortaleciendo todos los aspectos de sus culturas.

En Panamá, la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía indígena otorgada por el
Estado panameño a varios pueblos indígenas del país a través del sistema de
comarcas. Las comarcas son un importante ejemplo de afirmación de los derechos
de los pueblos indígenas a nivel mundial, constituyendo un referente de
protección de los derechos de propiedad y de autogobierno de los pueblos
indígenas para otros países. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Panamá contiene importantes disposiciones que protegen los derechos de los
pueblos indígenas del país.

Estos avances suponen  un fundamento significativo sobre el cual continuar construyendo y fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas de Panamá. Sin embargo,
durante la última semana he observado que este fundamento es en muchos aspectos
frágil y precario, y que existen varias amenazas sobre los derechos de los
pueblos indígenas que ponen en riesgo los avances logrados en años precedentes.

Una de las mayors inquietudes de los siete pueblos indígenas del país es el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales. De especial preocupación es
la inseguridad territorial del pueblo bribri y el pueblo naso, cuyos territorios no disponen de un reconocimiento comarcal.

En este sentido, las  autoridades del Estado competentes en materia de tierras deberían conceder una  consideración y atención renovada a la propuesta del pueblo naso para la
creación de una comarca que otorgue reconocimiento y protección a sus derechos
territoriales. De igual preocupación son las comunidades que viven fuera de los
límites de las comarcas reconocidas a favor de sus pueblos, como es el caso de
numerosas comunidades emberás y wounaan y del territorio guna de Dagargunyala.

El Gobierno debe  avanzar sin dilatación en el trámite de las solicitudes pendientes de los
pueblos bribri, emberá y wounaan de acuerdo a la Ley 72 de 2008 sobre propiedad
colectiva de tierra de los pueblos indígenas, asistiendo a los pueblos
indígenas a remediar cualesquiera que sean los defectos en sus aplicaciones que
pudieran resultar en demoras de este proceso.

Durante mi visita, los pueblos indígenas me han expresado de forma reiterada su máxima
preocupación ante la presencia de terceros en sus territorios, tanto dentro
como fuera de las comarcas. Esta situación ha resultado en la perdida de
grandes extensiones de tierras y recursos naturales indígenas, así como en la
fragmentación del control y de la toma de decisiones que las autoridades
indígenas ejercen en sus tierras.  Estos terceros incluyen colonos y empresas privadas agrícolas, ganaderas y de turismo, así como mineros y madereros ilegales. Ante esta situación, quisiera hacer un llamamiento al Estado a cooperar con las autoridades indígenas para  controlar y poner fin a estas invasiones y privatizaciones de tierras,
incluyendo los territorios indígenas que continúan a la espera de ser
demarcados y titulados por el Estado.

El desarrollo de  grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas de Panamá ha sido motivo de numerosas alegaciones de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas, especialmente en años recientes. En 2009, visité al país en mi
capacidad de Relator Especial para examinar la situación de las comunidades
indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y emití un informe
con observaciones y recomendaciones al respecto. Desde entonces he continuado
recibiendo información sobres proyectos hidroeléctricos y proyectos de minería
que tienen un impacto sobre los territorios indígenas.

Los pueblos indígenas afectados por estos proyectos alegan irregularidades en los procesos mediante  los cuales se han obtenido las autorizaciones para la construcción de las hidroeléctricas y en los procesos mediante los cuales se ha llegado a acuerdos sobre los
proyectos. Se alega también una inadecuada distribución de los beneficios
derivados de los mismos.

En este sentido, un caso reciente que ha llegado a ser emblemático es el proyecto hidroeléctrico  Barro Blanco. De mi visita a la Comarca Ngäbe Buglé y de mis diálogos con
representantes ngäbes resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al
proyecto Barro Blanco, así como una falta de claridad y de información adecuada
sobre los impactos del mismo. En cambio, sí se manifiesta con claridad que si
bien la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, está
ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Buglé, su embalse inundaría tierras de un
área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de
esta zona.

Tomando nota de la mesa de diálogo establecida con el apoyo del sistema de las Naciones Unidades  en Panamá para atender esta situación, aliento a las partes a continuar con
este proceso de diálogo a fin de llegar a una solución consensuada basada en el
respeto pleno de los derechos territoriales del pueblo ngäbe y de las comunidades
directamente afectadas.

Debería haberse  consultado adecuadamente al pueblo ngäbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico. En todo caso, y de acuerdo a las normas
internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, no se
debería proceder a la inundación de las tierras del pueblo ngäbe, ni afectar de
otra manera sus tierras sin un acuerdo previo con las autoridades
representativas de este pueblo sobre las condiciones de tal inundación o
afectación.  Sin el acuerdo o  consentimiento del pueblo ngäbe,  El estado
solo podría permitir la afectación a los derechos territoriales de este pueblo,
en virtud de un propósito público válido dentro del marco de derechos humanos, y
solo, en la medida en que la afectación fuese necesaria y proporcional en relación
a ese propósito valido.

Cabe notar que, recayendo  en el Estado la obligación de proteger los derechos del pueblo ngäbe sobre sus  tierras y recursos naturales, la empresa responsable del proyecto Barro Blanco  tiene una obligación independiente de respectar estos mismos derechos, de
acuerdo a los “Principios rectores sobre empresas y derechos humanos” aprobados
por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011. Además, esta responsabilidad
internacional empresarial no se limita al acatamiento de las leyes del derecho
interno, sino que abarca también el respeto a las normas establecidas a nivel
internacional.

Durante mi visita, también  he escuchado las preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el país sobre la falta de respeto y deferencia por parte del Estado hacia las decisiones de  las autoridades indígenas, que se manifiestan incluso en el desempeño de funciones
bajo su jurisdicción al interior de las comarcas. En este sentido, las
instancias del Gobierno deben fortalecer su cooperación con las autoridades
indígenas, incluyendo asuntos como la educación, la salud, el desarrollo
económico, y la seguridad en las zonas fronterizas del país en las áreas de la
Comarca Gunayala y la Comarca Emberá Wounaan.

Dado lo anterior, es necesario consolidar e  implementar políticas públicas de Estado en favor de los derechos de los  pueblos indígenas de manera coherente con los estándares internacionales. A  este respecto, cabe notar el proceso en curso para la creación de un “Plan  nacional de desarrollo integral de los pueblos indígena”, que podría resultar
en un avance significativo si realmente se fundamenta en las aspiraciones de
los pueblos indígenas y si se convierte en una acción efectiva que disponga del
presupuesto requerido para ser implementado.

Otro avance importante para el reconocimiento de los  derechos de los pueblos indígenas sería la ratificación del Convenio No. 169 de  la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Panamá es uno de los pocos países en América Latina que aún  no ha ratificado este Convenio. El Convenio Nº 169 es un instrumento de  derechos humanos que complementa la Declaración de las Naciones Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto afirmativo de Panamá.

En las próximas  semanas estaré revisando la información que he obtenido durante la visita para  elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas en Panamá, el cual incluirá una serie de recomendaciones para avanzar
en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Este informe se hará
público el próximo año y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Espero que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones a
los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país, construyéndose sobre
la base de los avances existentes”.

 

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Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos lanza campaña en favor de la igualdad de las personas LGBT

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) lanzó hoy viernes una  campaña global de educación pública sin precedente denominada “Libre e Igual”  en favor de   la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

La campaña, de un año de duración,  fue anunciada en conferencia de prensa por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi
Pillay,  desde  la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La señora Pillay estuvo acompañada del Arzobispo Emeritus Desmond Tutu y del Magistrado Edwin Cameron, juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica. También se leyó una declaración de apoyo de Yvonne Chaka Chaka, cantante sudafricana y la embajadora de buena voluntad de UNICEF y de Roll Back Malaria.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos prometió un mundo en el cual toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin excepción, sin que nadie sea dejado atrás”, declaró la Alta Comisionada Pillay. “Sin embargo, esto sigue siendo una promesa vacía para millones de personas LGBT, obligadas a enfrentar a diario el odio, la intolerancia, la violencia y la discriminación”.

“Cambiar actitudes nunca es fácil. Pero ha sido posible en relación con otros
temas y, en este caso, está sucediendo ya en muchas partes del mundo. Se inicia
con conversaciones a menudo difíciles.  Es lo que queremos hacer con esta Campaña. Libre e Igual inspirará millones de conversaciones entre las personas de todo el
mundo y de todo espectro ideológico”, siguió la Alta Comisionada Pillay

La campaña Libre e Igual tiene como objetivo crear conciencia sobre la violencia y la discriminación homofóbica y transfóbica, así como fomentar un mayor respeto de los derechos de las personas LGBT. Durante el próximo año, se dará a conocer una variedad
de materiales creativos en la línea de ‘El Enigma (The Riddle) ‘, un video
difundido por la Oficina del Alto Comisionado para el Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia, y ‘La historia de una madre de Brasil’ (‘The Story of a Mother from Brazil’), que es el primer video de una serie de entrevistas a los familiares de las personas LGBT en todo el mundo.

La campaña fue precedida de un informe que la OACNUDH publicó en diciembre de 2011, siendo el primer documento  oficial de las Naciones Unidas sobre la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. El informe documentó los abusos generalizados contra los derechos humanos.

Hoy en día, más de 76 países todavía penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, mientras que en muchos otros la discriminación contra las personas LGBT es generalizada, incluso en el lugar de trabajo, en los sectores de educación y de salud.  En todas las regiones del mundo, se ha registrado la violencia motivada por el odio en contra de las personas LGBT, incluyendo asaltos, violencias sexuales y asesinatos selectivos.

La campaña se enfocará sobre la necesidad de llevar a cabo tanto reformas legales como acciones de educación pública para combatir la homofobia y la transfobia.

Algunas celebridades comprometidas con la igualdad han ofrecido su
apoyo a la campaña Libre e Igual. Al convertirse en líderes y lideresas de la igualdad para las Naciones Unidas, ayudarán a difundir los mensajes y los materiales de la campaña a través de los medios sociales. Estas incluyen la estrella del pop Ricky Martin, la cantante sudafricana  Yvonne Chaka Chaka, la actriz de Bollywood Celina Jaitly y la cantante
brasileña Daniela Mercury. El apoyo de otras personalidades comprometidas
con la igualdad se dará a conocer a medida que se desarrolla la campaña.

FIN

Contactos

Para más información de prensa, contactar:

Tilcia Delgado, Oficina Regional para América Central,
Panamá, (+507 302 4567)

Cécile Pouilly, Oficina OACNUDH Ginebra, Suiza (+41 22
917 9310 / +41 79 6180 34 30 / cpouilly@ohchr.org)

Jackie Yodashkin (+27 72 435 4172/ info@unfe.org)

Siga la campaña Libre
e Igual
en las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/free.equal

Twitter: http://www.twitter.com/free_equal

Aprenda más  acerca de la Campaña Libre e Igual en
www.unfe.org

 

Libre e Igual es una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  los Derechos Humanos (OACNUDH)  implementada en colaboración con la Fundación  Propósito – una organización líder en la creación de campañas de comunicación globales  sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y orientadas a los  medios de comunicación sociales

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20 años después de la Declaración y Programa de Acción de Viena

Extractos del Discurso de apertura la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Conferencia Viena+20

(Traducción no oficial)

El 27 de junio en la Conferencia Viena +20 en Austria, la señora Navi Pillay, Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptados por consenso en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 fue el “documento más significativo de derechos humanos producido en el último cuarto de siglo y uno de los documentos más fuertes de derechos humanos de los últimos cien años”.

Agregó que “el documento cristaliza el principio de que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, firmemente arraiga la noción de la universalidad y compromete a los Estados a promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas independientemente de su sistema político, económico y cultural”.

La Conferencia de Viena de 1993 dio lugar a “avances históricos en muchas áreas vitales”, dijo Pillay. También se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que ahora dirige (y cuyo vigésimo aniversario se celebrará a partir de septiembre).

La señora Pillay señaló que desde esa fecha se han producido avances significativos en la historia de los derechos humanos pero también retrocesos.

En su presentación la Alta Comisionada destacó el establecimiento de la primera Corte Penal Internacional, de los mecanismos para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, minorías, trabajadores emigrantes y sus familias y otros grupos. “Viena abrió la puerta a mecanismos de derechos humanos más fuertes incluyendo la expansión de los Procedimientos Especiales. Hoy, 48 Procedimientos Especiales cubren el espectro completo de los derechos humanos.”

De otro lado, afirmó que el trabajo está lejos de ser completo. “Tenemos que reorganizar muchas áreas, hemos fracasado en construir en la base de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. La inspiradora apertura de la Declaración Universal que afirma –que los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos– todavía es sólo un sueño para muchas personas”.

Al respecto hizo referencia a los constantes conflictos de los últimos 20 años en la que se han violado los derechos humanos. “Una vez más, la comunidad internacional ha prometido proteger a los civiles de masacres y violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, a medida que les estoy hablando mujeres están siendo secuestradas y violadas, los hospitales están siendo bombardeados y las masacres deliberadas manchan la tierra con la sangre de inocentes”, “Todo esto es intolerable. Y todavía continúa pasando”, añadió.

“No estamos celebrando la historia”, dijo la Alta Comisionada. “Estamos hablando de una huella para una construcción que está a la mitad. Es esencial que veamos la Declaración y Programa de Acción de Viena como un documento vivo que puede y debe seguir guiando nuestras acciones y metas. Los derechos humanos todavía no están universalmente disponibles o no son vistos como independientes o interrelacionados pese a nuestra promesa de trabajar para que lo sean”, añadió.

“Estados continúan haciendo argumentos sobre relatividad cultural. Mujeres, minorías e inmigrantes son discriminados y abusados. El derecho al desarrollo todavía no es aceptado por todos. El poder todavía corrompe y los líderes están dispuestos a sacrificar a su gente para mantenerlo”.

Otro logro importante de la Conferencia Mundial de Viena fue el haber dotado de mayor impulso a organizaciones de la sociedad civil y a otros defensores de los derechos humanos (la Señora Pillay representó una ONG de derechos de la mujer en la Conferencia de 1993). Dichas organizaciones se han extendido en un grado inimaginable para aquel tiempo, especialmente al nivel nacional, dijo.

Hoy, 20 años después, ha afirmado que “necesitamos revivir el espíritu de la Declaración de Viena y volver a aprender los mensajes”.

El discurso completo está disponible en inglés

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13488&LangID=E

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Segundo ciclo: Examen Periódico Universal, fechas límites para el envío de información

Fechas límites para entrega de informes para el EPU Belice Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
Informe se considerara durante… 17º sesión del Grupo de Trabajo (2013) 19° sesión del Grupo de Trabajo (2014) 20º sesión del Grupo de Trabajo (2015) 22º sesión del Grupo de Trabajo (2015) 19° sesión del Grupo de Trabajo (2014) 22º sesión del Grupo de Trabajo (2015) 18° sesión del Grupo de Trabajo (2014)
Gobierno (Informe Nacional / informe de Estado) 22 Julio 2013 20 Enero 2014 (fecha tentativa) 21 Julio 2014 (fecha tentativa) 19 Enero 2015 (fecha tentativa) 20 Enero 2014 (fecha tentativa) 19 Enero 2015 (fecha tentativa) 28 Oct 2013
La información puede ser enviada a: UPRStates@ohchr.org
UNCT / Agencias de Naciones Unidas 11 Marzo 2013 16 Sept 2013 1 de Marzo 2014 1 Sept 2014 16 Sept 2013 1 Sept 2014 24 Junio 2013
Enviar las contribuciones utilizando el siguiente enlace: https://uprdoc.ohchr.org
Sociedad civil 11 Marzo 2013 16 Sept 2013 1 Marzo 2014 1 Sept 2014 16 Sept 2013 1 Sept 2014 24 Junio 2013
Enviar las contribuciones utilizando el siguiente enlace: https://uprdoc.ohchr.org

La fecha límite para recibir las contribuciones de los países para la revisión, durante la décimo novena sesión del Grupo de Trabajo del Exámen Periódico Universal (EPU), ha sido extendida hasta el 16 de septiembre de 2013.  Las contribuciones de la ONU Deben enviarse a través del sistema de submisión disponible en https:uprdoc.ohchr.org

¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)?
Es un mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

¿Cómo funciona el Examen Periódico Universal (EPU)?
El Examen de un Estado se basa en tres documentos: un informe nacional elaborado por el Estado, una compilación de información de las Naciones Unidas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y un resumen de la información presentado por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil y que también elaborado por el ACNUDH).

El Examen se realiza  en Ginebra, durante un  periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, integrado por 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los Estados observadores.

El  EPU consiste en un diálogo interactivo de tres horas y media, entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos. Luego de este diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones.
Posteriormente, en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos (que se realiza unos meses después) se adopta un documento final sobre el resultado. El documento contiene el informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a las recomendaciones recibidas.

La adopción de dicho documento se divide en partes iguales entre el Estado objeto de  revisión, los demás Estados y los otros actores interesados (incluye instituciones nacionales de derechos humanos y a los representantes observadores de las ONG) para que presenten declaraciones orales con  observaciones respecto al país.

¿Qué países que cubre la Oficina Regional están pendientes de ser examinado por el Examen Periódico Universal?
Costa Rica, El Salvador,  Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice.

¿Quiénes podrán presentar información al Examen Periódico Universal (EPU)?
Podrán presentar información representantes de la sociedad civil, incluidas las ONG
reconocida o no como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social. Dicha información debe ajustarse a las directrices adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119.

Para más información véase la Guía práctica para la sociedad civil  o http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

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