Traducción no oficial
GINEBRA − El experto de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, instó el jueves a los ministros reunidos en Davos esta semana en el Foro Económico Mundial a reconocer la relación entre la globalización y los derechos humanos, indicando que "la globalización debería estar al servicio de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, en lugar de ser un proceso que ignore su impacto en las personas afectadas".
"Aprovechando que se están buscando nuevas estrategias para relanzar y expandir la economía global, las normas de derechos humanos deben dar un nuevo rumbo a la globalización”, exhortó De Schutter.
En relación al tema de la reunión de este año en Davos, "La gran transformación", De Schutter señaló que la verdadera transformación debe ir más allá de corregir los desequilibrios del mundo desarrollado entre la deuda y el PIB.
"Tenemos que prestar atención a los desequilibrios mayores, que son los síntomas de la globalización sin límites. En todo el mundo, la gente ha caído en desgracia con procesos económicos que llevan a regiones enteras a la degradación o el abandono y atrapan a grupos de poblaciones enteras en una pobreza perpetua", añadió De Schutter.
"El comercio bilateral y los acuerdos de inversión son la puerta de entrada por la que la globalización avanza hacia la redefinición del panorama económico de un país. A menudo, estos acuerdos ponen en marcha un proceso de restructuración que sacude los cimientos de una economía". Estos acuerdos bilaterales aumentan rápidamente, y actualmente existen 6.000 acuerdos de inversión en vigor.
“Los gobiernos de los Estados soberanos deben someter cualquier acuerdo que tengan sobre la mesa a una ‘prueba de derechos humanos’, en forma de evaluación de impacto en los derechos humanos, con el fin de cumplir con las obligaciones que tienen con sus ciudadanos", subrayó el experto independiente.
"Una evaluación sobre el impacto en derechos humanos (EIDH) no consiste únicamente en la medición de la sostenibilidad medioambiental o el impacto de un acuerdo sobre los avances hacia objetivos de desarrollo específicos. Consiste en la protección de los derechos inalienables de todas y cada una de las personas ante las cambiantes condiciones económicas", dijo De Schutter.
"Los Estados tienen el deber de respetar los derechos humanos, tales como el derecho a la alimentación, y de regular a los actores privados para asegurar que no se vulneren esos derechos. Los Estados, por tanto, no deben comprometerse con ofertas que mermen su capacidad de cumplir con los compromisos de derechos humanos, ni forzar a otros estados a este tipo de acuerdos, independientemente de las concesiones que las otras partes estén dispuestas a hacer para poder asegurar el acceso a los mercados de exportación o atraer inversionistas".
Los Estados deben garantizar que los derechos humanos están realmente protegidos en el ámbito de los acuerdos comerciales y de inversión, estableciendo condiciones para asegurar la integridad y la transparencia de los acuerdos, y asegurar que se tenga en cuenta la situación de los sectores más vulnerables de la población. También deben identificar cómo hacer frente a los puntos de conflicto cuando ciertos grupos ganen y otros pierdan como resultado de los acuerdos.
Para apoyar estos esfuerzos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, en su sesión de marzo de 2012, un conjunto de principios rectores para la realización de evaluaciones sobre el impacto en derechos humanos de acuerdos comerciales e inversiones.
Una evaluación sobre el impacto en derechos humanos, por ejemplo, debería servir para apoyar la evaluación, por parte del Parlamento Europeo, del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la India y la Comisión Europea, cuyas negociaciones están finalizando. Algunas estimaciones sugieren que la liberalización de aranceles alentada por el proyecto de tratado en los sectores lácteo y avícola podría poner en peligro la subsistencia de 14 millones de hogares muy pobres en la India, la mitad de ellos sin tierra, que dependen de la producción de leche, y que los agricultores marginales que complementan sus medios de subsistencia con avicultura de patio también podrían verse seriamente afectados por el aumento de las importaciones de carne avícola de la Unión Europea. Los pequeños vendedores callejeros −10 millones de personas en total− podrían verse afectados por la liberalización de la inversión en el sector minorista, también como resultado de este proyecto de tratado.
"Las consecuencias sociales de la liberalización del comercio y la inversión tienen un impacto directo en el derecho a la alimentación", señaló De Schutter. "La metodología que propongo en los principios rectores es una manera de asegurarse de que los gobiernos no descuiden sus obligaciones de derechos humanos en la negociación de tales acuerdos”.
Olivier De Schutter fue nombrado Relator Especial sobre el derecho a la alimentación en mayo de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es independiente de cualquier gobierno u organización.
El Relator Especial presentará los "Principios Rectores de evaluaciones sobre el impacto en derechos humanos de acuerdos comerciales y de inversión" en la 19ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (del 27 febrero al 23 marzo de 2012): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/19session/
Para más información sobre el mandato y la labor del Relator Especial, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx o http://www.srfood.org
Para más información o preguntas a los medios, por favor, póngase en contacto con Yoonie Kim o Ulrik Halsteen: (+41 22 917 9643 / 9323 o srfood@ohchr.org).
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