CIDH expresa profunda preocupación ante sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante la sentencia TC/0168, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Esta sentencia modifica retroactivamente la normativa vigente en el país desde 1929 hasta 2010, lo cual despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana. En un gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apátrida, lo cual es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, esta sentencia tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana.

El caso refiere a Juliana Deguis Pierre, nacida en República Dominicana de padres haitianos, y registrada como dominicana al nacer. La sentencia del Tribunal Constitucional decidió que Juliana Deguis Pierre no cumple con los requisitos para ser registrada como dominicana, y que esta interpretación debe aplicarse en forma retroactiva, despojándola de su nacionalidad. Adicionalmente, el tribunal instruyó a las autoridades realizar una auditoría de los registros de nacimientos desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, a fin de identificar casos similares y despojar también a estas personas de su nacionalidad dominicana.

La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos.

La decisión del Tribunal Constitucional también es contraria a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Yean y Bosico, que estableció que “el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron.”

Adicionalmente, la CIDH observa que, según una encuesta realizada en 2012, en República Dominicana, habitan 244.151 personas nacidas en República Dominicana de padre y/o madre de origen extranjero, de los cuales 209.912 son hijos e hijas de personas de origen haitiano. La Comisión Interamericana recuerda que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La Comisión reitera una vez más sus múltiples llamados al Estado dominicano a respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad, teniendo en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”. En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Fallo de Corte Constitucional de República Dominicana preocupa al Alto Comisionado

La  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que le preocupa un fallo de la Corte Constitucional República Dominicana que puede privar a decenas de miles de personas de una nacionalidad, casi todos de origen haitiano. La decisión tendrá un impacto muy negativo en otros derechos, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina.

El pasado 26  de septiembre, la Corte dictaminó que los hijos de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en República Dominicana a partir de 1929 no podrán tener la nacionalidad dominicana al considerarse que sus padres estaban en tránsito.

Hasta 2010, en el país había regido el principio de la “nacionalidad automática” para todos los nacidos en suelo dominicano. Pero una nueva Constitución promulgada ese mismo año  estableció que la ciudadanía sólo se garantizaba en el caso de nacidos dentro del país, siempre que al menos uno de sus padres fuera ya dominicano o residente legal.

La decisión, que será inapelable, otorga a la Junta Central Electoral un año para elaborar una lista de personas a ser excluidas de la ciudadanía, y describe una serie de pasos que conducen a la elaboración de un plan de regularización de los inmigrantes indocumentados. La decisión podría tener consecuencias desastrosas para las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana, lo que los deja en un limbo constitucional, con decenas de miles de ellos sin estado y sin acceso a los servicios básicos para los  que se requieren documentos de identidad.

“Instamos al Gobierno dominicano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana no se vean privados de su derecho a la nacionalidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país”, señaló,  Shamdasani.

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El Salvador debe investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado

Washington, D.C. –La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera que el Estado de El Salvador debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos.

Según la información recibida por la CIDH, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema admitió una demanda de inconstitucionalidad el 20 de septiembre de 2013. De acuerdo a los demandantes, la Ley viola disposiciones de la Constitución en cuanto a la form (artículos 85 y 135) puesto que no se respetaron los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo. Asimismo, afirman que en cuanto al fondo, los artículos 1, 2 y 4 de la Ley serían violatorios de los artículos 2, 12, 131 y 144 de la Constitución.

En reiteradas oportunidades la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CorteIDH) han establecido que las disposiciones de cualquier naturaleza, sean legislativas, administrativas u otras, que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

Específicamente, la CorteIDH en reiteradas sentencias ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Durante el conflicto armado en El Salvador, aproximadamente 75.000 personas fueron asesinadas y 8.000 fueron víctimas de desaparición forzada, entre ellos, miles de niñas y niños. Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se han pronunciado en distintas oportunidades sobre la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

La CIDH y la CorteIDH han requerido específicamente dejar sin efecto la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en cuanto impide la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

La Comisión Interamericana reitera que es deber impostergable del Estado de El Salvador saldar la deuda histórica con la memoria de las víctimas, con sus familiares sobrevivientes y con toda la sociedad, quienes pasados casi 30 años de ocurridos los hechos, aún no han podido conocer la verdad ni obtener justicia a través de la sanción a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Interamericana ha resuelto y publicado informes sobre casos individuales relacionados con este tema. En los casos sobre las ejecuciones extrajudiciales del Arzobispo de San Salvador, monseñor  Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, y de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno, así como de Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, por parte de escuadrones de la muerte integrados por agentes del Estado, la Comisión Interamericana recomendó al Estado la realización de una investigación completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, conforme a estándares internacionales, a fin de identificar juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada.

También recomendó adecuar su legislación interna a los preceptos de la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley conocida como de Amnistía General. Asimismo, en el caso sobre la desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, y la niña Emelinda Lorena Hernández, que tuvieron lugar entre 1980 y 1982, la Comisión recomendó al Estado, entre otros, investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad y sancionar a todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las víctimas del presente caso, incluyendo las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad y sancionar a las personas que participaron en el encubrimiento de los hechos y en la denegación de justicia.

Adicionalmente, la Corte Interamericana estableció en la sentencia sobre el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador que: “El Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador”.

Agregó la CorteIDH que: “Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Presentan informes sobre los pueblos indígenas de El Salvador

El Salvador, San Salvador − (30 de septiembre de 2013). El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentaron el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador. Igualmente, el señor James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentó su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el país.

En su informe sobre su visita a El Salvador en agosto de 2012 −presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- el experto independiente de la ONU señala que el Gobierno de El Salvador ha dado un paso importante para formalizar el reconocimiento legal de los pueblos indígenas a través de la reforma constitucional pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

En sus recomendaciones, Anaya hace un llamado al Gobierno a ratificar el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que constituiría el fundamento legal para la adopción de medidas que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha emprendido iniciativas a favor de los pueblos indígenas, éstas son incipientes según el Relator. Por ello, se requiere de políticas de Estado específicas, que junto a un marco legislativo y regulatorio definan responsabilidades en relación a los derechos indígenas.

Para los pueblos indígenas de El Salvador, el reconocimiento de su identidad como pueblos constituye su preocupación primordial. Las medidas para recuperar dicha identidad deben garantizar el fortalecimiento de las instituciones indígenas, su participación en los procesos de toma de decisiones, y asegurar que sean consultados sobre los programas y políticas que les afecten.

En el ámbito de la lucha contra la pobreza, el Relator anima al Estado salvadoreño a continuar fortaleciendo los esfuerzos y programas destinados a reducir las desigualdades que afectan de manera particular a los pueblos indígenas. Estos programas deben ser diseñados e implementados con su activa participación, en lineamiento con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio desarrollo, cita Anaya.

Ante la pérdida generalizada de tierras y territorios tradicionales de los pueblos indígenas −una preocupación que también ha sido expresada por los Órganos de Tratados del Consejo de Derechos Humanos− el Relator recomienda al Gobierno “revisar el programa de tierras del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria e incorporar mecanismos para adjudicar los reclamos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, así como proporcionar reparaciones adecuadas.

Se deberían adoptar reformas en la legislación y reglamentación pertinente para facilitar la tenencia de tierras indígenas de acuerdo con sus tradiciones y patrones culturales”. En relación a los proyectos de exploración y explotación de minería metálica, el Relator Especial urge a El Salvador a aprobar el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con dichas actividades.

El informe de Anaya también incluye recomendaciones en materia de educación y salud orientadas a la mejora del acceso a estos servicios por parte de los pueblos indígenas desde un enfoque intercultural que respete sus tradiciones y conocimientos.

Por otro lado, el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador −publicado en 2012 por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)− analiza el estado de cumplimiento del país en relación a las obligaciones legales adquiridas por el Estado al haber ratificado y aprobado instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

El Diagnóstico manifiesta los numerosos desafíos para poner fin a la invisibilidad y a la negación cultural indígena y avanzar así hacia el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Los hallazgos del estudio −que contiene contribuciones y recomendaciones de los pueblos indígenas− coinciden con el informe del Relator en materia de tierras y territorios, recursos naturales, educación, salud, consulta e identidad cultural.

De forma adicional el Diagnóstico aporta información sobre la discriminación que los pueblos indígenas sufren en diferentes ámbitos, tales como el acceso a la justicia y a los servicios básicos, así como al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Durante la elaboración del estudio, los pueblos indígenas manifestaron que además de ser discriminados e invisibilizados sus culturas son folklorizadas y empleadas para promover el turismo, hecho que tiene como consecuencia que se les limite el uso y disfrute de sus sitios ceremoniales y religiosos en pro de las visitas turísticas.

La Representante Regional para América Central de la OACNUDH, señora Carmen Rosa Villa Quintana, hace un llamado al Estado salvadoreño para que los espacios de diálogo y participación entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas faciliten un auténtico intercambio y conocimiento mutuo basado en el diálogo intercultural, el respeto y los principios que emanan de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

FIN

Para más información contactar a: Tilcia Delgado +507 302-4567 o escribir a tdelgado@ohchr.org Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Carlos León +503 2209-3509 o escribir a carlos.leon@one.un.org Oficina del Coordinar Residente de Naciones Unidas, El Salvador.

Para consultar el informe del Relator visite: http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2013-report-elsalvador-a-hrc-24-41-add2-sp.pdf Para consultar el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador visite: http://www.oacnudh.org/?p=1896

 

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Expertos destacan la necesidad de contar con un protocolo regional para investigar femicidios/feminicidios

PANAMÁ.  (19 de septiembre de 2013). –Expertos y expertas de América Latina han reconocido la necesidad de contar con una  herramienta regional práctica para guiar el ejercicio de la investigación y el  enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género  (femicidio/feminicidio). En ese sentido, valoraron el Modelo de Protocolo  Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por  razones de género (femicidios/feminidicios) como un documento útil que aborda la investigación penal de manera integral e  interdisciplinaria y que complementa  los instrumentos ya existentes en la  región.

Los  participantes  de las diferentes  actividades de revisión y validación del Modelo de Protocolo destacaron la  importancia de que la herramienta sea difundida e institucionalizada para que los encargados de investigar y enjuiciar las muertes violentas de mujeres  dispongan de “reglas mínimas de actuación”.

Para  que la herramienta sea efectiva, señalaron, se requiere adaptarla a los  contextos jurídicos y sociales de cada país, capacitar de manera constante a  las operadoras y operadores de justicia y brindar un seguimiento permanente a  su uso. Subrayaron también la importancia de que el aparato judicial trabaje de la mano de otras instancias del Estado, la sociedad civil y los medios de  comunicación para favorecer una cultura de respeto y la promoción de la igualdad de género.

Los  y las responsables de los Ministerios Públicos y de las Cortes Supremas de Justicia de América Central manifestaron su compromiso de impulsar la aplicación del Modelo de Protocolo en sus países respectivos. Además se planteó la importancia de que  el Consejo de  Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana del SICA (COMMCA/SICA)  se convierta en una plataforma de apoyo político para la promoción del Protocolo.

Por su parte, Jorge Chavarría, Fiscal General de Costa Rica y Secretario General
Permanente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, indicó que se
comprometía a llevar el documento ante esa instancia con el fin de que sus homólogos lo conocieran, se apropiaran de la herramienta e impulsen su uso en las diferentes instituciones que representan.

La Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, reconoció que el
reto es  grande. “Si se une la voluntad política al compromiso de las instituciones se pueden logran importantes avances”. “Los Estados tienen que prever los recursos financieros y humanos adecuados para hacer de la lucha contra la violencia de género una realidad”, añadió.

Por su parte, la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Moni Pizani, enfatizó “la necesidad de una transformación cultural que nos permita supercar los esquemas patriarcales y discriminatorios que todavía prevalecen en la sociedad. Los mismos se reproducen entre las y los funcionarios del sistema de justicia y están en la base de los altos índices de impunidad que presenciamos hoy en día”.

Las actividades de revisión del Modelo de Protocolo se realizaron en Panamá del 9
al 13 septiembre. Seguidamente, una validación de character nacional también fue organizada en  República Dominicana en conjunto con la Procuraduría General de la
República y el Poder Judicial de ese país.

En las diferentes actividades participaron magistrados y magistradas, jueces y
juezas, policías, forenses, abogados y abogadas, académicos y académicas, e integrantes
de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. También concurrieron representantes de entidades regionales e iberoamericanas.

El Modelo de Protocolo fue redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Contactos para medios:

Para solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a:

-Tilcia Delgado,  Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507)
6671-3569.

-Caterina de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y el
Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

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Operadores de justicia de República Dominicana revisan Modelo de Protocolo

SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA  (17 de septiembre de 2013)  –Operadores y operadoras de justicia de República Dominicana se reúnen en la fecha, 17 de septiembre, para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido / feminicidio). La convocatoria fue realizada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada en algunos países latinoamericanos como femicidio o feminicidio, es considerada uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 casos de muertes violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, en ocho países de la región. El 29.4% de las muertes fue ocasionado por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes. En República Dominicana, según datos de la PGR, en 2012 se presentaron 103 casos de femicidio, mientras que, en 2013, las cifras disminuyeron de un 30%.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores y las operadoras judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la  inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en  la recolección y práctica de las pruebas, y en la identificación de las víctimas y responsables.

El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que “el país tiene un gran reto de continuar fortaleciendo el trabajo con el objetivo de erradicar los feminicidios, por lo que saludó la iniciativa de redactar un Modelo de Protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres”.

La actividad que se realiza en Santo Domingo reúne a operadores y operadoras de justicia de toda la República. Es la primera reunión organizada a nivel nacional con el fin de presentar y poner a consideración el Modelo de Protocolo. Se enmarca en un proceso regional de revisión del documento que la semana pasada reunió, en Panamá, a expertos y expertas de América Latina.

El encuentro tiene el objetivo de recoger las experiencias y recomendaciones de las personas involucradas en la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca garantizar la utilidad y la aplicación del Modelo de Protocolo como herramienta para apoyar al sistema judicial en su lucha diaria para enfrentar la violencia contra las mujeres en República Dominicana.

“Con esta actividad, el Poder Judicial de la República Dominicana reitera su voluntad de enfrentar esta situación de violencia extrema contra las mujeres y las niñas. Estamos en el proceso de mejorar y de cumplir cabalmente con la obligación de actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”, subrayó el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

El Modelo de Protocolo es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados. Fue redactado por ACNUDH y ONU Mujeres en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

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-Tilcia Delgado, Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507)
302-4567 o al (+507) 6671-3569.

-Caterina de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

 

 

 

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Expertos y expertas revisan Modelo de Protocolo sobre muertes violentas de mujeres

 PANAMÁ.  (9 de septiembre de 2013).  – Expertos y expertas de América Latina se  reúnen del 9 al 13 de septiembre en Panamá para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido-feminicidio), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres. Las actividades se enmarcan dentro de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.

El femicidio/feminicidio es considerado como uno de los principales problemas que enfrentan  las mujeres de América Latina. Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes.

“La muerte violenta de mujeres por razones de género constituye la forma más grave
de violencia contra las mujeres y pone a millones de mujeres, de todas las
edades, en una situación de desasosiego permanente”, subraya la Representante
Regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa.
“Los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea. Es lo que queremos fomentar con el Modelo de Protocolo”, añade.

Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables.

En  este sentido, la Directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Moni Pizani, señala que “la redacción del Modelo de Protocolo se enmarca dentro de la estrategia global de lucha contra la impunidad en casos de violaciones de los derechos de las mujeres por parte de ACNUDH y ONU Mujeres”. La responsable de ONU Mujeres especifica que “se trata de un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policías directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”.

En el proceso de revisión y validación del Modelo de Protocolo participarán magistrados y magistaradas, jueces y juezas, policías, forenses, abogados y abogadas, académicos y académicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Asistirán también representantes de entidades regionales e iberoamericanas.

Tiene como objetivo recoger las experiencias y recomendaciones de las personas involucradas en la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca así garantizar la utilidad y la aplicación del Modelo de Protocolo como herramienta de lucha contra la impunidad.

 Contactos  para medios:

Para  solicitudes de prensa sobre femicidio/feminicidio contactar a:

-Tilcia  Delgado,  Oficina Regional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a tdelgado@ohchr.org o llamar al (+507) 302-4567 o al (+507)
6671-3569.

-Caterina  de Tena, Responsable de Comunicación de ONU Mujeres para las Américas y El
Caribe, al correo caterina.detena@unwomen.org

 

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Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá

La Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos presentó  el Diagnóstico sobre  la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá.

El estudio permite disponer de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y  puede ser de utilidad  para trazar líneas estratégicas y acciones concretas para garantizar la efectiva realización de los derechos de los bribris, los emberá, los buglés, los ngäbe, los naso y los wounaan. Se abordan temas como: tierras, territorios y recursos, libre determinación, justicia, participación política, educación, salud e igualdad y no discriminación.

El documento recoge el reconocimiento y protección jurídica de las tierras y territorios que el Estado panameño ha otorgado a los pueblos indígenas a través de la creación de las Comarcas.  Además, muestra el esfuerzo del gobierno por dar protección jurídica a los territorios  de los pueblos indígenas que no están dentro de los límites territoriales de las comarcas, a través de la Ley 72 de 2008 sobre Tierras Colectivas.

Sin embargo, la titulación no ha logrado ser una medida eficaz para evitar las invasiones a los territorios indígenas y las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

En este sentido, los Órganos de Tratados de derechos humano, han expresado su preocupación ante la falta de consulta con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas ante decisions administrativas o legislativas que puedan afectarles. Los mecanismos de derechos humanos, así como los pueblos indígenas exhortan al gobierno a  celebrar consultas de buena fe ante cualquier proyecto que afecte sus tierras,  territorios  y otros recursos, señaló la señora Carmen Rosa Villa, Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sobre el derecho a la libre determinación,  el estudio plantea la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar su plena autonomía. Por ello es necesario consolidar e implementar políticas en favor de los derechos de los pueblos  indígenas que sean coherentes con los estándares internacionales.

En el ámbito de la justicia, el Diagnóstico destaca los avances del nuevo Código Procesal
Penal de 2008, que reconoce la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas y establece normas de coordinación entre el sistema nacional de justicia y el sistema de justicia tradicional. Pese a los avances,  el Diagnóstico manifiesta que deben
reforzarse la capacitación y asesoramiento a los letrados y proveer la debida interpretación en los idiomas indígenas en los procesos judiciales.

En cuanto al derecho a la participación política, a pesar de representar el 12% de la población total del país, la representación parlamentaria indígena es escasa, y más reducida aún es la representación de la mujer indígena. De los 12 congresos generales, máximos órgano tradicional indígena, solamente una mujer ocupa el cargo de cacica general.

En el ámbito de la educación, la aprobación de la Ley 88 de 2010, que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas y dicta normas para la educación intercultural bilingüe, ha constituido un avance legislativo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero es necesario  intensificar la puesta en marcha de medidas afirmativas que reduzcan la brecha existente en el acceso a la educación entre la población indígena y la población no indígena tanto en la educación básica como la educación superior.

Los  hallazgos del diagnóstico en materia de salud constatan las numerosas iniciativas del Ministerio de Salud y la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas para garantizar un servicio de salud de calidad en armonía con la cosmovisión de los pueblos indígenas y sus prácticas tradicionales. Sin embargo,  los órganos de tratados de derechos humanos han enfatizado la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso en las áreas rurales y de difícil acceso, así como reducer  la tasa de  muertes maternas en las áreas
indígenas, indicó la señora Villa.

El último de los temas que aborda el Diagnóstico, es el derecho a la igualdad y a
la no discriminación.  La  participación decidida y activa del/la representante indígena en la Comisión contra la Discriminación Racial es crucial para el logro, en el futuro, un plan nacional contra la discriminación. El documento destaca la existencia en la Defensoría del Pueblo de la unidad especializada de asuntos indígenas, la cual requiere de un mayor apoyo en  recursos humanos y herramientas de gestión.

Con  el objetivo de combatir la discriminación racial y étnica, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado vienen desarrollando un protocolo de actuación para la atención de los casos de discriminación racial y étnica que  permita a la institución tomar acciones concretas para erradicar la discriminación, destacó la señora Villa.

FIN

Para  solicitudes de prensa contactar a Tilcia Delgado al 302-4567/ 6671-3569 o
escribir a tdelgado@ohchr.org.

Para consultar el  Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá visite: http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/PANAMÁ.pdf

 

 

 

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Culmina misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Nicaragua

La   misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) finalizó el jueves 29 de agosto  su visita a Nicaragua.

El Canciller nicaragüense Samuel Santos expresó la voluntad del Gobierno de “profundizar el diálogo para el intercambio de mejores prácticas, apoyo a la promoción y protección de los  derechos humanos, fomento de la cooperación, asistencia técnica y  fortalecimiento de las capacidades nacionales, siempre en materia de derechos
humanos
”.

La misión del Alto Comisionado estuvo  liderada por Gianni Magazzeni, Jefe de Servicio de América, Europa y Asia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Francesco Notti, Representante Adjunto de la Oficina Regional para América Central.  Los representantes de ACNUDH se reunieron  con funcionarios de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  y la Comisión Gubernamental para el Examen Periódico Universal (EPU), creada por el Ejecutivo.

La misión también se reunió con diversas organizaciones de las sociedad civil. El Alto Comisionado busca apoyar a  Nicaragua en una serie de áreas de cara  a sus compromisos internacionales y   a  la preparación del  segundo ciclo del EPU.

El EPU es un mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Nicaragua fue examinada en el 2010.

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Familias y ONG que luchan por los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas necesitan apoyo y protección, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (29 de agosto de 2013) –Las familias y los grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las víctimas de desaparición forzada tienen que ser protegidos contra amenazas y represalias y apoyados en su trabajo, afirmaron un grupo de expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas en un llamado conjunto por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto*.

“Las familias de los desaparecidos y las organizaciones no gubernamentales son a veces la única voz en sus países que piden la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y destacan tanto a nivel nacional como internacional la difícil situación de los desaparecidos”, dijeron los expertos del Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

“Debido a su papel fundamental, muchos de ellos son vulnerables a intimidaciones y enfrentan obstáculos en su lucha para prevenir y combatir las desapariciones forzadas”, agregaron.

Este testimonio de un grupo de familiares que trabaja para esclarecer lo que le sucedió a sus seres queridos destaca los riesgos: “Poco después de haber presentado nuestros casos al Grupo de Trabajo, los policías comenzaron a visitar nuestros hogares preguntándonos por qué habíamos ‘demandando’ al Gobierno”.

“Hacemos un llamado a los Estados a que adopten o refuercen las medidas para proteger a las familias y a los grupos de la sociedad civil que trabajan en cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, y para prevenir y sancionar cualquier acto de intimidación, persecución o represalia”, dijeron los  expertos.

La reducción de las donaciones también dificulta la labor de algunas ONG y asociaciones de familias que luchan por la justicia y brindan apoyo a los  familiares de los desaparecidos.

El Comité y el Grupo de Trabajo afirmaron: “Nos preocupa que algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema se enfrentan a graves dificultades en la realización de sus actividades y que otras están  luchando por sobrevivir debido al debilitamiento del apoyo que reciben, incluido el apoyo económico.”

La falta de fondos puede ser devastadora, especialmente para las ONG locales que intentan brindar apoyo a las familias. “A veces tenemos que viajar varios días para llegar a los hogares de las  familias de las víctimas de desaparición forzada que han sido hostigadas. El
transporte y las comunicaciones son muy costosos. Si no podemos estar en
contacto con las familias, ¿cómo podemos protegerlas?”, dijo un grupo de la
sociedad civil.
“Hoy una vez más rendimos homenaje a los familiares, las organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas mujeres y hombres que trabajan sin descanso por los derechos de las víctimas de desaparición forzada y para erradicar esta práctica  atroz”, dijeron los miembros del Grupo de Trabajo y del Comité.

“Hacemos un llamado a los Estados y a los donantes a renovar su compromiso con
la lucha contra las desapariciones forzadas, en particular proporcionado un apoyo adecuado a estos individuos y grupos que desempeñan un rol clave y que
trabajan tan duro y con tanta valentía”, concluyeron.

FIN

Vea a los expertos en el canal de la ONU Derechos Humanos en YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=qD_nE5xNoN4&feature=share&list=UU3L8u5qG07djPUwWo6VQVLA
*El 30 de agosto ha sido declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por las Naciones Unidas y fue observado por primera vez en 2011: http://www.un.org/es/events/disappearancesday/index.shtml

El Comité contra las Desapariciones Forzadas es un órgano compuesto por 10 expertos internacionales independientes que supervisa la implementación por los Estados partes de la Convención Internacional para la protección de todas las  personas contra las desapariciones forzadas. La Convención entró en vigor en diciembre de 2010. El Presidente del Comité es el Sr. Emmanuel Decaux (Francia), y los otros miembros expertos son el Sr. Mohammed Al-Obaidi (Irak),  el Sr. Mamadou Badio Camara (Senegal), el Sr. Santiago Corcuera (México), el Sr. Alvaro Garcé García y Santos (Uruguay), el Sr. Luciano Hazan (Argentina), el Sr. Rainer Huhle (Alemania), la Sra. Suela Janina (Albania), el Sr. Juan  Josè López Ortega (España) y el Sr. Kimio Yakushiji (Japón).

Para más información sobre el Comité visite:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias fue establecido en 1980 para asistir a las familias en la determinación del destino y paradero de sus familiares desaparecidos. Trabaja en estrecha colaboración con los Gobiernos para asegurar que los casos individuales sean investigados. El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco  expertos independientes, continúa conociendo los casos hasta que se resuelven.  Hasta la fecha ha examinado alrededor de 55.000 casos, de los cuales unos 10.000 han sido resueltos. El Grupo de Trabajo está compuesto de cinco expertos independientes provenientes de todas las regiones del mundo. El
Presidente-Relator es el Sr. Olivier de Frouville (Francia) y el Vice-Presidente-Relator es el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano). Los demás miembros  son el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y  Herzegovina) y el Sr. Jeremy Sarkin (Sudáfrica).

Para más información sobre el Grupo de Trabajo, visite:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx

Para cualquier información sobre el Comité, sírvase contactar a:

Maria Giovanna Bianchi (+41 22 917 9189/ mgbianchi@ohchr.org)

Para cualquier información sobre el Grupo de Trabajo, sírvase contactar a:

Michelle Erazo (+41 22 917 94 49 / wgeid@ohchr.org)

Para cualquier solicitud de medios, sírvase contactar a:

Liz Throssell, Media Officer – UN Human Rights Office (+41 22 917 9434 or +41
79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org)

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Vea el Índice Universal de los Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/es/

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